Opinión: Hambre, una amenaza silenciosa en Bogotá
Mientras se debate sobre los efectos de la reforma tributaria, millones de personas en Colombia pasan hambre. La sociedad colombiana durante años ha preferido mirar para otro lado que poner en el centro de la agenda pública un problema que no solo afecta a los más vulnerables.
Fernando Rojas Parra
Hace unos meses la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) incluyó a Colombia entre los países en riesgo de situación de hambre, algo que generó una airada reacción de parte del gobierno del presidente Iván Duque.
Claro, a nadie le gusta estar en esa lista. Sin embargo, la indignación política fue usada como cortina de humo para no reconocer una terrible realidad que varias entidades venían confirmando.
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Para la FoodFirst Information and Action Network (FIAN) la inseguridad alimentaria en los hogares colombianos alcanza un 54,2 % para el total nacional y 64,1 % para las áreas rurales. El Banco Mundial, por su parte, en 2020 señaló que 2,8 millones de personas en Colombia no pudieron satisfacer sus necesidades alimenticias.
Según el DANE, en el país los hogares que consumían tres comidas al día pasaron de 90% a 70%. Como si eso fuera poco, OCDE calculó que mientras que los precios de la comida en Colombia han subido 26%, el salario mínimo subió cerca del 10%.
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La imposibilidad de personas de diferentes sectores de garantizar su alimentación es un problema de enormes proporciones. Por un lado, por los efectos negativos del hambre en el desarrollo humano. Por el otro, por los efectos sociales que está teniendo en los hogares colombianos una crisis económica de origen local, pero agravada por la inestabilidad en el contexto internacional.
A esto hay que agregar que millones de personas en Colombia aún no se recuperan del impacto social y económico de la pandemia.
A comienzos de 2022, el 34% de quienes respondieron a la encuesta de Bogotá Cómo Vamos manifestó haber dejado de comer por lo menos una vez al día. Al detallar más los resultados, las localidades del suroriente y el suroccidente de Bogotá son las zonas donde más personas se han visto afectadas por esta situación.
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Y es que la comida está cara. Hace dos años un huevo valía $350, pero hoy vale entre $700 y $900. En noviembre del año pasado un litro de leche valía $3.300; doce meses después está en $4.200; un kilo arroz costaba $2.500, pero hoy vale $3.900. El plátano, la papa, la alverja, el fríjol, la carne, el pollo, y muchos otros alimentos básicos están por las nubes.
Conversando con Hernán Daría Correa y Juan Carlos Morales, en Planeta Bogotá queda claro que el hambre no es un problema nuevo. Por el contrario, han sido años en que investigadores y organizaciones sociales han llamado la atención, pero con poco eco en las administraciones de turno.
El gobierno del presidente Petro ha hablado sobre la necesidad de garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, algo en lo que todos estamos de acuerdo. Cómo se hará realidad, es donde está el desafío. Apoyar a los campesinos y fortalecer la producción de alimentos, mejorar la infraestructura para facilitar la conexión entre productor y consumidor, abaratar los insumos, entre otras medidas, será fundamental.
Para lograrlo se necesita tiempo, plata y capacidad de ejecución. La pregunta del millón es qué hará el estado en el entretanto, porque el hambre es una amenaza silenciosa que no da tregua y que genera muerte.
Hace unos meses la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) incluyó a Colombia entre los países en riesgo de situación de hambre, algo que generó una airada reacción de parte del gobierno del presidente Iván Duque.
Claro, a nadie le gusta estar en esa lista. Sin embargo, la indignación política fue usada como cortina de humo para no reconocer una terrible realidad que varias entidades venían confirmando.
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Para la FoodFirst Information and Action Network (FIAN) la inseguridad alimentaria en los hogares colombianos alcanza un 54,2 % para el total nacional y 64,1 % para las áreas rurales. El Banco Mundial, por su parte, en 2020 señaló que 2,8 millones de personas en Colombia no pudieron satisfacer sus necesidades alimenticias.
Según el DANE, en el país los hogares que consumían tres comidas al día pasaron de 90% a 70%. Como si eso fuera poco, OCDE calculó que mientras que los precios de la comida en Colombia han subido 26%, el salario mínimo subió cerca del 10%.
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La imposibilidad de personas de diferentes sectores de garantizar su alimentación es un problema de enormes proporciones. Por un lado, por los efectos negativos del hambre en el desarrollo humano. Por el otro, por los efectos sociales que está teniendo en los hogares colombianos una crisis económica de origen local, pero agravada por la inestabilidad en el contexto internacional.
A esto hay que agregar que millones de personas en Colombia aún no se recuperan del impacto social y económico de la pandemia.
A comienzos de 2022, el 34% de quienes respondieron a la encuesta de Bogotá Cómo Vamos manifestó haber dejado de comer por lo menos una vez al día. Al detallar más los resultados, las localidades del suroriente y el suroccidente de Bogotá son las zonas donde más personas se han visto afectadas por esta situación.
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Y es que la comida está cara. Hace dos años un huevo valía $350, pero hoy vale entre $700 y $900. En noviembre del año pasado un litro de leche valía $3.300; doce meses después está en $4.200; un kilo arroz costaba $2.500, pero hoy vale $3.900. El plátano, la papa, la alverja, el fríjol, la carne, el pollo, y muchos otros alimentos básicos están por las nubes.
Conversando con Hernán Daría Correa y Juan Carlos Morales, en Planeta Bogotá queda claro que el hambre no es un problema nuevo. Por el contrario, han sido años en que investigadores y organizaciones sociales han llamado la atención, pero con poco eco en las administraciones de turno.
El gobierno del presidente Petro ha hablado sobre la necesidad de garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, algo en lo que todos estamos de acuerdo. Cómo se hará realidad, es donde está el desafío. Apoyar a los campesinos y fortalecer la producción de alimentos, mejorar la infraestructura para facilitar la conexión entre productor y consumidor, abaratar los insumos, entre otras medidas, será fundamental.
Para lograrlo se necesita tiempo, plata y capacidad de ejecución. La pregunta del millón es qué hará el estado en el entretanto, porque el hambre es una amenaza silenciosa que no da tregua y que genera muerte.