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La más reciente encuesta de Invamer en la que se indaga por diversas materias de coyuntura, políticas públicas e instituciones, volvió a arrojar un pésimo resultado para el sistema de justicia en Colombia. El 71% de los encuestados tienen una opinión desfavorable de éste y reafirma una tendencia que ha venido consolidándose al alza desde 2008. Los colombianos sienten no sólo que la justicia es lenta, sino que no logra resolver sus conflictos. Mucho se habla y se escribe de cómo mejorar la justicia.
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El Gobierno Nacional creó una nueva “comisión de expertos” siendo una más de la decena de comisiones que han existido en los últimos 20 años. Las reformas a la justicia desafortunadamente tienen resistencia política, otras han caído por decisiones de las propias autoridades judiciales, pero sobre todo muchas veces se quedan en modificaciones a la cúpula judicial que poco o nada mejoran la percepción de justicia en la ciudadanía.
Pareciera que esto fuera un asunto meramente nacional. Sin embargo, las administraciones locales pueden generar varias políticas públicas que permitan que los niveles de desconfianza disminuyan e incluso ayuden a mejorar las percepciones de convivencia ciudadana. Realmente el concepto de justicia que afecta al ciudadano es más amplio que el de resolver los grandes casos mediáticos, o incluso, la persecución penal de delitos cómo el hurto o la extorsión. Los ciudadanos necesitamos solucionar conflictos más del día a día de nuestras vidas, aquellos con vecinos, de convivencia en el transporte público o en el espacio público.
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Las administraciones locales deberían implementar programas de acceso a la justicia, apostarle a modernizar la justicia policiva, crear casas de justicia y de memoria y hasta construir o mejorar cárceles. La discusión de los Planes de Desarrollo por parte de los concejos municipales que inicia en el mes de abril es el momento exacto para exigir que las ciudades también aporten al mejoramiento de la justicia. Luego de revisar los proyectos de algunas capitales, éstos tienen alguna mención, pero podrían ser mucho más ambiciosos.
En el caso de Bogotá, se menciona la creación de un sistema de justicia policiva, la construcción de la segunda fase de la Cárcel Distrital, el fortalecimiento de casas de justicia, entre otras acciones generales. En Medellín rápidamente se señala la necesidad de fortalecer las inspecciones de policía, las comisarías de familias y las casas de justicia. Por su parte, en Cali se hace un esfuerzo de establecer con más precisión las metas para los programas de promoción a los servicios de acceso a la justicia y es el único que -al menos en los borradores- habla sobre justicia alternativa y restaurativa juvenil.
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En los últimos años Bogotá ha hecho al menos tres políticas muy exitosas que le apuntan, entre otras, a mejorar la percepción de justicia. En primer lugar, hizo una inversión histórica en justicia policiva. Esta es aquella encargada de resolver los conflictos entre vecinos y de convivencia en la ciudad. Son los que imponen sanciones por construcciones ilegales, ocupación de espacio público, e incluso, castigan a quienes en los estadios de fútbol comenten actos de intolerancia y violencia que, por lo demás, últimamente se han incrementado en todo el país. Los niveles de congestión de expedientes han disminuido de manera vertiginosa, por primera vez mes a mes hay más fallos que ingresos de nuevos casos y se modernizó el sistema tecnológico, lo que ha permitido mejorar la atención al usuario.
También ha tenido un excelente programa de justicia juvenil restaurativa. No existe ciudad en el país y ni siquiera, mecanismo restaurativo nacional más exitoso. Sólo el 5% de los y las jóvenes que hacen parte del programa reinciden en el delito y el índice de satisfacción de las propias víctimas es del 90%.
Finalmente, se ha hecho una apuesta por la reconciliación a través de las casas de memoria en particular, en las localidades de Usaquén y Suba en las que las comunidades se han empoderado de éstas y han hecho ejercicios de restablecimiento de lazos sociales que vale la pena replicar.
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Bogotá no sólo debe continuar este camino que mejora la solución pacífica de conflictos desde una perspectiva de convivencia y confianza, sino debería servir de ejemplo a otras ciudades. Es indispensable tener unos objetivos específicos, metas, indicadores claros y vale la pena apostarle a sistemas de información pública que aumenten la confianza ciudadana.
Si los ciudadanos sienten que el Estado ni siquiera es capaz de resolver los conflictos más básicos con sus vecinos jamás confiará en un sistema judicial para pleitos de mayor envergadura. En esta tarea las administraciones locales tienen mucho que aportar
