Opinión: Justicia para crear seguridad

La Alcaldía de Bogotá convocó una cumbre judicial que al final dejó como resultado el compromiso de impulsar iniciativas legislativas contra obstáculos a la aplicación de la ley; mejoras en los procesos de judicialización de capturas en flagrancia; y el perfeccionamiento de mecanismos de abreviación y agilización de procesos para una justicia más efectiva.

Transformar y mejorar el servicio de justicia demanda una articulación precisa y comprometida entre las diferentes ramas del poder público, así como una coordinación e integración fina entre las agencias estatales para su ejecución, un atributo que la institucionalidad colombiana aun no logra desarrollar.

Siendo así las cosas y en este contexto de año electoral e ideologización de la función básica estatal de provisión del orden y aplicación de la ley, difícilmente alguno de esos anuncios se materializará. No obstante, mientras se alinean las voluntades en esos asuntos es posible avanzar en acciones en otras dimensiones que permitan atender el desafío de aplicar las normas actuales y motivar a los operadores de justicia a cumplir sus deberes.

La investigación criminal es el alma de la lucha contra el crimen y la violencia. Sin una capacidad real de esclarecimiento de delitos que permita en el menor tiempo posible dar con los actores y factores responsables de la victimización de un ciudadano y el deterioro del clima social, las leyes serán nada más que un saludo a la bandera.

En Colombia la tasa de esclarecimiento de homicidios de la Fiscalía General de la Nación ha oscilado entre 26 y 28 casos por cada 100 durante el ultimo lustro. En el caso del hurto -con y sin violencia- la resolución de los casos a duras penas ha alcanzado 7 de cada 100 casos. En medio de la revolución tecnológica, el éxito en el proceso probatorio de delitos informáticos no pasa del 1%.

Superar este estado de inutilidad exige un mejoramiento de capacidades humanas y técnicas que puedan incorporar el análisis de datos, la inteligencia artificial y otras tecnologías de la información que aprovechen la inmensa huella digital que todos los ciudadanos dejan en su vida cotidiana.

Hoy en día el uso ampliado de las tecnologías de la información ofrece inmensas oportunidades para la aplicación de la Ley. Una estrategia que comprenda esto transformada en capacidades dedicadas al desarrollo de líneas de investigación especializadas dejaría de dar relevancia a los calanchines para ponerla en los capos, la estructura criminal y la fenomenología del delito.

De otra parte está la inexistencia de un sistema penitenciario y carcelario útil para la sociedad y la seguridad. Para la mayoría de los colombianos estos establecimientos deben responder generalmente a un imaginario de mazmorras donde se paga el daño hecho a la sociedad, un lugar de venganza.

Sin embargo el sistema jurídico y de derechos de Colombia no esta basado en un principio de penas perpetuas ni de castigos eternos, razón por la cual la mayoría de los reclusos volverá a encontrarse con la sociedad tarde que temprano. No comprender que estos establecimientos más que maquinas de castigo son espacios para la resocialización y reintegración de quienes tomaron la vía del crimen y la violencia, asegurará su perpetuación.

Atender de manera efectiva los desafíos que nos supone el deterioro de la seguridad ciudadana exige comprender que las cárceles son lugares clave para resolver los crímenes, identificar las claves la mala convivencia y el desprecio por las leyes en nuestra sociedad y rescatar a las personas del ejercicio de la violencia y el desprecio por la ley. Son el laboratorio para la identificación del ADN del crimen y la violencia. Donde se creen medidas curativas que nos permitan superar el ciclo eterno de crimen y violencia.

Punto aparte para la infraestructura. En lo corrido del año la Fiscalía emitió más de 20.000 medidas de aseguramiento, mientras que el hacinamiento promedio en las cárceles a cargo de la nación se mueve siempre arriba del 40%.

El problema no solo es la falta de espacios, también la calidad de estos. Mientras no se comprenda que en la arquitectura y diseño funcional de estos establecimientos está parte del debilitamiento de las “universidades del crimen”, será un fracaso la resocialización y la reintegración. No hay que olvidar que tan importante como el cumplimiento de la pena, es el reingreso del recluso en la sociedad.

Abordar la aplicación de la justicia de manera integral es un desafío para los gobernantes del país en todos sus niveles y ramas. La incomprensión de sus elementos encadenados garantizará el fracaso del servicio de justicia y perpetuará la inseguridad.

