Opinión: En busca de la reforma agraria prometida

Ha pasado más de un año y cuatro meses desde aquel histórico día en Montería, cuando el presidente Gustavo Petro entregó 29 predios, más de 3.500 hectáreas, a familias rurales de Córdoba. Este acto fue presentado como el primer paso de la tan esperada Reforma Agraria. Sin embargo, como suele suceder cada cuatro años, las grandes promesas de campaña se dilatan en medio de los vaivenes políticos, mientras miles de comunidades rurales desposeídas y desplazadas continúan esperando justicia y equidad para el campo.

Le puede interesar: (Opinión) Publicidad de apuestas en la Copa América y Eurocopa: riesgo de adicción

Aunque la promesa sigue pendiente, hay señales esperanzadoras que vale la pena destacar. Desde la RAP-E, celebramos la asignación del presupuesto más alto de la historia para este propósito: 9,2 billones de pesos, de los cuales tres billones serán destinados a la adquisición de predios. Además, el reciente nombramiento de Martha Carvajalino como nueva ministra de Agricultura es un rayo de esperanza. Con una experiencia de más de 17 años como consultora en temas agrarios y ambientales, y un fuerte vínculo con los movimientos campesinos, Carvajalino es la persona ideal para liderar esta lucha en el Congreso de la República.

Carvajalino tiene la misión de cumplir con el primer punto del acuerdo de paz con las FARC de 2016: formalizar siete millones de hectáreas y adquirir otros tres millones para distribuir entre campesinos sin tierra. La meta es ambiciosa, pero no imposible. Junto a la Agencia Nacional de Tierras, se prevé obtener 500.000 hectáreas en 2024 y un millón más entre 2025 y 2026, mediante compras voluntarias en fincas con grandes extensiones de tierra fértil, principalmente en la Costa Caribe y el Magdalena Medio, así como terrenos devueltos por grupos armados ilegales, administrados por la Unidad de Reparación de Víctimas y otros tantos incautados a la mafia en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Le puede interesar: “Los contratos que tenemos, se van a mantener”: secretaria de la Mujer

De acuerdo con un informe de International Land Coalition (ILC), existen tres elementos que han impedido una reforma agraria integral en Colombia: la reducción de la institucionalidad agropecuaria en el marco de ajustes fiscales; la sobrerrepresentación de gremios económicos en la política de tierras y agraria que impuso la idea de que no era el campesinado el motor del desarrollo rural; y la adjudicación de baldíos por encima de otros mecanismos de redistribución.

Mientras se llega a la meta, es crucial seguir potencializando iniciativas locales y regionales que buscan brindar mejores y nuevas oportunidades a los pequeños y medianos campesinos y campesinas. Desde la RAP-E hemos construido e implementado el Plan de Abastecimiento de la Región Central, que conecta la oferta agrícola de Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta y Tolima con la gran demanda del Distrito Capital, beneficiando a más de 8 millones de habitantes y más de 750.000 pequeños campesinos y campesinas.

A medida que nos acercamos a la mitad del gobierno Petro, uno de los principales desafíos será la materialización de la Reforma Agraria. Este proceso no solo transformará el campo colombiano, sino que también devolverá la dignidad a quienes lo trabajan, reconociendo al campesinado como sujeto de derechos y valorando sus luchas. Finalmente, llevará a los campesinos, como se les ha ofrecido durante décadas, a la tan anhelada tierra prometida.

Ha pasado más de un año y cuatro meses desde aquel histórico día en Montería, cuando el presidente Gustavo Petro entregó 29 predios, más de 3.500 hectáreas, a familias rurales de Córdoba. Este acto fue presentado como el primer paso de la tan esperada Reforma Agraria. Sin embargo, como suele suceder cada cuatro años, las grandes promesas de campaña se dilatan en medio de los vaivenes políticos, mientras miles de comunidades rurales desposeídas y desplazadas continúan esperando justicia y equidad para el campo.

Le puede interesar: (Opinión) Publicidad de apuestas en la Copa América y Eurocopa: riesgo de adicción

Aunque la promesa sigue pendiente, hay señales esperanzadoras que vale la pena destacar. Desde la RAP-E, celebramos la asignación del presupuesto más alto de la historia para este propósito: 9,2 billones de pesos, de los cuales tres billones serán destinados a la adquisición de predios. Además, el reciente nombramiento de Martha Carvajalino como nueva ministra de Agricultura es un rayo de esperanza. Con una experiencia de más de 17 años como consultora en temas agrarios y ambientales, y un fuerte vínculo con los movimientos campesinos, Carvajalino es la persona ideal para liderar esta lucha en el Congreso de la República.

Carvajalino tiene la misión de cumplir con el primer punto del acuerdo de paz con las FARC de 2016: formalizar siete millones de hectáreas y adquirir otros tres millones para distribuir entre campesinos sin tierra. La meta es ambiciosa, pero no imposible. Junto a la Agencia Nacional de Tierras, se prevé obtener 500.000 hectáreas en 2024 y un millón más entre 2025 y 2026, mediante compras voluntarias en fincas con grandes extensiones de tierra fértil, principalmente en la Costa Caribe y el Magdalena Medio, así como terrenos devueltos por grupos armados ilegales, administrados por la Unidad de Reparación de Víctimas y otros tantos incautados a la mafia en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Le puede interesar: “Los contratos que tenemos, se van a mantener”: secretaria de la Mujer

De acuerdo con un informe de International Land Coalition (ILC), existen tres elementos que han impedido una reforma agraria integral en Colombia: la reducción de la institucionalidad agropecuaria en el marco de ajustes fiscales; la sobrerrepresentación de gremios económicos en la política de tierras y agraria que impuso la idea de que no era el campesinado el motor del desarrollo rural; y la adjudicación de baldíos por encima de otros mecanismos de redistribución.

Mientras se llega a la meta, es crucial seguir potencializando iniciativas locales y regionales que buscan brindar mejores y nuevas oportunidades a los pequeños y medianos campesinos y campesinas. Desde la RAP-E hemos construido e implementado el Plan de Abastecimiento de la Región Central, que conecta la oferta agrícola de Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta y Tolima con la gran demanda del Distrito Capital, beneficiando a más de 8 millones de habitantes y más de 750.000 pequeños campesinos y campesinas.

A medida que nos acercamos a la mitad del gobierno Petro, uno de los principales desafíos será la materialización de la Reforma Agraria. Este proceso no solo transformará el campo colombiano, sino que también devolverá la dignidad a quienes lo trabajan, reconociendo al campesinado como sujeto de derechos y valorando sus luchas. Finalmente, llevará a los campesinos, como se les ha ofrecido durante décadas, a la tan anhelada tierra prometida.