Opinión: Distritos del crimen

Vienen aumentando los pedidos de auxilio de ciudadanos en las redes sociales relacionados con los casos en los que las víctimas de hurto son conminadas a presentarse en un lugar de la ciudad para negociar la devolución de los objetos robados.

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El hurto, que deriva en extorsión puede ser resultado de la incapacidad de comercializar lo robado o de una nueva modalidad extorsiva. Se ejecuta capturando las redes de mensajería del afectado para ofrecer su devolución a cambio de un pago que oscila entre el esperado por su venta ilícita y lo que determine la necesidad de la víctima.

El lugar para el desarrollo de esta extorsión coincide siempre con sectores que por años han sido epicentro de la receptación y comercialización de artículos robados, en un mercado negro que en realidad es resplandeciente.

Estos “distritos del crimen” son núcleos tradicionales del delito con los que autoridades y ciudadanos aprendimos a convivir en una suerte de adormecimiento que ha evolucionado en irreflexión: denunciamos estar cansados del crimen, mientras convivimos con sus centros de coordinación, ataque y monetización.

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Las áreas de prevalencia criminal no son nuevas en la ciudad. A lo largo de la historia se han superpuesto sobre la ciudad legal y han sido el nido de poderosas estructuras criminales. Un ejemplo de esto fue la dominancia en la década de los 90 del Bloque Centauros de las AUC sobre el San Andresito de la 38, epicentro de contrabando, lavado de activos y un amplio abanico de conductas delictivas.

Lo que sí es nuevo es la ausencia de actuaciones de asedio sostenido contra estos centros de comando y control del crimen. Operaciones para golpear logística, económica y estructuralmente a la delincuencia mientras se protege a los ciudadanos del constreñimiento criminal, como las realizadas por la Policía Nacional con la estrategia Corazón Verde.

El debilitamiento exitoso de la delincuencia y el crimen es un proceso complejo y extendido en el tiempo. No existe una vara mágica ni un individuo que en un par de actuaciones recupere el espacio urbano y la sociedad para el gozo de los ciudadanos respetuosos de la ley.

Por tal razón, las autoridades civiles, policiales y judiciales deben desarrollar de forma simultánea, integrada y coordinada estrategias de prevención, desarticulación, judicialización y resocialización-reintegración, dirigidas a reducir la capacidad de las organizaciones delincuenciales de ejercer el crimen y cerrar espacios para su resiliencia.

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Aunque todas las anteriores son acciones que afectan a los delincuentes en diferentes momentos de la cadena criminal –al debilitar su logística, su personal y redes de apoyo, sus ganancias y su poder de someter a la ciudad y los ciudadanos–, hay un factor transversal que las integra: la geografía del crimen. Para explicar esto solo hay que volver sobre el testimonio de víctimas del delito cuando señalan desoladas que los entornos a los que son conducidos por los ladrones extorsionistas cuentan con presencia de autoridades, servicios institucionales, economías lícitas y una articulación estrecha con la vida de ciudad. El crimen ya no se oculta en la sombra o en territorios inaccesibles.

Dado lo anterior, para conseguir resultados creíbles, con impacto y sostenibles es necesario que la administración distrital en sus últimos diez meses ponga en marcha una estrategia que integre la capacidad de la Secretaría de Seguridad, la Policía Metropolitana y la Seccional de la Fiscalía General de la Nación para debilitar el crimen de la ciudad con base en el criterio geográfico.

En tal sentido, la acción más urgente es la delimitación geográfica de los mercados ilegales de todo tipo para lanzar operaciones sostenidas dirigidas a rodear los emplazamientos criminales, bloqueando la entrada y salida de criminales, proteger las víctimas y restringir el flujo de consumidores de bienes hurtados.

Un bloqueo con base en anillos de vigilancia, inteligencia e investigación criminal y situacional, que se dedique a romper las relaciones de connivencia entre criminales y algunas autoridades, fragmentar la cadena criminal, obstaculizar la recomposición de los circuitos criminales y reconocer los claves del contexto que debe transformarse para la prevención del crimen del futuro.

Todos los anteriores, con miras a ofrecer tres resultados fundamentales para disminuir el impacto de la delincuencia en la ciudad: debilitamiento económico del crimen, ruptura de redes de apoyo y judicialización efectiva de redes criminales. Asimismo, a aumentar el resarcimiento material y judicial de las víctimas.

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Esto también permitiría emitir alertas tempranas sobre riesgos a los ciudadanos y definir una base para la evaluación de la lucha contra el delito, claves para frenar la creciente voz a voz sobre una delincuencia que supera a las autoridades. Una visión que empodera a los criminales, mientras mina la legitimidad y credibilidad en las instituciones.

La derrota del régimen criminal en consolidación es el gran desafío que enfrentarán los próximos alcaldes. Su éxito dependerá de demostrarle a los ciudadanos que las aventuras criminales tienen poca probabilidad de concretarse y ningún espacio seguro en la ciudad para desarrollarse.

Lograrlo requiere mejorar la gestión y presentación del espacio público, recuperar el control y la administración de la geografía de la ciudad, y reinstaurar la supremacía del imperio de la ley sobre la voluntad de los criminales.

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