La Alcaldía de Bogotá convocó una cumbre judicial que al final dejó como resultado el compromiso de impulsar iniciativas legislativas contra obstáculos a la aplicación de la ley; mejoras en los procesos de judicialización de capturas en flagrancia; y el perfeccionamiento de mecanismos de abreviación y agilización de procesos para una justicia más efectiva.

Transformar y mejorar el servicio de justicia demanda una articulación precisa y comprometida entre las diferentes ramas del poder público, así como una coordinación e integración fina entre las agencias estatales para su ejecución, un atributo que la institucionalidad colombiana aun no logra desarrollar.

Siendo así las cosas y en este contexto de año electoral e ideologización de la función básica estatal de provisión del orden y aplicación de la ley, difícilmente alguno de esos anuncios se materializará. No obstante, mientras se alinean las voluntades en esos asuntos es posible avanzar en acciones en otras dimensiones que permitan atender el desafío de aplicar las normas actuales y motivar a los operadores de justicia a cumplir sus deberes.

La investigación criminal es el alma de la lucha contra el crimen y la violencia. Sin una capacidad real de esclarecimiento de delitos que permita en el menor tiempo posible dar con los actores y factores responsables de la victimización de un ciudadano y el deterioro del clima social, las leyes serán nada más que un saludo a la bandera.

En Colombia la tasa de esclarecimiento de homicidios de la Fiscalía General de la Nación ha oscilado entre 26 y 28 casos por cada 100 durante el ultimo lustro. En el caso del hurto -con y sin violencia- la resolución de los casos a duras penas ha alcanzado 7 de cada 100 casos. En medio de la revolución tecnológica, el éxito en el proceso probatorio de delitos informáticos no pasa del 1%.

Superar este estado de inutilidad exige un mejoramiento de capacidades humanas y técnicas que puedan incorporar el análisis de datos, la inteligencia artificial y otras tecnologías de la información que aprovechen la inmensa huella digital que todos los ciudadanos dejan en su vida cotidiana.

Hoy en día el uso ampliado de las tecnologías de la información ofrece inmensas oportunidades para la aplicación de la Ley. Una estrategia que comprenda esto transformada en capacidades dedicadas al desarrollo de líneas de investigación especializadas dejaría de dar relevancia a los calanchines para ponerla en los capos, la estructura criminal y la fenomenología del delito.

De otra parte está la inexistencia de un sistema penitenciario y carcelario útil para la sociedad y la seguridad. Para la mayoría de los colombianos estos establecimientos deben responder generalmente a un imaginario de mazmorras donde se paga el daño hecho a la sociedad, un lugar de venganza.

Sin embargo el sistema jurídico y de derechos de Colombia no esta basado en un principio de penas perpetuas ni de castigos eternos, razón por la cual la mayoría de los reclusos volverá a encontrarse con la sociedad tarde que temprano. No comprender que estos establecimientos más que maquinas de castigo son espacios para la resocialización y reintegración de quienes tomaron la vía del crimen y la violencia, asegurará su perpetuación.

Atender de manera efectiva los desafíos que nos supone el deterioro de la seguridad ciudadana exige comprender que las cárceles son lugares clave para resolver los crímenes, identificar las claves la mala convivencia y el desprecio por las leyes en nuestra sociedad y rescatar a las personas del ejercicio de la violencia y el desprecio por la ley. Son el laboratorio para la identificación del ADN del crimen y la violencia. Donde se creen medidas curativas que nos permitan superar el ciclo eterno de crimen y violencia.

Punto aparte para la infraestructura. En lo corrido del año la Fiscalía emitió más de 20.000 medidas de aseguramiento, mientras que el hacinamiento promedio en las cárceles a cargo de la nación se mueve siempre arriba del 40%.

El problema no solo es la falta de espacios, también la calidad de estos. Mientras no se comprenda que en la arquitectura y diseño funcional de estos establecimientos está parte del debilitamiento de las “universidades del crimen”, será un fracaso la resocialización y la reintegración. No hay que olvidar que tan importante como el cumplimiento de la pena, es el reingreso del recluso en la sociedad.

Abordar la aplicación de la justicia de manera integral es un desafío para los gobernantes del país en todos sus niveles y ramas. La incomprensión de sus elementos encadenados garantizará el fracaso del servicio de justicia y perpetuará la inseguridad.