Opinión: La defensa de intereses particulares

La contrarreforma a la salud presentada por los partidos Liberal, Conservador y de la U que hacen parte de la coalición de gobierno, propone eliminar la integración vertical asegurador prestador, lo que significa que el asegurador no puede ser propietario de clínicas y hospitales, y si lo es tiene que venderlos o cerrarlos.

Lea: Decretan alerta naranja y calamidad pública en Soacha por fuertes lluvias.

Es una medida tan exótica como absurda que no tiene precedentes a nivel mundial. Desconoce que fue precisamente gracias a los aseguradores que se logró construir hospitales donde no los había y que hoy sigue siendo una alternativa para hacerlo. Esto facilitó reducir la brecha de acceso a servicios en lo que el Estado demostró su incapacidad y al sector prestador no le interesó por su baja rentabilidad.

Oponerse a que los aseguradores posean clínicas y hospitales no es algo nuevo. Desde el inicio de los seguros sociales en 1945 corporaciones privadas de salud en todo el mundo se resistieron a su creación, como ocurrió en países como Inglaterra, Estados Unidos, Costa Rica y Colombia.

La razón ha sido y sigue siendo la misma. Consideran que el asegurador impondría condiciones de atención y precios en aras de controlar los costos, que podrían interferir con la independencia en la relación del médico con su paciente. Se esgrimía que ello podría llegar a afectar la calidad del servicio, algo que nunca ha podido ser demostrado con claridad. En el fondo había una defensa del negocio y de la posibilidad de que alguien más pudiese competirles, aunque no dicho de manera explícita.

Lea también: ¿A qué le debe apuntar la encuesta de Movilidad Bogotá-Cundinamarca 2023?

Hoy no tiene sentido aplicar indiscriminadamente esta medida en toda Colombia, donde existe consenso acerca de la insuficiencia e inoperancia de muchos servicios y en varias regiones. Más bien, el país debería comenzar por definir con claridad qué servicios y en qué lugares hacen falta para que antes que prohibir, se estimule o se exija al asegurador a que cree la infraestructura que no existe y se requiere donde tiene sus afiliados so pena de quitárselos.

Convendría que esto fuese parte de un plan para fortalecer los servicios en las ciudades intermedias y pequeñas que es donde mayor falta hacen, contrarrestando su concentración en unas pocas ciudades que obligan a que la gente deba incurrir en costosos desplazamientos que retardan los tratamientos. Debería hacerse en alianza con universidades y hospitales padrinos de reconocida calidad que además ayuden a formar el talento humano que hace falta.

Puede interesarle: Bogotá: IDU anuncia cierre de licitaciones de dos tramos de la nueva calle 13.

En la financiación de este plan de mejoramiento de infraestructura y operación de servicios de salud, se debería poder utilizar la UPC como fuente de largo plazo que facilite conseguir los recursos necesarios de los que hoy no se dispone, complementados con los que el Gobierno Nacional pudiese destinar para tal fin. Inglaterra es un buen ejemplo de esta modalidad.

Avanzar en la solución de los problemas que hoy aquejan al sistema de salud requiere de sensatez, que comienza por anteponer el interés general sobre el de unos pocos, por muy legítimo que sea.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

La contrarreforma a la salud presentada por los partidos Liberal, Conservador y de la U que hacen parte de la coalición de gobierno, propone eliminar la integración vertical asegurador prestador, lo que significa que el asegurador no puede ser propietario de clínicas y hospitales, y si lo es tiene que venderlos o cerrarlos.

Lea: Decretan alerta naranja y calamidad pública en Soacha por fuertes lluvias.

Es una medida tan exótica como absurda que no tiene precedentes a nivel mundial. Desconoce que fue precisamente gracias a los aseguradores que se logró construir hospitales donde no los había y que hoy sigue siendo una alternativa para hacerlo. Esto facilitó reducir la brecha de acceso a servicios en lo que el Estado demostró su incapacidad y al sector prestador no le interesó por su baja rentabilidad.

Oponerse a que los aseguradores posean clínicas y hospitales no es algo nuevo. Desde el inicio de los seguros sociales en 1945 corporaciones privadas de salud en todo el mundo se resistieron a su creación, como ocurrió en países como Inglaterra, Estados Unidos, Costa Rica y Colombia.

La razón ha sido y sigue siendo la misma. Consideran que el asegurador impondría condiciones de atención y precios en aras de controlar los costos, que podrían interferir con la independencia en la relación del médico con su paciente. Se esgrimía que ello podría llegar a afectar la calidad del servicio, algo que nunca ha podido ser demostrado con claridad. En el fondo había una defensa del negocio y de la posibilidad de que alguien más pudiese competirles, aunque no dicho de manera explícita.

Lea también: ¿A qué le debe apuntar la encuesta de Movilidad Bogotá-Cundinamarca 2023?

Hoy no tiene sentido aplicar indiscriminadamente esta medida en toda Colombia, donde existe consenso acerca de la insuficiencia e inoperancia de muchos servicios y en varias regiones. Más bien, el país debería comenzar por definir con claridad qué servicios y en qué lugares hacen falta para que antes que prohibir, se estimule o se exija al asegurador a que cree la infraestructura que no existe y se requiere donde tiene sus afiliados so pena de quitárselos.

Convendría que esto fuese parte de un plan para fortalecer los servicios en las ciudades intermedias y pequeñas que es donde mayor falta hacen, contrarrestando su concentración en unas pocas ciudades que obligan a que la gente deba incurrir en costosos desplazamientos que retardan los tratamientos. Debería hacerse en alianza con universidades y hospitales padrinos de reconocida calidad que además ayuden a formar el talento humano que hace falta.

Puede interesarle: Bogotá: IDU anuncia cierre de licitaciones de dos tramos de la nueva calle 13.

En la financiación de este plan de mejoramiento de infraestructura y operación de servicios de salud, se debería poder utilizar la UPC como fuente de largo plazo que facilite conseguir los recursos necesarios de los que hoy no se dispone, complementados con los que el Gobierno Nacional pudiese destinar para tal fin. Inglaterra es un buen ejemplo de esta modalidad.

Avanzar en la solución de los problemas que hoy aquejan al sistema de salud requiere de sensatez, que comienza por anteponer el interés general sobre el de unos pocos, por muy legítimo que sea.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.