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La aprobación en primer debate del proyecto de acuerdo que autoriza el ingreso del Distrito Capital a la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, es una gran noticia para los bogotanos y para los cundinamarqueses. En breve, le corresponderá pronunciarse a la plenaria del Concejo Distrital. La Asamblea de Cundinamarca, meses atrás, ya aprobó el ingreso del departamento.
Aun cuando respetable, la postura negativa de un concejal distrital y un diputado departamental al momento de votar esta decisión regional, me cuesta comprenderla. No se advierten razones de peso para negarle a 7,181 millones de bogotanos y a 2,919 millones de cundinamarqueses (datos censo 2018) la oportunidad de organizarse institucionalmente para enfrentar de manera conjunta el desarrollo social, económico, cultural y ambiental de la región. Bogotá necesita de Cundinamarca y los cundinamarqueses necesitan de su capital institucionalmente.
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Son muchos y varias generaciones de cundinamarqueses beneficiados por la oferta educativa, de salud, cultural y laboral de la Ciudad Capital. Igualmente, los bogotanos, todos, se benefician día a día de la oferta y servicios ambientales, agropecuarios y recreativos que los municipios cundinamarqueses prestan a la capital de los colombianos y de los cundinamarqueses.
No existe justificación de peso alguna para negar esta realidad e impedir que institucionalmente Bogotá y los municipios del departamento gestionen de manera conjunta su ordenamiento territorial, sus servicios públicos y la gestión de sus recursos naturales y protección del ambiente, entre otros. Los 45 concejales capitalinos tienen en breve la inmensa responsabilidad de asegurar que Bogotá pueda ingresar a esta Región Metropolitana y, cumplido ello, los municipios del departamento seguramente harán lo propio. Sin el ingreso de la Ciudad Capital, la Región Metropolitana está condenada al fracaso.
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La reserva que ha expresado la ministra de ambiente, Susana Muhamad, y su petición a la alcaldesa Claudia López, en el sentido de que retire el proyecto de acuerdo aprobado en primer debate, es descomedida -por decirlo menos- y constituye una indebida intromisión de la ministra en los asuntos del Distrito Capital.
La ministra procura exigir que para la creación de la Región Metropolitana y decisión de cada integrante debe efectuarse una consulta previa en los territorios donde se hallen asentados pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, raizales y palenqueras, así́ como el pueblo ROM (gitano). Al respecto, la Corte Constitucional ha sido más que directa y contundente: en el presente caso no se requiere.
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Lo que sí está en la obligación de escuchar y resolver la ministra Mohamad, como cabeza del sector ambiental, son las no pocas voces de inconformidad por la politización y corrupción de las corporaciones autónomas regionales que se ha puesto de presente con ocasión de la discusión de la creación de la Región Metropolitana Bogotá- Cundinamarca. La concejal de Bogotá, Marisol Gómez, le pidió a la ministra, liderar la transformación de las CAR “para excluirlas de intereses políticos y corruptos”.
De esta manera, será el concejo distrital en el marco de su autonomía e independencia constitucionalmente garantizada quién en plenaria decida el ingreso de Bogotá a la región Metropolitana, y corresponderá a la ministra Mohamad propiciar la necesaria e inaplazable discusión y debate sobre la efectividad y futuro de las CAR en la administración de los recursos naturales y la protección del ambiente, así como el poco efectivo ejercicio de la autoridad ambiental.