Opinión: el largo camino que aún nos falta para cumplirle a las víctimas

Esta semana, una vez más, se llevó a cabo la conmemoración del 9 de abril como el día en que Colombia reconoce, rinde homenaje, memoria y solidaridad a las víctimas del conflicto armado. Según las cifras del Registro Único, en el país hay más de 9.600.000 personas víctimas del conflicto y más de 8 millones de estas sufrieron de desplazamiento forzado y por supuesto, un número alto de ellas llegó a Bogotá. Llevamos varios años buscando los caminos para poder garantizarles sus derechos a la justicia, verdad, no repetición y reparación. ¿Cómo vamos en esa tarea nacionalmente? ¿Qué ha hecho Bogotá?

LEA: “Tenemos una meta: fortalecer la atención a víctimas”, consejera de Paz de Bogotá

Varios análisis se pueden realizar para responder estas preguntas. Colombia no sólo ha buscado lograr justicia a través del sistema tradicional, sino también se la ha jugado por mecanismos transicionales, formas de reparación administrativas y ejercicios de verdad y memoria, como la Comisión de la Verdad. Sin duda el avance ha sido importante, pero, como casi en todo, queda un camino largo por recorrer.

La promulgación de la ley de víctimas en 2011 significó un paso absolutamente decisivo para avanzar en sus derechos. Aunque hoy parezca increíble, en ese momento se requirió un enorme consenso político en tanto durante el Gobierno Uribe hubo una fuerte resistencia que hizo que un par de proyectos se hundieran previamente en el Congreso.

Originalmente esta tenía una vigencia de 10 años, pero fue claro que tuvo que ser ampliada y ahora, va hasta el 2031. Al finalizar el Gobierno Nacional anterior poco más del 14% de las víctimas habían sido indemnizadas individualmente. El Gobierno del presidente Petro tiene como meta indemnizar a cerca de 600.000 víctimas, lo cual implica un enorme esfuerzo administrativo y presupuestal, pero seguirá siendo insuficiente. Si continuamos con ese ritmo, sin duda, se requerirá una nueva extensión de la vigencia y por supuesto, discutir nuevas y más fuentes de financiación.

Más información: “No podemos desperdiciar ni una sola gota de agua” Carlos Fernando Galán

El Acuerdo de Paz con las FARC supone como centro fundamental la protección de los derechos de las víctimas a través de su sistema integral de justicia. En junio de 2022 la Comisión de la Verdad entregó su informe el cual no fue ajeno a fuertes críticas, pero sin ninguna duda, es el mejor ejercicio histórico que se ha realizado sobre el conflicto en Colombia. No será la verdad oficial y única pero sí vale la pena que se conozca y se discuta en el país. Por su parte, la Unidad de Búsqueda para Personas Desaparecidas ha logrado encontrar los cuerpos de cerca de 1000 personas. Sin embargo, tiene solicitudes por casi 50.000 personas y las cifras señalan que en Colombia hay más de 103.000 personas dadas por desaparecidas.

La tarea de la JEP también ha sido muy importante en la implementación de un sistema transicional. Ha habido avances en la creación e investigación de 11 macro casos por diferentes temas: secuestro, desaparición forzada, violencia sexual, entre otros. Sin embargo, al momento sólo dos de estos han pasado al Tribunal de Paz para eventualmente imponer sanciones. Han pasado cerca de 7 años desde la puesta en marcha de la JEP y aún, no hay impuesta ninguna sanción. Si bien, tiene un periodo de 15 años (prorrogable por 5 más), es indispensable que la JEP empiece a imponer las sanciones tanto por los derechos de las víctimas, como por la misma legitimidad del acuerdo.

LEA: Entrevista: Carlos Fernando Galán habla de sus 100 días en la alcaldía

Bogotá, junto con Medellín, son las ciudades que más víctimas han recibido de diferentes regiones del país. La capital desde hace varios años creó una institucionalidad para la atención de las víctimas que ha funcionado bastante bien y que, a pesar de hacer un trabajo silencioso, es de esos buenos ejemplos de construir sobre lo construido por las diferentes administraciones. En los últimos años, se creó el PDET de Sumapaz reconociendo a esta localidad y sus habitantes como aquel lugar donde el conflicto se sintió con mayor severidad. De esta manera, se estableció un plan de desarrollo particular que ha permitido la mayor inversión de la historia en Sumapaz en términos de vías y conectividad digital a través de recursos de regalías.

Recientemente, el Distrito junto con la JEP cerraron un acuerdo para que, en Bogotá, especialmente en Usme, se adelante el sistema restaurativo a través del cual los comparecientes podrán empezar a llevar a cabo sus acciones de reparación con el territorio y las víctimas.

El sufrimiento de las víctimas ha sido enorme, seguramente casi que irreparable, Colombia ha avanzado en su reconocimiento y en la garantía de sus derechos. Bogotá ha sido una ciudad que ha acogido a las víctimas en medio de las dificultades, una ciudad que sin duda siempre le ha apostado a la paz no en vano en ese plebiscito del 2016, el sí ganó mayoritariamente.

