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La agenda nacional del 2025 estará marcada por el inicio de la campaña electoral de 2026. Será un año lleno de confrontaciones en el que el Gobierno Nacional tratará de dar un último impulso a las reformas que lleva más de 2 años tramitando pero que, por falta de búsqueda de consensos, están paralizadas. El presidente Petro estará concentrado en el debate político, le contestará cada tuit a los medios de comunicación, a cada opositor político y, sin duda, tratará de poner el ritmo de la campaña para escoger a su sucesora o sucesor.
Mientras se da ese debate nacional, que seguramente se llevará todos los reflectores como lo hizo en el 2024, ¿cuáles serán los temas de la agenda de Bogotá y la Región en este 2025? Sin duda se seguirá hablando del metro, del avance de algunas obras de infraestructura, de los trancones, etc. Pero cuatro temas deberían ser los que pongan la pauta y en los que las administraciones de Bogotá, Cundinamarca y los municipios de la Sabana deberían concentrarse.
En primer lugar, la seguridad estará en la agenda de este año. La administración de Bogotá se eligió principalmente bajo esta bandera. No en vano, tanto su programa de gobierno como el Plan de Desarrollo se llaman “Bogotá Camina Segura”. Durante los primeros meses del Gobierno de Carlos Fernando Galán, las comunicaciones de todas las entidades hacían alusión a este mensaje. Sin embargo, pareciera que rápidamente se decidió que la estrategia se debía reorientar y no se volvió a mencionar este “eslogan” y se pasó a “Bogotá mi ciudad, mi casa”, como una alusión a una campaña de cultura ciudadana a la que, incluso, también le falta mostrar resultados reales.
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Las cifras del 2024 no son las esperadas. El homicidio en la capital subió 11%, siendo el año más violento de los últimos 8. La extorsión, especialmente a comerciantes, está disparada creciendo por encima del 70%. Los feminicidios en la ciudad están aumentando cerca del 29%. Definitivamente, las mujeres no caminan seguras. Sin duda, el alcalde Galán y su secretario de seguridad deben concentrarse en este asunto. No hay excusas, el Concejo de Bogotá aprobó el presupuesto que la administración solicitó. Ojalá reviertan estas tendencias.
De otro lado, el desabastecimiento del agua también resulta crítico. Este tema marcó el 2024 y seguirá estando vigente, básicamente porque aún no se tiene un plan de mediano y largo plazo para afrontar de raíz el problema. El racionamiento que vivimos casi todo el año ha tenido un solo efecto: “echar la pelota hacia adelante”. No es culpa de la administración distrital que no llueva, pero sí es su responsabilidad definir una política más allá del racionamiento, o si en definitiva esta será la única medida con la que tendremos que convivir por siempre.
Un tercer asunto -muy técnico y con enormes consecuencias para el futuro de Bogotá y los municipios vecinos-, será la discusión de la ley de competencias que se tendrá que tramitar debido a la modificación del Sistema General de Participaciones. Durante el 2024, dicha reforma constitucional causó revuelo por considerar que pondría en jaque las finanzas del Estado. Finalmente, su vigencia se condicionó a la expedición de una ley que defina las competencias que asumen los municipios y la Nación. Este será un proyecto de consensos muy complejos, más aún durante su trámite de aprobación en el Congreso. Definir con exactitud y no con palabras inocuas o ambiguas las tareas concretas que serán responsabilidad de las entidades territoriales, es el gran reto.
Los municipios de la región, y especialmente Bogotá, deberían tener una voz potente en esta discusión. La capital tiene unas capacidades enormes e incomparables y debe dar el debate para buscar la mayor cantidad de delegaciones funcionales que pueda, por ejemplo, en asuntos de educación superior y servicios de salud.
Por último, un asunto de suma importancia para el desarrollo de la Sabana de Bogotá y de los municipios vecinos es la enorme transformación del ordenamiento territorial que están reglamentando los Ministerios de Ambiente y Agricultura. En el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Petro, se modificó la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial para incluir como determinante de superior jerarquía la seguridad alimentaria.
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Bajo esta figura, el Gobierno Nacional busca declarar como Zona de Protección para la Producción de Alimentos, la Provincia Sabana Centro del departamento de Cundinamarca que incluye a municipios como Chía, Cota, Sopo, Cajicá y 6 más. El Ministerio de Agricultura tiene listo el proyecto de Resolución. Si se toma esta decisión, en el futuro se podría limitar el uso del suelo de millones de hectáreas de la sabana exclusivamente para producción agrícola, pasando por encima de la autonomía de los municipios y su facultad para determinar el uso de suelo en sus territorios.
La decisión podrá poner en riesgo jurídico a cientos de personas y empresas que hoy se encuentran ejerciendo diferentes labores comerciales e industriales en la Región. Esta es una medida que no puede desconocer a las entidades territoriales, dado que tiene enormes consecuencias jurídicas y que las administraciones locales deberían tener como prioridad. Será una discusión jurídica enorme que vale la pena analizar en detalle en una próxima columna. Es indispensable incluir en la discusión a la Región Metropolitana, que debe expedir este año el Plan Estratégico de Ordenamiento, en cumplimiento de sus competencias constitucionales.
Serán entonces muchos los temas del 2025. Seguramente, una vez más, el foco estará en la discusión nacional, pero las autoridades de Bogotá y la sabana, así como sus habitantes, deberíamos estar pendientes de estos 4 temas que afectarán nuestro presente y sin duda, marcarán un futuro para la Región que produce cerca del 33% del PIB nacional.
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