Opinión: La locura de las alcaldías locales

La administración distrital está ad-portas de escoger a los nuevos alcaldes y alcaldesas locales de 16 de las 20 localidades de la capital. Esta decisión siempre trae un gran revuelo entre quienes trabajan o les interesan los temas de la ciudad, ya que manejan una gran cantidad de recursos y tienen competencias fundamentales para el día a día de los ciudadanos, además, atrae la atención de los actores políticos locales que están siempre muy pendientes.

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Las alcaldías locales de Bogotá son una especie muy diferente en cualquier esquema de administración pública. Con seguridad muy pocos doctrinantes de la gestión y la gerencia pública del mundo se han podido imaginar una “institución” de esta naturaleza. Pongo en entrecomillas institución -porque parte de su enorme galimatías- es que formalmente no lo son. Las alcaldías locales están jurídicamente vinculadas a la Secretaría de Gobierno, la nómina de los alcaldes y sus funcionarios se paga por esta, pero su nombramiento lo hace directamente el alcalde y -en realidad- tienen autonomía para el ejercer la ordenación del gasto.

Las 20 alcaldías suman un presupuesto de inversión cercano a 1.3 billones de pesos anuales. Por disposición legal éstas deben administrar a través de sus respectivas bolsas, denominadas Fondos de Desarrollo Local, el 12% anual del total de los ingresos corrientes de Bogotá. Es decir, éstas representan el sexto rubro sectorial más grande del distrito después de movilidad, educación, salud, integración y hábitat.

Las competencias legales y reglamentarias de las alcaldías muestran que éstas tienen, nada más y nada menos, que responder por 274 funciones. ¡Sí señores y señoras, 274 funciones! No existe ni una sola entidad en Colombia, y probablemente en el mundo, que tenga esa gran cantidad de tareas. Estas tienen que esterilizar mascotas, construir parques, arreglar y construir malla vial, fomentar juntas de acción comunal, promover huertas urbanas, apoyar escuelas deportivas, realizar proyectos de género, cerrar establecimientos, entre cientos de funciones más.

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El respectivo alcalde o alcaldesa tiene que firmar desde los derechos de petición (pueden ser 1000 mensuales) hasta los contratos más grandes. El equipo de personas que estructura el contrato de prestación de servicios de un profesor de la escuela de fútbol es el mismo que tiene que estructurar una licitación para la construcción de infraestructura. A nivel distrital existe el IDIPYBA, la UMV, el IDPAC, la Secretaría de Ambiente, el IDRD y decenas de instituciones más que se especializan en las funciones a las que se ha hecho referencia, pero las alcaldías locales tienen que hacerlo todo.

Hay localidades tan enormes como Suba, Kennedy o Bosa que son el equivalente de ciudades como Barranquilla o Bucaramanga. A nadie se le ocurre que es posible gobernar capitales departamentales de esa magnitud con un par de equipos de gobierno y máximo 7 inspectores de policía, como en la práctica lo hacen hoy esas alcaldías locales.

Con todas estas tareas y una insuficiente capacidad institucional, sin duda las alcaldías locales son el eslabón más débil de la administración. Sus procesos contractuales están siendo constantemente vigilados por las entidades de control, por los actores políticos y la ciudadanía en general. En los últimos años, Bogotá construyó un sistema de seguimiento a la inversión, proyectos, proveedores y alertas tempranas que hay que seguir robusteciendo, sobre todo mientras sigamos con un esquema tan absurdo como el actual.

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Pero entonces, ¿qué hacer? Una primera tarea estructural, sin duda, es hacer localidades más pequeñas. La propuesta de los últimos años ha sido que éstas sean iguales a las unidades de planeación local establecidas en el POT. Esta idea siempre tiene contradictores porque consideran que va a aumentar la burocracia. Sí, es cierto. Pasaremos de 20 a 33 localidades, pero es la única manera de hacer alcaldías locales más eficientes y cercanas a los ciudadanos. Se puede hacer, por ejemplo, de manera gradual. El Concejo podría priorizar esa división en Suba, Kennedy y Bosa.

La segunda tarea fundamental es desarrollar una estructura administrativa de las alcaldías locales pensando en su misionalidad. Inevitablemente debe existir un área de gestión institucional que le permita a estas tener un mejor despeño en su ejecución y que logre descargar funciones centralizadas en la figura del alcalde. Pero, sobre todo, esa estructura debe estar centrada en el hacer. Deberían tener una unidad de obras, otra de participación y una última de convivencia ciudadana. Esa misionalidad básica hay que recuperarla y deber ser el centro de las alcaldías locales. En las últimas dos administraciones se avanzó en los estudios que exige la ley para estos cambios, ahora requerimos de la posibilidad política de hacerlo. Sin duda muy difícil, pero hay que intentarlo.

Por último, su relación con el nivel central tiene que mejorar. La reforma del 2022 al estatuto orgánico de Bogotá obligó a la creación de un gabinete local. Hay que decir la verdad, las entidades distritales muchas veces no ven en las alcaldías locales un aliado para llevar su oferta institucional a los barrios perdiendo una oportunidad única. Construir sobre este camino, como lo está haciendo la administración Galán, es fundamental.

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Quienes sean seleccionados, para la que considero la tarea más difícil de la administración pública en Colombia, tendrán un enorme reto. Por supuesto escoger a los más idóneos es fundamental, eso no se podrá asegurar del todo, pero repensar las alcaldías locales es una deuda de Bogotá que hay que cumplir, así tenga un debate político enorme.

