Desde su aprobación en 1993 la Ley 100 ha sido calificada por sus detractores como una receta neoliberal que introdujo la lógica del mercado y convirtió la salud en una mercancía. Esta afirmación, utilizada por el actual gobierno para justificar su reforma bajo el eslogan “salud para la vida y no para el negocio”, tiene más de retórica política que de rigor científico.
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La teoría económica clásica existente desde siglos atrás y clasifica la salud como un mercado atípico altamente imperfecto en el que, si se dejasen operar sin control las leyes del mercado, se producirían grandes inequidades, especialmente en contra de pacientes y de quienes financian los servicios, lo que hace un imperativo su regulación por el Estado.
La principal imperfección es conocida como la asimetría de información, que consiste en que el paciente quien en teoría compra el servicio, posee muchísima menos información de lo que va a recibir, que la que tiene el médico y el hospital quienes en teoría lo venden.
Es una relación desigual donde no es fácil definir con claridad quién compra los servicios, qué es lo que se compra y cómo por efecto de ello se podrían afectar la cantidad, calidad y precio del servicio, el nivel de bienestar del paciente, las finanzas familiares o las públicas.
Solo hasta el siglo XX y prácticamente desde que se tiene conocimiento de la humanidad, la salud ha sido considerada un bien al servicio de un exclusivo mercado privado que por sus elevados costos era un privilegio de nobles y ricos.
Su ejercicio se ha intentado regular con códigos de conducta como el de Hammurabi (año 1.750 A.C.) y luego el de Hipócrates (año 500 AC), que imponían límites al médico para evitar que actuara en contra de sus pacientes y de la sociedad.
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En el siglo XVIII cuando los hospitales pasaron a ser controlados por los médicos, la salud adquirió un carácter más social que individual, aun así, lejos del alcance para la mayoría de la población. A partir de ahí adquiere mayor fuerza el mercado de medicamentos e insumos para atender la enfermedad, descrito desde el año 129 D.C. con Galeno, médico y filósofo considerado el padre de la farmacia moderna.
La ley 100 de 1993 no introduce el mercado en la salud y menos la convierte en una mercancía. Lo que hace es reconocer la existencia de un mercado altamente imperfecto caracterizado por unos fallos que deben ser corregidos. Esto con la finalidad de establecer una relación más equilibrada entre intereses privados y el interés general de la sociedad, para disminuir las posibilidades de que algún actor saque provecho que afecte a otro, en especial en contra de pacientes y Estado quien financia los servicios.
Afirmar que la Ley 100 de 1993 es una reforma promercado, carece de todo rigor académico que desconoce los principios básicos de la teoría económica y la historia de este sector.
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