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Trascurridos tres meses de iniciar el mandato de la alcaldesa López, la pandemia definió su gestión. Esto hace imposible hacer una evaluación de su gobierno entre un antes y un después del COVID-19. En últimas, sus primeros meses de gobierno tan solo respondían a la inercia de una administración recientemente clausurada. Terminado el confinamiento, el regreso a la nueva normalidad permite evaluar en tiempo real la capacidad de respuesta del gobierno distrital a los desafíos ordinarios de la ciudad y a aquellos sobrevinientes del COVID-19. Y el resultado no es bueno.
La pandemia enfrentó a los gobernantes del mundo a escoger entre dos posibles escenarios estratégicos. El primero, relacionado con la convicción de que tarde que temprano una nueva normalidad integraría desafíos cotidianos, con nuevos derivados de los impactos económicos, sociales y de salud pública de la enfermedad. El segundo, definido por una visión apocalíptica, en la cual lo importante era lo urgente, dejando de lado lo ordinario, dada la imposibilidad de definir el cuándo y el cómo del regreso a la vida ordinaria.
El gobierno de Bogotá optó por el segundo, dando origen a condiciones propicias para un regreso a la normalidad más conflictivo de lo que la ciudad demanda para su recuperación emocional y la reactivación de su fuerza motora de desarrollo económico y social. El tema más referido en ese sentido es el de la seguridad. El aumento de los homicidios, el crimen con violencia y la apropiación del espacio público por criminales son las columnas vertebrales del malestar ciudadano.
Ejemplo de esto es la acción de la comunidad de Kennedy ante el Consejo de Estado, por cuenta de la desprotección a la que ha sido sometida. Prueba de lo anterior la ofrecen los retos que los ciudadanos enfrentan en su regreso al espacio público para el desarrollo de sus actividades cotidianas. De acuerdo con la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana del DANE, en Bogotá el 86,9% de los encuestados indicaron sentirse inseguros en el espacio público, el 77,8% en la ciudad y el 36,2% considera que puede ser víctima de un delito en los próximos 12 meses.
Lo interesante de estos resultados no es la reafirmación de la sensación de inseguridad, sino que 2021 no es el peor resultado en tres años en esas preguntas. Esto permite señalar que el mal ambiente en el que los habitantes y visitantes de Bogotá desarrollan su vida cotidiana supera los asuntos estrictamente relacionados con la seguridad. En ese sentido la experiencia personal del uso del espacio público permite poner algunos de los numerosos ejemplos que han acentuado el deterioro del entorno y de las relaciones entre ciudadanos e instituciones.
En el campo de la movilidad el caos es generalizado. La disminución precoz de las vías, el poco mantenimiento vial, la falta de regulación del tráfico y el control de parqueo son problemas estructurales. Un ejemplo es el barrio Gaitán —localidad Barrios Unidos—, donde la ley del más fuerte amenaza no solo el patrimonio de los comerciantes sino la seguridad y la convivencia de sus habitantes y visitantes.
Otro caso es la vía que conduce de Bogotá al municipio de la Calera. Ejemplo modelo de un problema malentendido y peor atendido, donde el riesgo de vida para peatones, ciclistas y conductores aumenta por obstáculos impuestos por las mismas autoridades. En lo que concierne al espacio público, cada esquina de la ciudad es un centro potencial de acopio, selección y aprovechamiento de desechos. Privatización de facto del espacio público que obstaculiza la movilidad de los peatones y crea escenarios para el crimen, entre otras cosas.
También la apropiación de espacios verdes justificada en la reivindicación de demandas de grupos particulares. Los parques Mundo en Kennedy y Nacional en Chapinero son ejemplos tangibles de mafias que escondidas en causas justas, destruyen la prevalencia del interés general.
Predios bajo responsabilidad del IDU abandonados y tomados para el consumo de drogas o el refugio de delincuentes; destrucción de bienes públicos, malla vial y pintadas en edificios de toda la ciudad sin regulación. Fortalecimiento del transporte informal, presión de tierreros, entre otros, son algunos ejemplos de la renuncia tácita a generar orden urbano.
De acuerdo con la Real Academia de la Lengua el verbo gobernar se relaciona con otros como mandar, regir, dirigir, guiar, componer y arreglar. La simpleza del idioma permite indicar que el orden es la base de un gobierno para generar un ambiente que propicie el desarrollo individual y la promoción del beneficio general. Quien entiende que gobernar es ordenar demuestra haber dejado atrás la candidez electorera, para asumir las responsabilidades y costos que conllevan liderar una sociedad.