La administración distrital está ad-portas de escoger a los nuevos alcaldes y alcaldesas locales de 16 de las 20 localidades de la capital. Esta decisión siempre trae un gran revuelo entre quienes trabajan o les interesan los temas de la ciudad, ya que manejan una gran cantidad de recursos y tienen competencias fundamentales para el día a día de los ciudadanos, además, atrae la atención de los actores políticos locales que están siempre muy pendientes.

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Las alcaldías locales de Bogotá son una especie muy diferente en cualquier esquema de administración pública. Con seguridad muy pocos doctrinantes de la gestión y la gerencia pública del mundo se han podido imaginar una “institución” de esta naturaleza. Pongo en entrecomillas institución -porque parte de su enorme galimatías- es que formalmente no lo son. Las alcaldías locales están jurídicamente vinculadas a la Secretaría de Gobierno, la nómina de los alcaldes y sus funcionarios se paga por esta, pero su nombramiento lo hace directamente el alcalde y -en realidad- tienen autonomía para el ejercer la ordenación del gasto.

Las 20 alcaldías suman un presupuesto de inversión cercano a 1.3 billones de pesos anuales. Por disposición legal éstas deben administrar a través de sus respectivas bolsas, denominadas Fondos de Desarrollo Local, el 12% anual del total de los ingresos corrientes de Bogotá. Es decir, éstas representan el sexto rubro sectorial más grande del distrito después de movilidad, educación, salud, integración y hábitat.

Las competencias legales y reglamentarias de las alcaldías muestran que éstas tienen, nada más y nada menos, que responder por 274 funciones. ¡Sí señores y señoras, 274 funciones! No existe ni una sola entidad en Colombia, y probablemente en el mundo, que tenga esa gran cantidad de tareas. Estas tienen que esterilizar mascotas, construir parques, arreglar y construir malla vial, fomentar juntas de acción comunal, promover huertas urbanas, apoyar escuelas deportivas, realizar proyectos de género, cerrar establecimientos, entre cientos de funciones más.

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El respectivo alcalde o alcaldesa tiene que firmar desde los derechos de petición (pueden ser 1000 mensuales) hasta los contratos más grandes. El equipo de personas que estructura el contrato de prestación de servicios de un profesor de la escuela de fútbol es el mismo que tiene que estructurar una licitación para la construcción de infraestructura. A nivel distrital existe el IDIPYBA, la UMV, el IDPAC, la Secretaría de Ambiente, el IDRD y decenas de instituciones más que se especializan en las funciones a las que se ha hecho referencia, pero las alcaldías locales tienen que hacerlo todo.

Hay localidades tan enormes como Suba, Kennedy o Bosa que son el equivalente de ciudades como Barranquilla o Bucaramanga. A nadie se le ocurre que es posible gobernar capitales departamentales de esa magnitud con un par de equipos de gobierno y máximo 7 inspectores de policía, como en la práctica lo hacen hoy esas alcaldías locales.

Con todas estas tareas y una insuficiente capacidad institucional, sin duda las alcaldías locales son el eslabón más débil de la administración. Sus procesos contractuales están siendo constantemente vigilados por las entidades de control, por los actores políticos y la ciudadanía en general. En los últimos años, Bogotá construyó un sistema de seguimiento a la inversión, proyectos, proveedores y alertas tempranas que hay que seguir robusteciendo, sobre todo mientras sigamos con un esquema tan absurdo como el actual.

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Pero entonces, ¿qué hacer? Una primera tarea estructural, sin duda, es hacer localidades más pequeñas. La propuesta de los últimos años ha sido que éstas sean iguales a las unidades de planeación local establecidas en el POT. Esta idea siempre tiene contradictores porque consideran que va a aumentar la burocracia. Sí, es cierto. Pasaremos de 20 a 33 localidades, pero es la única manera de hacer alcaldías locales más eficientes y cercanas a los ciudadanos. Se puede hacer, por ejemplo, de manera gradual. El Concejo podría priorizar esa división en Suba, Kennedy y Bosa.

La segunda tarea fundamental es desarrollar una estructura administrativa de las alcaldías locales pensando en su misionalidad. Inevitablemente debe existir un área de gestión institucional que le permita a estas tener un mejor despeño en su ejecución y que logre descargar funciones centralizadas en la figura del alcalde. Pero, sobre todo, esa estructura debe estar centrada en el hacer. Deberían tener una unidad de obras, otra de participación y una última de convivencia ciudadana. Esa misionalidad básica hay que recuperarla y deber ser el centro de las alcaldías locales. En las últimas dos administraciones se avanzó en los estudios que exige la ley para estos cambios, ahora requerimos de la posibilidad política de hacerlo. Sin duda muy difícil, pero hay que intentarlo.

Por último, su relación con el nivel central tiene que mejorar. La reforma del 2022 al estatuto orgánico de Bogotá obligó a la creación de un gabinete local. Hay que decir la verdad, las entidades distritales muchas veces no ven en las alcaldías locales un aliado para llevar su oferta institucional a los barrios perdiendo una oportunidad única. Construir sobre este camino, como lo está haciendo la administración Galán, es fundamental.

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Quienes sean seleccionados, para la que considero la tarea más difícil de la administración pública en Colombia, tendrán un enorme reto. Por supuesto escoger a los más idóneos es fundamental, eso no se podrá asegurar del todo, pero repensar las alcaldías locales es una deuda de Bogotá que hay que cumplir, así tenga un debate político enorme.