Opinión: el Complejo Hospitalario San Juan de Dios en vilo por egos políticos

Al Complejo Hospitalario San Juan de Dios (CHSJD) también le quieren hacer conejo. Se conoció que el Gobierno de Gustavo Petro y la Alcaldía de Bogotá buscan un acuerdo para declarar la caducidad del contrato firmado para la reconstrucción y restauración de esta infraestructura hospitalaria. ¡Vuelve y juega! Los objetivos son impedir cualquier proyecto que sea ajeno a sus intereses políticos, sin importar los costos económicos y sociales que esto implica para la ciudad. A esto llegamos por la falta de celeridad en la Secretaría de Salud y en la Subred Centro Oriente porque no hubo capacidad de manejo para sacar adelante la licencia del proyecto ¿van a permitir que Bogotá pierda la oportunidad de invertir medio billón de pesos para mejorar el servicio de salud?

La recuperación del hospital ha estado rodeada por egos políticos y mentiras sobre la ejecución del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) y especialmente la demolición de la Torre Central. Parece que la única finalidad del presidente Gustavo Petro y su sector político es paralizar proyectos diseñados y estructurados en la administración de Enrique Peñalosa como ocurre con el CHSJD que beneficiará a más de 360.000 usuarios de las localidades de San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Santa Fe, Antonio Nariño, Los Mártires y La Candelaria.

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En 2002 la Ley 735 declaró el Hospital San Juan de Dios como Monumento Nacional reconociendo su valor histórico y social por sus servicios de salud y su aporte a la educación universitaria. En 2013 empezó la discusión de la recuperación y transformación del hospital. Durante la alcaldía de Gustavo Petro compraron los predios a la Gobernación de Cundinamarca y financiaron el PEMP elaborado por la Universidad Nacional y aprobado en la Resolución 995 de 2016 del Ministerio de Cultura.

En este instrumento la Torre Central quedó en nivel 3 (conservación contextual) lo que permite demolición, modificación, ampliación, consolidación, obra nueva, primeros auxilios, reconstrucción, reforzamiento estructural, remodelación y reparaciones locativas. Hay quienes argumentan que la decisión del PEMP estuvo sesgada, cuando el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural tiene diferentes entidades que permiten analizar y equilibrar las decisiones de intervención.

El PEMP establece que los 7 edificios de Conservación Contextual pueden ser reemplazados por obsolescencia como ocurre con la Torre Central que fue abandonada por más de 20 años, acelerando su deterioro. Un estudio de Universidad de los Andes afirma que este edificio no cumple con las normas de sismoresistencia y tiene un método de construcción de los años 50, que hoy está prohibido para usar en el sector salud, dado que no tiene altura de 4 metros en pisos generales y en áreas quirúrgicas de 8 metros, criterios necesarios para un hospital de alta complejidad. Actualmente, la Torre tiene entre 3 a 5 metros.

Las demandas interpuestas por el Petrismo para impedir la demolición de la Torre Central no tuvieron éxito. En enero de 2022 el Consejo de Estado negó medidas cautelares argumentando que las pruebas no eran válidas al no mostrar falta de motivación ni procesos irregulares en la expedición del PEMP ¿Cuál es el afán de echar para atrás los avances? Construir sobre lo construido por encima de egos políticos. En la administración de Enrique Peñalosa quedaron diseñados y abiertos los procesos contractuales que suscribió la Subred Centro Oriente en 2020 con una inversión de $507 mil millones y que se encuentran en ejecución. El proyecto está en fase de pre-construcción con un avance del 67.03% y para 2023 debe estar finalizada junto con el trámite de permisos ante entidades nacionales y licencias de construcción.

Sin embargo, la gestión de la secretaría de Salud ha sido insuficiente tardando más de dos años en tramitar la licencia de un proyecto que está financiado desde hace más de cuatro años gracias a la aprobación de vigencias futuras en el Concejo de Bogotá. Los cambios administrativos como la transferencia de la propiedad al Fondo Financiero Distrital de Salud tampoco debían limitar el avance del proyecto que busca mejorar el servicio de salud al contar con 46 consultorios, 27 especialidades, 7 salas de cirugía y 312 camas.

