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Masacres, atracos masivos, cuerpos desmembrados, sicariato y fuga de reclusos han sido algunos de los asuntos que han ocupado la agenda informativa y que han alimentado el miedo de los ciudadanos las últimas dos semanas, reactivando el debate sobre el deterioro de la seguridad en Bogotá.
Aunque la discusión se ha concentrado en que la ciudad alcanzó un nuevo nivel de inseguridad, en realidad lo ocurrido las semanas anteriores fue un pico de criminalidad, eventos que se repiten en el tiempo sin patrones comportamentales o temporales.
La consolidación del crimen organizado, traducido en control territorial, comunitario, económico e institucional, es la amenaza más grave al desarrollo y el progreso de la ciudad, así como contra la vida y libertades de sus habitantes.
El cambio de las prioridades institucionales y el debilitamiento de las capacidades operativas por cuenta de la pandemia y el paro nacional abrieron espacios para que las organizaciones delincuenciales tomaran la iniciativa en el control ilegal de territorios, comunidades y mercados locales en Bogotá, a través de la intimidación y la violencia.
Con el regreso de la normalidad, no se recuperaron las capacidades de seguridad. A las debilidades heredadas de ese periodo se sumó la incapacidad de comprender en su integralidad la evolución del sistema criminal, dando así lugar a un rezago en el control institucional del territorio y la lucha contra el crimen.
Prueba de esto es que la Fiscalía General de la Nación informó recientemente que en Bogotá se han identificado cerca de 370 bandas criminales, casi el doble de la cifra reportada por la Policía Metropolitana en marzo de 2021.
En el primer semestre del año, la administración logro impactar la dinámica local de crimen y violencia, como lo demuestran los resultados de los registros criminales. Un éxito obtenido gracias a la identificación de claves para la gestión de la seguridad en periodos de estabilidad. No obstante, la alcaldía aún tiene pendiente la comprensión de las dinámicas que determinan el contexto de mediano plazo, como lo demuestra la ocurrencia periódica de picos de criminalidad como el de agosto.
La Alcaldesa es consciente de la urgencia de avanzar en la solución de esa debilidad. Su rechazo a la sindicación del “Tren de Aragua” como responsable del asesinato de cuatro individuos en el norte de la ciudad, muestra su comprensión de que el Clan del Golfo y organizaciones delincuenciales de tradición en la ciudad hacen parte de la competencia criminal por la capital.
Esta postura realista de la mandataria representa un factor clave en la protección de la estabilidad de la ciudad y la integridad de los ciudadanos. La recuperación de la iniciativa contra el delito y la consolidación del control institucional de la ciudad requieren de una mejor capacidad anticipativa frente a riesgos más críticos.
Uno de estos es la oferta del gobierno nacional para los criminales de acuerdos colectivos de acogimiento de la ley, la cual hasta ahora no está caracterizada por criterios ni límites de acceso y permanencia.
Esa condición dispara el riesgo de intensificación de acciones de control criminal de territorios, comunidades y rentas, dado que la lógica indica que los delincuentes buscarán fortalecer su posición en la negociación, garantizar su supervivencia una vez la ley los acoja y maximizar sus ganancias previas a un acuerdo.
Así las cosas, la Alcaldía de Bogotá se enfrenta al desafío de luchar contra el proceso de consolidación de organizaciones del crimen en la ciudad y minimizar el impacto de los incentivos perversos al crimen y la violencia que encarnan los anuncios del gobierno nacional.
Para lograrlo, será necesario intensificar el trabajo en definición del sistema criminal. La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia debe disponer de todas sus capacidades de análisis de información para caracterizar las dinámicas criminales, identificar a las organizaciones y sus líderes, y asociar su responsabilidad con actos contra los ciudadanos y la ciudad.
Asimismo, definir el mapa de vulnerabilidad en ámbitos ajenos a la aplicación de la ley y el servicio de seguridad. Esto con el fin de desarrollar una acción coordinada de bloqueo de espacios para el crimen, fortalecer la alianza entre instituciones-ciudadanos y recuperar la capacidad anticipativa y de neutralización de dinámicas criminales.
Por último, debe desarrollar una robusta campaña de información que le brinde al gobierno nacional y a los ciudadanos una visión certera sobre aquellos que están negociando para ser acogidos, disminuyendo así la posibilidad a engaños o de protección a estructuras criminales. Lo anterior también blindaría a la negociación del riesgo de que la suerte de las víctimas quede subordinada a los intereses de los victimarios.
El avance de Bogotá como metrópoli hemisférica ha estado sujeto a un proceso permanente de mejoría de la seguridad, llevándola a ser la ciudad capital más segura del país. Permitir el proceso de ordenamiento criminal es condenarla al subdesarrollo.