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Confieso que lo primero que hago cuando leo una noticia sobre un criminal capturado es calcular la edad de la persona. La demografía del crimen es compleja; grandes capos han sido capturados teniendo más de 50 años; titulares de noticieros anuncian la captura de jóvenes de 25 años, y todas las semanas vemos en las noticias jóvenes de 18 años tras las rejas.
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No existe edad ideal para entrar al mundo del crimen, de hecho, la esperanza de vida al interior de una banda ilegal es incierta. Hay personas que duran días y hay quienes duran toda su vida. Muchos de los que ingresan a esta vida tienen algo en común: iniciaron sus actividades ilegales siendo jóvenes. Esto es precisamente lo que me atormenta, ¿por qué hay jóvenes que ingresan a una banda criminal?
Está suficientemente documentado que una de las principales razones es el reclutamiento forzado. De acuerdo con el Centro de Memoria Histórica, más de 16 mil jóvenes han sido reclutados ilegalmente desde 1962. Parte de los combatientes han alzado un arma no por decisión sino por obligación.
Otra de las explicaciones recae en la extrema vulnerabilidad. Voy a explicar este caso con dos ejemplos. Desde hace varios días hemos visto cómo la banda de la Inmaculada en Tuluá ha desatado el terror en este municipio. Durante los últimos días la fuerza pública ha capturado a varios de sus integrantes, muchos de ellos no pasan de los 18 años, incluso, hay quienes aseguran que la mayoría de los sicarios de esta organización no supera la mayoría de edad.
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Y a finales del año pasado fuimos testigos de una de las capturas más esperadas, la Policía dio con alias “Satanás”, el líder de una de las bandas más temidas en la capital. Tenía 30 años al momento de su captura, lo increíble de su caso es que inició a delinquir a los 14 años.
¿Qué tienen en común los jóvenes capturados en Tuluá y alias “Satanás”?
En Colombia la lotería de la cuna es una realidad. Parte del éxito a lo largo de la vida de un colombiano está determinado, desafortunadamente, por su lugar de nacimiento; la educación de la madre y el padre, y la pertenencia étnica. La probabilidad de conseguir un buen trabajo entre un joven proveniente de un municipio del Chocó y uno proveniente de Medellín no es la misma. Pueden tener el mismo coeficiente intelectual y, aun así, el de Medellín tendría más probabilidades.
Ante esta situación el Estado tiene la obligación de nivelar la cancha, gran parte de las inversiones del Estado están dirigidas precisamente a cerrar las brechas entre las regiones y lograr una convergencia regional. Hay una brecha en particular que es necesario atender de forma prioritaria. No es lo mismo un joven que vive en un territorio con conflicto y uno que no, y no es lo mismo un joven de Barranquilla, que vive en un barrio asediado por pandillas, a uno que no.
Cuando un joven vulnerable, que tiene varias privaciones sociales, vive en un territorio de conflicto sus probabilidades de éxito disminuyen y, peor aún, las probabilidades de entrar al crimen aumentan. Colombia es uno de los países con mayor cantidad de “Ni-Nis”, jóvenes entre los 18 y 28 años, que ni estudian ni trabajan. La frustración juvenil hoy es enorme y va en aumento.
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Las decisiones de un joven vulnerable que no encuentra camino para estudiar y/o trabajar no siempre serán las mejores. La ansiedad no es una buena consejera. Las bandas criminales buscan ampliar su territorio y para hacerlo constantemente buscan personas que se sumen a sus filas. Los jóvenes frustrados y vulnerables que intentan e intentan, pero no consiguen avanzar, ven en esta vida, no solo el camino fácil, sino el único camino que les queda. Este tipo de jóvenes de hoy pueden ser los capos de mañana.
Atender a los jóvenes vulnerables en riesgo por ingresar y caer en estructuras ilegales no da espera. No es suficiente darles una transferencia monetaria, es importante atender sus vulnerabilidades, crear redes de apoyo, atender el riesgo psicosocial, crear una ruta de generación de ingresos y de acceso a la educación. No basta con girar recursos, estos jóvenes necesitan cuanto antes una mano amiga que crea en ellos, que no los estigmatice, que les brinde una segunda oportunidad. En los más de 300 municipios con presencia de actores ilegales lo que hay, antes que actores ilegales, es talento juvenil.
Al año son capturados más de 186 mil jóvenes. Los alcaldes y gobernadores pueden ayudar a reducir esta cifra. Sus programas de inclusión social deben atender prioritariamente a esta población. El programa de Parceros en Bogotá es un buen punto de partida.