Hay un camino muy largo todavía en términos presupuestales que el Gobierno Nacional debe acelerar y por su parte, la JEP debe urgentemente imponer sanciones y ojalá, ese acuerdo con el Distrito sea el primer paso para ver a los responsables de crimines atroces cumplirle a las víctimas.

Esta semana, una vez más, se llevó a cabo la conmemoración del 9 de abril como el día en que Colombia reconoce, rinde homenaje, memoria y solidaridad a las víctimas del conflicto armado. Según las cifras del Registro Único, en el país hay más de 9.600.000 personas víctimas del conflicto y más de 8 millones de estas sufrieron de desplazamiento forzado y por supuesto, un número alto de ellas llegó a Bogotá. Llevamos varios años buscando los caminos para poder garantizarles sus derechos a la justicia, verdad, no repetición y reparación. ¿Cómo vamos en esa tarea nacionalmente? ¿Qué ha hecho Bogotá?

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Varios análisis se pueden realizar para responder estas preguntas. Colombia no sólo ha buscado lograr justicia a través del sistema tradicional, sino también se la ha jugado por mecanismos transicionales, formas de reparación administrativas y ejercicios de verdad y memoria, como la Comisión de la Verdad. Sin duda el avance ha sido importante, pero, como casi en todo, queda un camino largo por recorrer.

La promulgación de la ley de víctimas en 2011 significó un paso absolutamente decisivo para avanzar en sus derechos. Aunque hoy parezca increíble, en ese momento se requirió un enorme consenso político en tanto durante el Gobierno Uribe hubo una fuerte resistencia que hizo que un par de proyectos se hundieran previamente en el Congreso.

Originalmente esta tenía una vigencia de 10 años, pero fue claro que tuvo que ser ampliada y ahora, va hasta el 2031. Al finalizar el Gobierno Nacional anterior poco más del 14% de las víctimas habían sido indemnizadas individualmente. El Gobierno del presidente Petro tiene como meta indemnizar a cerca de 600.000 víctimas, lo cual implica un enorme esfuerzo administrativo y presupuestal, pero seguirá siendo insuficiente. Si continuamos con ese ritmo, sin duda, se requerirá una nueva extensión de la vigencia y por supuesto, discutir nuevas y más fuentes de financiación.

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El Acuerdo de Paz con las FARC supone como centro fundamental la protección de los derechos de las víctimas a través de su sistema integral de justicia. En junio de 2022 la Comisión de la Verdad entregó su informe el cual no fue ajeno a fuertes críticas, pero sin ninguna duda, es el mejor ejercicio histórico que se ha realizado sobre el conflicto en Colombia. No será la verdad oficial y única pero sí vale la pena que se conozca y se discuta en el país. Por su parte, la Unidad de Búsqueda para Personas Desaparecidas ha logrado encontrar los cuerpos de cerca de 1000 personas. Sin embargo, tiene solicitudes por casi 50.000 personas y las cifras señalan que en Colombia hay más de 103.000 personas dadas por desaparecidas.

La tarea de la JEP también ha sido muy importante en la implementación de un sistema transicional. Ha habido avances en la creación e investigación de 11 macro casos por diferentes temas: secuestro, desaparición forzada, violencia sexual, entre otros. Sin embargo, al momento sólo dos de estos han pasado al Tribunal de Paz para eventualmente imponer sanciones. Han pasado cerca de 7 años desde la puesta en marcha de la JEP y aún, no hay impuesta ninguna sanción. Si bien, tiene un periodo de 15 años (prorrogable por 5 más), es indispensable que la JEP empiece a imponer las sanciones tanto por los derechos de las víctimas, como por la misma legitimidad del acuerdo.

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Bogotá, junto con Medellín, son las ciudades que más víctimas han recibido de diferentes regiones del país. La capital desde hace varios años creó una institucionalidad para la atención de las víctimas que ha funcionado bastante bien y que, a pesar de hacer un trabajo silencioso, es de esos buenos ejemplos de construir sobre lo construido por las diferentes administraciones. En los últimos años, se creó el PDET de Sumapaz reconociendo a esta localidad y sus habitantes como aquel lugar donde el conflicto se sintió con mayor severidad. De esta manera, se estableció un plan de desarrollo particular que ha permitido la mayor inversión de la historia en Sumapaz en términos de vías y conectividad digital a través de recursos de regalías.

Recientemente, el Distrito junto con la JEP cerraron un acuerdo para que, en Bogotá, especialmente en Usme, se adelante el sistema restaurativo a través del cual los comparecientes podrán empezar a llevar a cabo sus acciones de reparación con el territorio y las víctimas.

El sufrimiento de las víctimas ha sido enorme, seguramente casi que irreparable, Colombia ha avanzado en su reconocimiento y en la garantía de sus derechos. Bogotá ha sido una ciudad que ha acogido a las víctimas en medio de las dificultades, una ciudad que sin duda siempre le ha apostado a la paz no en vano en ese plebiscito del 2016, el sí ganó mayoritariamente.

Hay un camino muy largo todavía en términos presupuestales que el Gobierno Nacional debe acelerar y por su parte, la JEP debe urgentemente imponer sanciones y ojalá, ese acuerdo con el Distrito sea el primer paso para ver a los responsables de crimines atroces cumplirle a las víctimas.