Opinión: Facilitadores del crimen en Bogotá

Con cada nuevo hecho crítico de inseguridad y violencia en la capital, vuelve la improductiva conversación sobre debilidad de pie de fuerza policial de la ciudad, así como la carrera contra reloj del Gobierno Distrital por buscar responsabilidades por fuera de sus ámbitos de actuación.

Improductiva, porque parte de supuestos errados para generar soluciones fallidas. Mientras el Gobierno Distrital no gestione la cofinanciación de pie de fuerza con dedicación exclusiva a la ciudad y destine recursos para aumentar en al menos 10.000 policías su fuerza de seguridad, todo lo que se hable será intrascendente.

En lo que respecta a las responsabilidades, el Gobierno Distrital ya acabó con el espacio disponible para entregar culpas a organismos de seguridad, autoridades nacionales o migrantes. Cada nueva crisis en la que apunta su dedo fuera de su ámbito de actuación fortalece la idea de que es incapaz de atender sus propios retos.

Por tal razón es necesario dar una mirada diferente, pero no menos crítica, a los factores que determinan el crimen y la violencia. En este caso, aquellos que facilitan su ocurrencia en zonas de la ciudad con baja incidencia histórica.

Al medio día del pasado jueves, en el corredor norte sur de la carrera séptima con calle 97, los medios informaron sobre un intento de atraco masivo, en el cual los delincuentes abrieron fuego indiscriminadamente contra conductores y peatones al perder el control de la situación.

Una ciudadana atrapada en el tiroteo cuenta que los criminales atacaron a un conductor en medio del bloqueo vial, quien al evadirlos destruyó su motocicleta, haciendo que abrieran fuego buscando un medio de reemplazo para su escape.

Sin conocer aún la versión definitiva de los hechos, quedó claro que un grupo de delincuentes pudo frenar una vía arterial de la ciudad para atacar ciudadanos y huir sin haber tenido resistencia de ningún tipo.

Dado que el hecho ocurrió en un lugar próximo al más importante cantón militar de la ciudad, con al menos tres CAI en su entorno y a plena luz del día, comentaristas, lideres y hasta la misma alcaldesa han levantado la voz sobre la falta de oportunidad en la respuesta policial-militar y lo que esto significa en términos de desprotección para los ciudadanos.

Una preocupación curiosa en una ciudad en la que se ha rechazado el aporte de las Fuerzas Armadas y se ha estigmatizado la actuación de la Policía, para contribuir con el ambiente de seguridad. La misma alcaldesa y grupos políticos afines no han dudado en caracterizar a la Policía de enemiga de los ciudadanos o responsable de la inseguridad en otras ocasiones, dependiendo de las exigencias de la coyuntura.

Al respecto, es necesario observar este caso en el contexto del espacio urbano que caracteriza el corredor de la séptima, comprendido entre la calle 106 y la 94: andenes obstaculizados por obras, desechos y poli-sombras, espacios verdes anulados por la manigua, poca visibilidad perimetral, una malla vial destruida, una zona boscosa sin vigilancia y movilidad infartada por el embudo que causa la conjunción de obras, ciclo-carriles y gestión nula del tráfico.

Un área con tal nivel de caos y desgobierno facilita el crimen en la medida que confina a los ciudadanos en espacios viales, limita su posibilidad de reacción ante una agresión y la respuesta de las autoridades, e incluso anula la solidaridad ciudadana.

En paralelo, crea oportunidades para que delincuentes que acechan ciudadanos desprevenidos o que descifran la dinámica del lugar exploten el caos reinante en favor de sus intenciones criminales. No hay duda de que una mala gerencia de ciudad impulsa el surgimiento de espacios para la actuación criminal e incentivos para la violencia, el crimen y las incivilidades.

Quien ejerce como alcalde no es el comandante de policía, pero si tiene la responsabilidad de ofrecer, a través de su gestión, las condiciones y el apoyo para que autoridades policiales, judiciales y de protección cumplan su misión.

Por tal razón, el reto para quien gobierne la ciudad desde el 1 de enero será definir las acciones y esfuerzos dirigidos a recuperar la calidad y gobierno del espacio público, una movilidad fluida, la funcionalidad de las infraestructuras, entendiéndolas también como parte esencial de su estrategia de seguridad y convivencia.

Así las cosas, la recuperación del ambiente de seguridad urbana exige la superación de factores facilitadores del crimen y así aumentar la seguridad del entorno, negando espacios físicos y corredores a los delincuentes mientras se aumenta el riesgo de que sean sometidos al imperio de la ley.

Solo una comprensión amplia de la seguridad de la ciudad permitirá proteger a los bogotanos. No habrá ninguna decisión de prevención, protección, aplicación de la ley exitosa en un ambiente caótico y paralizado.

Las excusas de siempre no darán réditos electorales ni resolverán los problemas de la comunidad.

