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Más allá de la expresión legitima de descontento, el paro nacional en su versión negativa de violencia y destrucción produjo un daño profundo en el estado de animo de los ciudadanos y acrecentó la desconfianza en la posibilidad de emprender iniciativas personales en un horizonte de tiempo medio – que ya había sido causada por la pandemia- .
La debilidad en la gestión de la seguridad y el orden público en los ámbitos urbanos causó el empoderamiento de grupos de agitadores que, a través de la presión violenta, crearon mecanismos para desarrollar negocios criminales, consolidar entornos de control social y abanderar la reivindicaron de la violencia como una herramienta de representatividad que nadie les ha otorgado.
El estado de animo en la inminencia del 20 de julio es oscuro. El ambiente está enrarecido por amenazas de tomas de ciudades, promesas de una celebración de independencia cargada de sorpresas y anuncios sobre una demostración inédita de capacidad de despliegue de las autodenominadas primeras líneas.
Este mal ambiente ni es una exageración, ni mucho menos el producto de un discurso contra el legitimo derecho a protestar. Es el resultado del conocimiento de ejercicios de estos grupos para el reclutamiento y entrenamiento de menores de edad, la desarticulación de algunas redes logísticas y de financiación, así como de un dedicado trabajo de propaganda sobre su poderío.
Esto último a partir de su desconocimiento manifiesto a las normas de convivencia y al marco de la ley, así como el desafió al poder legalmente constituido, incluso de lideres políticos que les extienden la mano mas allá de lo aceptable.
El ambiente previo a la celebración patria esta atravesado por el poder atemorizador de la barricada, un obstáculo urbano que estuvo presente de manera interrumpida a lo largo de 50 días, como monumento a la limitación de derechos y el desconocimiento de las libertades, en favor de una minoría que no logra definir de que lado de la ley quiere ubicarse.
Este escenario sombrío tiene origen en dos factores que no necesariamente son excluyentes: la incapacidad de las autoridades locales de comprender los desafíos urbanos o la falta de voluntad para hacer valer el mandato dado por el sufragio: gobernar con base en el interés único y superior de proteger los derechos de los ciudadanos sin distingo y garantizar la vigencia plena del estado de derecho.
50 días de retraso en la comprensión de que las barricadas y primeras líneas ponían en peligro la vida de ciudadanos comunes y corrientes nos costo la muerte de Cristian Camilo Vélez. También la violencia sexual contra al menos dos mujeres en barricadas de dos lugares diferentes de la ciudad. Asimismo, la muerte y heridas a ciudadanos que sufrieron el rigor de la acción policial dirigida a frenar la destrucción y la violencia esparcida por diferentes bloqueos de la ciudad.
Los promotores de la barricada hicieron una apuesta arriesgada que seguramente van a perder. La popularidad de sus métodos tiene fecha de vencimiento. El poder que les otorga el control del territorio deriva siempre en abusos como destierros, amenazas de muerte o extorsiones, generando violencia indiscriminada y sin control. Esto explica el despliegue entre aplausos de la fuerza disponible en el área de Siloé en Cali después de dos meses de enfrentamientos.
Durante la semana que acaba de terminar no han sido pocas las conversaciones en que he escuchado a ciudadanos diversos preguntarse cuál será el grado de daños y desordenes que se alcanzaran ese día. Cuánto podrá durar la nueva demostración de fuerza y capacidad de desestabilización. También inquietudes sobre cuál es la base de soporte y coordinación de una organización que abiertamente amenaza con tomarse la capital.
El gobierno distrital se enfrenta al reto de devolver la confianza a los bogotanos. El 20 de julio es una oportunidad para demostrarles que el poder atemorizador de la barricada no llegó para quedarse. Que en esta ciudad todos gozamos de equidad de derechos. Que aquellos que quieran ponerse por encima de sus conciudadanos y de espaldas a la ley no tienen cabida en una ciudad cuidadora e incluyente.
La salvaguarda de la integridad de los ciudadanos es una mezcla precisa de anticipación de los riesgos, recuperación oportuna del orden y aplicación efectiva de la ley. La debilidad de la gestión en esas dimensiones pondrá nuevas vidas en riesgo, terminará por destruir el tejido económico de la ciudad y llevará el animo de los bogotanos a un estado catastrófico.