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El 74,36% de la población colombiana vive en las ciudades. De acuerdo con las proyecciones de población elaboradas por el DANE, la población de las ciudades capitales para el 2023 era de 24.293.807, representando un 47% de la población nacional de 52.215.503. De la población total de las ciudades capitales, el 94% se concentra en sus cabeceras municipales según lo advierte Asocapitales.
La Bogotá de hoy, fundada el agosto 6 de 1538 por Gonzalo Jiménez de Quesada en nombre del rey Carlos V de España para lo que instauró un campamento militar que llamara Nuestra Señora de la Esperanza en el sitio que se conoce hoy como el Chorro de Quevedo, es muy distinta a la inicial Bacatá -campo de labranza-.
Desde entonces han pasado algo más de 486 años. De los primeros cuatro barrios de la urbe -Santa Bárbara, San Victorino, Las Nieves y La Catedral- pasamos a tener 1922, agrupados en 20 localidades, salvo en la de Sumapaz que se organiza en veredas y no por barrios.
De los 96.606 habitantes que se tenía en 1900 ocupando un área de 260 hectáreas pasamos a tener según la última proyección 7.907.281 pobladores, de los cuales 7.875.957 (99,60%) se hallan ubicados en la cabecera municipal y 31.324 (0,40%) en los centros poblados y rural disperso en un área de 163.635 hectáreas.
Durante cerca de cinco siglos, con aciertos y muchos desaciertos, se construyó la hoy capital de 52.215.503 de colombianos a quienes sus autoridades nacionales y locales están en el deber de generarles oportunamente las debidas condiciones de desarrollo y progreso para lo que es vital asegurarles, entre otras, la estructura vial y de transporte público que les permita una movilidad y competitividad efectiva, la de servicios públicos eficientes, la de seguridad, etc.
El estado actual del río Bogotá y sus principales efluentes -ríos Salitre, Fucha y Tunjuelo- así como la de los humedales que, entre otros vitales usos, sirven de zonas de amortiguamiento de las corrientes de aguas que bajan de los cerros orientales y del cerro de la Conejera hacía el río Bogotá, ya no es el de antaño. Buena parte de estas zonas han sido ocupadas erráticamente con la construcción de viviendas, vías y demás infraestructura urbana durante el paso de los años sin considerar el impacto ambiental.
Lo propio no implica que debamos despreocuparnos del deber de proteger y restaurar lo que es susceptible de hacerse, por el contrario; pero tampoco sirve de argumento general y peregrino para frenar caprichosamente el avance y desarrollo de la ciudad. Es un imposible desescalar la ciudad, pero sí es posible corregir a futuro teniendo en cuenta ese impacto para hacer y no para obstaculizar su consolidación y desarrollo.
La construcción y operación de las líneas del metro, del Regiotram, de las vías internas y de acceso y salida, de los embalses, de la infraestructura energética e hídrica, la propia para la gestión de residuos sólidos y líquidos, etc., son perentorias. Lo propio no se logra maniatando a la administración distrital como lo viene pretendiendo hacer -logrado parcialmente- el gobierno nacional vía reglamentación y desfinanciamiento de los proyectos distritales prioritarios o, incluso, no resolviendo con oportunidad las peticiones de Bogotá.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 14 de marzo de 2025 decretó una medida cautelar respecto de la pretendida expedición de una resolución por parte del Minambiente en la que so pretexto de fijar los lineamientos para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá pretendía bloquear con reglamentación la realización de los proyectos de infraestructura que requiere Bogotá y la Sabana a la cual pertenece; minando, adicional y arbitrariamente, su autonomía que en materia del uso del suelo y prestación de servicios públicos la Constitución le otorga. Por lo demás, esa providencia implica un claro y serio mensaje al ministerio para que cese en la idea de querer avanzar por ese errático sendero.
La argumentación del gobierno nacional es un sofisma y lejos está de procurar las medidas de protección y los correctivos requeridos en la Ciudad Capital, para salvaguardar los elementos de la Sabana de Bogotá a la luz de lo previsto en el artículo 61 de la Ley 99 de 1993.
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