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El CHSJD debe estar listo para 2026, Bogotá no puede seguir sumida a intereses políticos que buscan imponer una forma de hacer las cosas. El presidente Gustavo Petro anunció que destinaría $86 mil millones para la recuperación de Casa Ibera y del Instituto Materno Infantil y los esfuerzos son bien recibidos cuando se trata de construir sobre lo construido. Permitamos que Bogotá recupere el San Juan de Dios necesario para impulsar el sector de la salud a nivel nacional. La historia muestra el valor que tiene el hospital para la educación y medicina colombiana, en sus áreas se dieron avances para la vacuna contra la malaria y la mejor forma de reconocer su valor es contando con una infraestructura que garantice servicios de calidad.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Al Complejo Hospitalario San Juan de Dios (CHSJD) también le quieren hacer conejo. Se conoció que el Gobierno de Gustavo Petro y la Alcaldía de Bogotá buscan un acuerdo para declarar la caducidad del contrato firmado para la reconstrucción y restauración de esta infraestructura hospitalaria. ¡Vuelve y juega! Los objetivos son impedir cualquier proyecto que sea ajeno a sus intereses políticos, sin importar los costos económicos y sociales que esto implica para la ciudad. A esto llegamos por la falta de celeridad en la Secretaría de Salud y en la Subred Centro Oriente porque no hubo capacidad de manejo para sacar adelante la licencia del proyecto ¿van a permitir que Bogotá pierda la oportunidad de invertir medio billón de pesos para mejorar el servicio de salud?

La recuperación del hospital ha estado rodeada por egos políticos y mentiras sobre la ejecución del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) y especialmente la demolición de la Torre Central. Parece que la única finalidad del presidente Gustavo Petro y su sector político es paralizar proyectos diseñados y estructurados en la administración de Enrique Peñalosa como ocurre con el CHSJD que beneficiará a más de 360.000 usuarios de las localidades de San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Santa Fe, Antonio Nariño, Los Mártires y La Candelaria.

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En 2002 la Ley 735 declaró el Hospital San Juan de Dios como Monumento Nacional reconociendo su valor histórico y social por sus servicios de salud y su aporte a la educación universitaria. En 2013 empezó la discusión de la recuperación y transformación del hospital. Durante la alcaldía de Gustavo Petro compraron los predios a la Gobernación de Cundinamarca y financiaron el PEMP elaborado por la Universidad Nacional y aprobado en la Resolución 995 de 2016 del Ministerio de Cultura.

En este instrumento la Torre Central quedó en nivel 3 (conservación contextual) lo que permite demolición, modificación, ampliación, consolidación, obra nueva, primeros auxilios, reconstrucción, reforzamiento estructural, remodelación y reparaciones locativas. Hay quienes argumentan que la decisión del PEMP estuvo sesgada, cuando el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural tiene diferentes entidades que permiten analizar y equilibrar las decisiones de intervención.

El PEMP establece que los 7 edificios de Conservación Contextual pueden ser reemplazados por obsolescencia como ocurre con la Torre Central que fue abandonada por más de 20 años, acelerando su deterioro. Un estudio de Universidad de los Andes afirma que este edificio no cumple con las normas de sismoresistencia y tiene un método de construcción de los años 50, que hoy está prohibido para usar en el sector salud, dado que no tiene altura de 4 metros en pisos generales y en áreas quirúrgicas de 8 metros, criterios necesarios para un hospital de alta complejidad. Actualmente, la Torre tiene entre 3 a 5 metros.

Las demandas interpuestas por el Petrismo para impedir la demolición de la Torre Central no tuvieron éxito. En enero de 2022 el Consejo de Estado negó medidas cautelares argumentando que las pruebas no eran válidas al no mostrar falta de motivación ni procesos irregulares en la expedición del PEMP ¿Cuál es el afán de echar para atrás los avances? Construir sobre lo construido por encima de egos políticos. En la administración de Enrique Peñalosa quedaron diseñados y abiertos los procesos contractuales que suscribió la Subred Centro Oriente en 2020 con una inversión de $507 mil millones y que se encuentran en ejecución. El proyecto está en fase de pre-construcción con un avance del 67.03% y para 2023 debe estar finalizada junto con el trámite de permisos ante entidades nacionales y licencias de construcción.

Sin embargo, la gestión de la secretaría de Salud ha sido insuficiente tardando más de dos años en tramitar la licencia de un proyecto que está financiado desde hace más de cuatro años gracias a la aprobación de vigencias futuras en el Concejo de Bogotá. Los cambios administrativos como la transferencia de la propiedad al Fondo Financiero Distrital de Salud tampoco debían limitar el avance del proyecto que busca mejorar el servicio de salud al contar con 46 consultorios, 27 especialidades, 7 salas de cirugía y 312 camas.

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