La densificación y crecimiento de las áreas urbanas, así como la necesidad de mantenerse integradas con las áreas rurales colindantes para generar una dinámica de sostenibilidad y desarrollo acorde con las demandas de servicios de sus habitantes, ha hecho que el transporte se convierta en un problema central de la vida de ciudad.
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El debate público sobre el transporte se centra, principalmente, en la disponibilidad de medios, calidad de los servicios, eficiencia, cobertura y accesibilidad, impacto ambiental, barreras de acceso, para poner unos ejemplos.
En lo que respecta a la seguridad, la discusión sobre los asuntos relacionados con el transporte se asocia al impacto de los fenómenos criminales y delincuenciales en medios y espacios que definen los diferentes servicios y usos de movilidad de los ciudadanos.
Sin embargo, respecto a la siniestralidad de esos mismos usuarios, la discusión es poca y desinformada.
De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los accidentes de tráfico le cuestan cerca del 3% del PIB a los países de la región. Desde 2010, con la diversificación de medios de transporte, las muertes de usuarios han presentado una tendencia al alza, siendo los motociclistas los mayores jalonadores.
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En el periodo enero – octubre de 2023, en Colombia, se han registrado más de 6.000 muertos y 21.000 lesionados, de acuerdo con el observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y un costo superior a 4 billones de pesos para el sector salud y asegurador derivados de estos.
En Bogotá se registran más de 13 millones de viajes diarios en una red de transporte diversa y compleja. De acuerdo con Medicina Legal, esta mega operación de transporte, entre enero y agosto de 2023, dejó como resultado 402 muertes y 3.550 lesionados.
La mayoría de las víctimas mortales ocurrieron en segmentos de vía en las localidades de Kennedy, Engativá, Bosa, Suba y Puente Aranda, mientras que, en las localidades de La Candelaria, Chapinero, Antonio Nariño y Santa Fe se presentaron el menor número de casos.
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Estas fatalidades en el transporte fueron mayoritariamente el resultado de la desobediencia de las señales de tránsito y el exceso de velocidad. No obstante, la información que describe este fenómeno cuenta con un alto número de registros sin caracterización.
El mayor número de víctimas lo ofrecen las motocicletas y las bicicletas, dos medios de transporte cuyo uso se expande, mientras que la malla vial sigue retrasada en su evolución. Los peatones representan el otro gran grupo de víctimas de la inseguridad vial.
En lo que respecta a lesionados, las localidades con mayor afectación son Kennedy, Engativá, Bosa, Suba y Fontibón. Aquellas donde el riesgo es menor, de acuerdo con los registros, son Santa Fe, Antonio Nariño, Barrios Unidos y La Candelaria.
Las lesiones son resultado de accidentes con vehículos y bicicletas, a lo que se suma aproximadamente un 10% del total de los eventos relacionados con el uso del servicio del transporte público.
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Más allá de estos valores fríos y considerablemente altos, el peso catastrófico de este asunto con poca cabida en la conversación pública es la destrucción permanente y naturalizada de familias, proyectos de vida y la competitividad de las ciudades.
Es por esta razón que las administraciones locales, en particular la Alcaldía de Bogotá debe intensificar sus esfuerzos en la promoción de la discusión pública sobre el mejoramiento de la seguridad vial, si quiere hacer de la ciudad un espacio confiable para sus ciudadanos y su desarrollo económico.
Si bien la ciudad cuenta con un plan de seguridad dirigido a mejorar el comportamiento seguro de los actores viales, el conocimiento y cumplimiento de las normas, garantizar la vigencia de las reglas de movilidad, evaluar la seguridad de infraestructura y transporte, así como la atención integral a las víctimas, el número de eventos catastróficos ocurridos amerita identificar sus debilidades.
En ese sentido, resulta de la mayor importancia hacer una evaluación de los programas y recursos dirigidos al desarrollo de las áreas de acción del sistema de seguridad vial planteado en el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022 – 2031.
Construir seguridad vial es un asunto de responsabilidad compartida. Por tal razón, el trabajo desarrollado por las autoridades debe ser acompañado por un esfuerzo cívico y del sector privado para el impulso de un pacto ciudadano por una movilidad segura, confiable y compartida.
Un pacto a partir del cual se desarrollen programas para que los bogotanos conozcan sus derechos, deberes, responsabilidades, riesgos y contribuciones para proteger la vida e integridad de los ciudadanos que se transportan por la ciudad, generando una cultura con potencialidad de mejorar el estado catastrófico de la movilidad.
Gerencia, educación y conciencia vial son elementos claves para recuperar la seguridad y la confianza en la ciudad. Una apuesta dirigida a demostrar que todos podemos vivir y convivir de manera segura en la misma ciudad.
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