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En este periodo de elecciones locales que se avecina, uno de los temas que sin duda va a estar en discusión será el de seguridad en Bogotá. La tradicional posición al respecto ha versado sobre la necesidad de contar con mayor cantidad de policías en correlación con el número
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Esto sustentado en la percepción de inseguridad tan alta en donde, según Bogotá Cómo Vamos (2021) el 88 % de la ciudadanía se siente inseguro, y el aumento real de la inseguridad que, según cifras de la Fiscalía, ha llegado a 5.681 noticias criminales en 2022 por cada 100.000 habitantes frente a 4.671 en 2021 (Corporación Excelencia en la Justicia, 2022).
Ahora bien, ¿estas medidas tradicionales tomadas realmente han tenido efectos sustanciales en mejorar la situación de seguridad de la ciudadanía o están atadas a concepciones politiqueras que abusan de la emocionalidad que atraviesa este tema para reciclar propuestas ya reevaluadas académicamente y ganar votos con ello? Les propongo evaluar otras consideraciones para que se tengan más herramientas a la hora de dialogar con las nuevas candidaturas que se vayan a presentar.
Lo primero es que hay tres conceptos que deberían poderse atar de manera sustancial para poder tener una comprensión amplia y compleja de la situación: seguridad, convivencia y política criminal, siendo que los tres nos hablan de la confianza pública y los procesos éticos de una sociedad y se convierten en faros para el establecimiento de proyectos y medidas de diferente índole.
Pero esta interrelación debe iniciar por entender a estos conceptos con base en las comprensiones constitucionales y los avances que en materia de Derechos Humanos hemos tenido y también en las limitaciones que desde la Constitución Política de 1991 como un Estado Social de Derecho se establecen.
Cuando nos sentimos inseguros socialmente hablamos de la inestabilidad y la poca certeza que tenemos frente a que el otro me pueda ocasionar o no un daño (IPES, 1998) y desde la concepción tradicional se acude a la protección por protección y se limita a la lucha contra la delincuencia enmarcada en una figura representativa como el policía, herencia de las comprensiones de seguridad militarista de nuestra historia latinoamericana: el enemigo interno, es decir, hay que establecer un rostro de la maldad.
Pero es imposible poner un policía o una cámara por cada ciudadano, y si lo hacemos (perjudicando por ejemplo todo lo relacionado con los derechos de intimidad) igualmente esas figuras están sujetas a las mismas dinámicas de corrupción en la que está toda la sociedad.
En un punto ciego de esas figuras protectoras en la idea no queda más que la vulnerabilidad compartida en la realidad, esto es la convivencia, como la integración y relacionamiento entre los individuos enmarcados en un territorio (Páramo, 2019), desde los comportamientos, rasgos y diversidades que nos hacen ser quienes somos pero que permita no tener que estar mirando todo el tiempo para atrás, con el fin de verificar que no saldremos lastimados.
Y esto no es renovar la propuesta de articulación de grupos ciudadanos de limpieza o Convivir para defendernos de los “monstruos” criminales. Esto habla de: primero, lo delicado que es pensarse esta triada al azar y desde la falacia argumentativa y politiquera que muchas veces nos venden.
Lo segundo, la importancia de innovar y reconocer las iniciativas comunitarias y estatales que apuestan por otras consideraciones, trayendo nuevos enfoques como la comprensión de vulnerabilidades diferenciales, las sensaciones de amenazas alimentadas con las estigmatizaciones culturales y las exigencias punitivas inmediatas mediáticas, la necesidad de que seguridad y justicia estén articuladas y de establecer al conflicto como centro de atención y acompañamiento primario para la prevención de un sinnúmero de problemáticas (BID, 2018).
También es sustancial entender que si este es un problema estructural social requiere tener como actor protagónico al que vive en carne propia el problema en su cotidianidad: la sociedad. No puede seguir siendo un asunto definido institucional y representativamente de manera exclusiva, sino que, en el marco del principio constitucional de la democracia participativa, el Estado debe actuar como el facilitador de un debate social de amplia gama, pendiente y que se acumula a diario.
En ese marco de nuevas comprensiones, el Centro de Pensamiento Pospenados le propone a la ciudadanía bogotana poder discutir de manera específica sobre el concepto y el proceso de resocialización como un elemento fundamental para poder entender esta triada (seguridad, convivencia, política criminal) en Bogotá con cuatro entregas más, que presentarán una síntesis de los desarrollos académicos, investigativos y políticos en relación y de la necesidad de que se articulen los enfoques y los trabajos tanto individuales como colectivos en esto a partir de los ítems de capacidad de agencia y responsabilidad, el foco de trabajo puesto en la población victimaria para la prevención de la ocurrencia de nuevos delitos, la comprensión de una política pública que va mucho más allá de una regulación normativa y la urgencia de involucrar a la sociedad en estos procesos para la reconstrucción de un tejido social que está tan maltrecho como el nuestro.
***Sobre la autora:
Edna Carolina Camelo Salcedo
Coordinadora Centro de Pensamiento Pospenados
Universidad Nacional de Colombia
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