No nos digamos mentiras, con el nivel de ingresos que tiene el 90% de los municipios y departamentos es imposible que los alcaldes y gobernadores cumplan sus obligaciones y puedan invertir en superar las vulnerabilidades sociales y territoriales de nuestro país. La corriente centralista que ha reinado durante 30 años en este país ha arrinconado a los municipios y departamentos y los ha obligado a depender de inversiones milagrosas de algún ministerio o de proyectos nacionales en sus territorios a cambio de apoyos políticos al gobierno nacional de turno.
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Colombia es uno de los países más desiguales del mundo a nivel de ingresos y esta desigualdad se evidencia en la segregación territorial que vemos día a día. En 200 municipios está concentrado el 80% del PIB de Colombia, el recaudo entre los municipios que pertenecen al sistema de ciudades y los que no difiere enormemente, las divergencias entre los municipios rurales y menos densos con las ciudades más grandes son gigantes y las disparidades departamentales asociadas a la localización de empresas, empleo y productividad son abrumadoras.
Una cosa es que seamos un país heterogéneo y de regiones y otra un país que dejó a su suerte a más de 900 municipios. Es verdad que los retos de la descentralización son enormes, pero hay que decirlo claro, es necesario que los departamentos y los municipios tengan más recursos. Del 100% de los ingresos e impuestos que se recaudan en este país cerca del 20% se queda en los entes territoriales. Hay que distribuir mucho mejor la torta. Me explico:
Iniciemos por lo obvio. Es ineficaz que el gobierno nacional invierta recursos en proyectos que fácilmente puede ejecutar un municipio o una gobernación. ¿Qué hace el DPS financiando vías terciarias? ¿Qué hace el Ministerio del Interior financiando tejas o ladrillos para centros de salud? La experiencia internacional permite afirmar que hay mayor eficiencia y efectividad en los proyectos de alcance local cuando los recursos públicos son invertidos por gobiernos subnacionales.
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Las entidades territoriales no necesitan una reforma tributaria per se, necesitan que el gobierno deje de asumir compromisos y ejecutar recursos que fácilmente podrían administrar ellos mismos. Es momento que la Nación acepte que debe distribuir mejor sus ingresos. Hay dos necesidades apremiantes, por un lado, incrementar la bolsa del Sistema General de Participaciones (SGP), y por otro, crear un mecanismo financiero orientado al cierre de brechas regionales, en especial, las brechas inter-municipales y regionales.
Desde el año 2002 las transferencias del SGP han venido perdiendo fuerza. En 2002 el SGP pesaba el 42% de todos los ingresos corrientes del país y el año pasado llegó a representar el 22%. Es verdad que los niveles que vimos en la década del noventa eran insostenibles, pero también es verdad que lo que estamos viendo hoy resulta insostenible para resolver las necesidades locales y regionales. La reducción es dramática, la bolsa del SGP equivale en la actualidad al 3% del PIB, hace 20 años ascendía al 5%.
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Para poder afrontar los desafíos actuales el SGP debe representar al menos el 30% de los Ingresos Corrientes de la Nación, esto supone un incremento mínimo de $8 billones de pesos que recibirían las regiones y que dejaría de gastar la Nación.
Cerrar las brechas regionales es tarea fundamental. Desde hace muchos años se habla de crear un fondo de convergencia regional compuesto por impuestos nacionales y administrado principalmente por los departamentos para que estos puedan invertir en proyectos que mejoren la productividad, la conectividad, el empleo y la calidad de vida en las regiones. Este fondo permitiría aumentar la capacidad fiscal, la autonomía regional y sería un habilitador para el desarrollo de nuestro país.
De acuerdo con investigaciones del Banco de la República, la brecha fiscal de los departamentos asciende a un poco más de $16 billones de pesos. Parte de esta brecha hoy se cubre con los recursos de regalías y con recursos de cofinanciación. El faltante debe asumirlo este fondo de convergencia y nivelación regional que para empezar no debe ser menor a $7 billones de pesos que es lo que representa las bolsas de proyectos regionales en el presupuesto anualizado de regalías.
Estaríamos hablando de $15 billones que pasarían a ser ejecutados por los gobiernos subnacionales. Este valor representa el 1% del PIB y podría materializarse con una cesión de cerca el 20% del IVA la cual podría hacerse de forma escalonada anualmente. Los proyectos locales y regionales deben ejecutarse por los municipios y departamentos no por entidades nacionales. Es mucho lo que se ha escrito de este tema y poco lo que se ha hecho.
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