Numerosos estudios psicológicos demuestran que el miedo interrumpe procesos cerebrales que regulan las emociones, afectando la capacidad de las personas de evaluar y anticipar riesgos, tomar decisiones y ser racionales, aumentando su vulnerabilidad frente a fuentes de riesgo.
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A partir de informaciones que se relacionan con accidentes, retenciones, secuestros exprés o catástrofes sufridas por conocidos o familiares, delincuentes dedicados a la extorsión y la estafa han incrementado su accionar criminal usando la presión y el constreñimiento sobre personas desprevenidas.
Los criminales no solo explotan el miedo y las catástrofes. Las necesidades o expectativas también inhabilitan la alerta y precaución de ciudadanos, como lo demuestran las estafas basadas en ofertas de empleos, premios o incluso ingresos exorbitantes por el desarrollo de actividades básicas.
De acuerdo con la Policía Nacional, del total de registros de extorsión hasta mayo de 2023, 39% fueron telefónicas y 25% a través de redes sociales, medios fundamentales para la ejecución de este delito.
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Más allá de la habilidad delincuencial para explotar temores y expectativas, enfrentamos como sociedad un problema de mayor magnitud: la pérdida de control sobre la información y la intimidad personal.
Esta brecha de seguridad tiene origen en la entrega desprevenida y masiva de datos que nos identifican, definen y ubican como ciudadanos, nos caracteriza en nuestros roles sociales, económicos y culturales.
Por un lado, la gestión de trámites, el cumplimiento de obligaciones y la solicitud de servicios a través de medios digitales obliga al ciudadano a entregar datos personales sin garantía alguna de tratamiento responsable y administración segura, bajo procesos robustos de verificación y control. Ejemplo de esto es la factura electrónica, que ha dado lugar a una recolección masiva de información privada personal carente de estándares, garantías de administración y protección.
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De otro lado, los ciudadanos se exponen voluntariamente. Mientras hacen uso de herramientas digitales o atienden ofertas telefónicas, brindan información personal con precisión y abundancia. Asimismo, exponen permanente su vida íntima y sus rutinas cotidianas en redes sociales.
La pérdida de secreto e intimidad individual se convierte en una mina de oro para los delincuentes, quienes con un simple proceso metodológico identifican canales de comunicación para influir sobre las personas con narrativas convincentes, para victimizarlas con estafas o someterlas a procesos extorsivos.
Esto nos pone frente al verdadero factor de riesgo sobre el cual gobierno, autoridades y ciudadanos debemos trabajar para prevenir y disminuir la incidencia de estos delitos: la oferta descontrolada de información privada e íntima.
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En tal sentido, la mejor forma de mantenerse a salvo de estafadores y extorsionistas es tener conciencia de su modus operandi y no contestar llamadas de teléfonos desconocidos, mantener información actualizada de las actividades y ubicación de los familiares, no compartir información personal en redes sociales.
En el caso de que se entre en conversaciones o interacciones con desconocidos, ante el más mínimo requerimiento de información personal, familiar o comercial, abandonar la conversación. Adicionalmente, no bajar la guardia frente a ofrecimientos de gangas o anuncios sobre la obtención de beneficios no solicitados.
También hay que estar atentos a la entrega de datos personales en el comercio ordinario y electrónico. Un asunto que debe prender las alarmas de las entidades de gobierno y del sector privado bajo principios de cumplimiento y vigilancia de la legalidad.
Estafadores y extorsionistas están de plácemes con la multiplicidad de repositorios de información personal disponibles en el mercado como resultado de operaciones comerciales, solicitudes de información o el simple cumplimiento de una obligación ciudadana.
En tal sentido, el gobierno está retrasado en desarrollar herramientas para la identificación de los ciudadanos sin una entrega amplia de sus datos personales. Por ejemplo, un código seguro -blockchain- que contenga información personal, al cual solo se pueda acceder con trazabilidad por parte de usuarios finales.
También es necesario anticipar las vulnerabilidades a las que nos expone la inteligencia artificial, para madrugarle al crimen en su uso contra los ciudadanos. Cerrar espacio a los delincuentes y generar medidas básicas de autoprotección en los ciudadanos.
Asimismo, crear estándares para la recolección, tratamiento, administración y custodia de datos, que integrados en procesos auditables, permitan contribuir a la identificación de responsabilidades, más allá del marco jurídico que atiende este riesgo. Más que la norma, lo importante es su control y verificación.
Adicionalmente, debe ejecutarse una campaña pública dirigida a sensibilizar a los ciudadanos sobre la fenomenología del delito, los riesgos de un manejo laxo de los datos personales, las claves para prevenir el delito y las obligaciones de quienes recogen este tipo de información.
Acciones en este sentido disminuirán la vulnerabilidad de las personas y los procesos de captura y tratamiento de datos personales, asimismo contribuirán a devolver a los organismos de investigación criminal y la justicia la iniciativa en la lucha contra la estafa y la extorsión.
Es necesario que todos mantengamos en estado de alerta frente a la posibilidad de ocurrencia de una llamada que busca explotar nuestros temores personales y miedos familiares. Una llamada con fines de estafa o extorsión está a un timbre de distancia.
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