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La magnitud de Bogotá en extensión, población, estructura institucional, presupuestos públicos, productividad y otros aspectos representa un reto significativo para los líderes que rigen su destino, quienes enfrentan el riesgo de perder el foco del gobierno local, enredados en una visión de alcance nacional.
Los últimos tres años y medio son ejemplo de esto. El gobierno de la ciudad ha ejercido su mandato trenzado en una continua disputa con el orden nacional, originada en interpretaciones erradas del poder local, el interés por ser contrapeso nacional y la construcción de un proyecto político electoral.
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Un buen ejemplo de esto es la seguridad urbana. Desafíos al gobierno nacional, linchamiento a los cuerpos de seguridad, convocatoria de Altas Cortes son algunos ejemplos de una gestión descoordinada, extralimitada y conflictiva, que no ha aportado a mejorar la seguridad, consolidar del control territorial y construir confianza ciudadana.
Estos asuntos exigen una fórmula de gestión de la seguridad, convivencia y justicia que responda a estrategias, acciones o adquisiciones cuya materialización dependa principalmente de la voluntad y la decisión de la máxima autoridad distrital.
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En este sentido el análisis de las promesas de seguridad, convivencia y justicia incluidas en los programas de gobierno inscritos para esta contienda electoral deja algunas preocupaciones, dado que en su mayoría responden a acciones que dependen de terceros en el ecosistema de seguridad, convivencia y justicia.
Es el caso del déficit de pie de fuerza, que en la gran mayoría buscan solucionar con base en acciones que no están bajo su control. También están las tradicionales promesas de comando y operaciones, que no están bajo el control de un alcalde, así como la redefinición del despliegue policial, integración de nuevas unidades especializadas, creación de servicios policiales, definición de capacidades de inteligencia e investigación, entre otras.
Si bien estas son lógicas, y en muchos casos responden a los desafíos que enfrenta la ciudad, hay que tener claro que su viabilidad depende de la voluntad de un Gobierno nacional que carece de visión urbana de la seguridad. La única forma de que se materialicen es si el alcalde y el director de la Policía Nacional coinciden en su necesidad.
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Hay muchas más promesas que no consideran las limitaciones del mandato local como la financiación de fiscales, el reordenamiento de dispositivos policiales, la asignación de civiles a la operatividad policial. Otras que no son funcionales como las bonificaciones por permanencia, que enfrentan las mismas restricciones de sostenibilidad que las becas policiales de la alcaldesa López.
Las que dependen del trabajo del alcalde y de su equipo, aunque minoritarias son las que mayor impacto prometen: coordinación interagencial y entre niveles de gobierno ampliación de la oferta de justicia no formal, mecanismos de resolución de conflictos y protección, programas de prevención de reincidencia y reclutamiento.
Sumadas a las anteriores, la recuperación del espacio público y entornos de transporte, el fortalecimiento tecnológico para apoyar a la Policía y la rama judicial, así como el desarrollo de capacidades propias para la identificación del sistema de crimen local, son ejemplos de la comprensión precisa del rol de un alcalde en esta dimensión.
El último periodo de gestión urbana de la seguridad en Bogotá deja muchas lecciones sobre los factores que potencian el descontento ciudadano frente a la seguridad y la ley. Tal vez una que reúne la gran mayoría es que el rol de un alcalde en seguridad, convivencia y justicia se define con dos palabras: gerencia y control.
Gerencia, porque provee de capacidades a los actores del ecosistema de seguridad urbana para proteger los ciudadanos y garantizar el imperio de la ley, velando por su uso pertinente, eficiente y eficaz. También porque su mandato y conocimiento de la ciudad le permiten dictar el marco estratégico y situacional impulsando una visión común y compartida sobre estabilidad y seguridad.
Pero quizás lo más importante es porque a través de su acción de gobierno debilita los factores generadores de crimen, violencia e incivilidades relacionados con asuntos como el espacio y el saneamiento público, movilidad, educación, empleo, inclusión de población vulnerable, entre muchos otros.
Por su parte, el control garantiza que la gerencia no pierda trascendencia por cuenta de una condición de sumisión o subordinación al Gobierno nacional o a los componentes del ecosistema de seguridad urbana. Este se fundamenta en el uso del seguimiento, monitoreo y evaluación de amenazas y condiciones del ambiente urbano para la gestión de factores críticos o riesgos basada en las necesidades de los ciudadanos.
Gerencia y control le ofrecen al alcalde capacidades para impulsar el imperio de la Ley, y defender los derechos y libertades de los ciudadanos, con base en un esfuerzo institucional coordinado, librando a la gestión de la seguridad de intereses politiqueros, ideológicos o criminales.
La recuperación de la seguridad y la confianza en la ciudad-región demanda líderes con capacidad de entender el valor estratégico de gerenciar y controlar, que no abandonen el mandato local por anhelar el poder nacional.