El gobierno nacional a través del interventor de la Subred Centro Oriente de Salud de Bogotá ha decidido dar por terminado unilateralmente el contrato para la construcción y dotación del nuevo hospital San Juan de Dios, que había sido firmado a comienzos de 2020, luego de 4 años de juiciosos estudios técnicos, jurídicos y financieros, y de casi 20 años de parálisis de esta obra por múltiples líos jurídicos.
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Esta es una injerencia en la autonomía territorial de la ciudad sobre un predio que es de su propiedad y una descarada arbitrariedad que le costará a la ciudad miles de millones de pesos en indemnizar al constructor y en gastos legales. Pero lo más importante, significa la parálisis, quien sabe por cuantos años más, de una institución de alta complejidad que requería la ciudad, en donde serán los pacientes más humildes los que paguen las consecuencias.
Aunque este predio fue declarado un monumento nacional en 2002, fue la Resolución 995 de 2016, por medio de la cual se aprobó Plan Especial de Manejo y Protección del Hospital San Juan de Dios, previo concepto favorable del Consejo Nacional de Patrimonio, que valga la pena recordar fue preparado y presentado al Ministerio de Cultura siendo alcalde el actual presidente, la cual determinó el destino de los más de 25 edificios que ocupaban el terreno.
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Para ilustración de los lectores, esta norma clasifica las edificaciones en tres grados, según su valor cultural y nivel de conservación, siendo las 1 y 2 aquellas que poseen en sí mismas una valía patrimonial intrínseca y, por ende, no pueden ser modificadas. En cambio, el nivel 3 o de conservación contextual es una valoración subjetiva, que quiere decir que sí es posible transformar e inclusive demoler, según las circunstancias, escala en la que fue clasificada la torre central objeto del contrato terminado irregularmente.
La conservación contextual parte de la valoración que hacen las autoridades en su momento, por lo que se consideró en 2015 que este edificio no cumplía con las condiciones técnicas mínimas necesarias (altura mínima) para poder tener allí un hospital de alta complejidad y que lo más recomendable sería su demolición, como el mismo ministro de Cultura actual lo ha reconocido.
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Si bien es cierto que el actual gobierno nacional pudo haber cambiado de opinión y considerar ahora que este edificio si tiene valor cultural que en 2015 no vieron, lo que sí definitivamente no podía haber hecho fue tratar de aplicar retroactivamente un nuevo concepto para modificar un contrato que fue firmado con antelación, cumpliendo a cabalidad con todos los requisitos técnicos, legales y financieros.
Esta decisión unilateral y arbitraria del gobierno nacional sienta un mal precedente que debilita la ya precaria seguridad jurídica para inversionistas extranjeros con este gobierno, como en este caso que es una empresa española, y un desconocimiento de la Constitución de 1991, que le confirió a los alcaldes autonomía sobre el manejo de la salud.