Con cada nuevo hecho crítico de inseguridad y violencia en la capital, vuelve la improductiva conversación sobre debilidad de pie de fuerza policial de la ciudad, así como la carrera contra reloj del Gobierno Distrital por buscar responsabilidades por fuera de sus ámbitos de actuación.

Improductiva, porque parte de supuestos errados para generar soluciones fallidas. Mientras el Gobierno Distrital no gestione la cofinanciación de pie de fuerza con dedicación exclusiva a la ciudad y destine recursos para aumentar en al menos 10.000 policías su fuerza de seguridad, todo lo que se hable será intrascendente.

En lo que respecta a las responsabilidades, el Gobierno Distrital ya acabó con el espacio disponible para entregar culpas a organismos de seguridad, autoridades nacionales o migrantes. Cada nueva crisis en la que apunta su dedo fuera de su ámbito de actuación fortalece la idea de que es incapaz de atender sus propios retos.

Por tal razón es necesario dar una mirada diferente, pero no menos crítica, a los factores que determinan el crimen y la violencia. En este caso, aquellos que facilitan su ocurrencia en zonas de la ciudad con baja incidencia histórica.

Al medio día del pasado jueves, en el corredor norte sur de la carrera séptima con calle 97, los medios informaron sobre un intento de atraco masivo, en el cual los delincuentes abrieron fuego indiscriminadamente contra conductores y peatones al perder el control de la situación.

Una ciudadana atrapada en el tiroteo cuenta que los criminales atacaron a un conductor en medio del bloqueo vial, quien al evadirlos destruyó su motocicleta, haciendo que abrieran fuego buscando un medio de reemplazo para su escape.

Sin conocer aún la versión definitiva de los hechos, quedó claro que un grupo de delincuentes pudo frenar una vía arterial de la ciudad para atacar ciudadanos y huir sin haber tenido resistencia de ningún tipo.

Dado que el hecho ocurrió en un lugar próximo al más importante cantón militar de la ciudad, con al menos tres CAI en su entorno y a plena luz del día, comentaristas, lideres y hasta la misma alcaldesa han levantado la voz sobre la falta de oportunidad en la respuesta policial-militar y lo que esto significa en términos de desprotección para los ciudadanos.

Una preocupación curiosa en una ciudad en la que se ha rechazado el aporte de las Fuerzas Armadas y se ha estigmatizado la actuación de la Policía, para contribuir con el ambiente de seguridad. La misma alcaldesa y grupos políticos afines no han dudado en caracterizar a la Policía de enemiga de los ciudadanos o responsable de la inseguridad en otras ocasiones, dependiendo de las exigencias de la coyuntura.

Al respecto, es necesario observar este caso en el contexto del espacio urbano que caracteriza el corredor de la séptima, comprendido entre la calle 106 y la 94: andenes obstaculizados por obras, desechos y poli-sombras, espacios verdes anulados por la manigua, poca visibilidad perimetral, una malla vial destruida, una zona boscosa sin vigilancia y movilidad infartada por el embudo que causa la conjunción de obras, ciclo-carriles y gestión nula del tráfico.

Un área con tal nivel de caos y desgobierno facilita el crimen en la medida que confina a los ciudadanos en espacios viales, limita su posibilidad de reacción ante una agresión y la respuesta de las autoridades, e incluso anula la solidaridad ciudadana.

En paralelo, crea oportunidades para que delincuentes que acechan ciudadanos desprevenidos o que descifran la dinámica del lugar exploten el caos reinante en favor de sus intenciones criminales. No hay duda de que una mala gerencia de ciudad impulsa el surgimiento de espacios para la actuación criminal e incentivos para la violencia, el crimen y las incivilidades.

Quien ejerce como alcalde no es el comandante de policía, pero si tiene la responsabilidad de ofrecer, a través de su gestión, las condiciones y el apoyo para que autoridades policiales, judiciales y de protección cumplan su misión.

Por tal razón, el reto para quien gobierne la ciudad desde el 1 de enero será definir las acciones y esfuerzos dirigidos a recuperar la calidad y gobierno del espacio público, una movilidad fluida, la funcionalidad de las infraestructuras, entendiéndolas también como parte esencial de su estrategia de seguridad y convivencia.

Así las cosas, la recuperación del ambiente de seguridad urbana exige la superación de factores facilitadores del crimen y así aumentar la seguridad del entorno, negando espacios físicos y corredores a los delincuentes mientras se aumenta el riesgo de que sean sometidos al imperio de la ley.

Solo una comprensión amplia de la seguridad de la ciudad permitirá proteger a los bogotanos. No habrá ninguna decisión de prevención, protección, aplicación de la ley exitosa en un ambiente caótico y paralizado.

Las excusas de siempre no darán réditos electorales ni resolverán los problemas de la comunidad.