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La entrada en funcionamiento de la Operadora Distrital de Transporte SAS, genera más cuestionamientos, que aplausos. La decisión es diametralmente disonante con una política distrital, llena de tropiezos, pero acertada, que ha trascendido con resultados positivos varias administraciones.
EN CONTEXTO: “La Rolita”: la incierta apuesta por un operador público de transporte
El artículo 91 del Plan de Desarrollo Distrital que el Concejo aprobó con especial ligereza, mediante el acuerdo No. 761/20, en estricto sentido revive la Empresa Distrital de Buses, en contravía del eje estructurante del sistema de movilidad en Bogotá, que precisa que el acceso del servicio público que se presta a través del SITP requerirá, “en todos los casos”, de la celebración de contratos de concesión, “adjudicados en licitación pública”.
La autorización otorgada a la alcaldesa para que “en representación del Distrito Capital o de Transmilenio S.A.” constituyera un operador público de transporte, es otro palo en la rueda a ese eje estructurante, sin que se cuente con el estudio demostrativo que justifique la decisión. El Juzgado sexto administrativo de Bogotá, declaró la nulidad del artículo 91, precisamente, por la falta de ese estudio, que la ley 489 de 1998 exige.
Si aquel existiera, una conclusión sería la inconveniencia de revivir un operador público, cuyos resultados entonces fueron nefastos, gracias a su ineficiencia y permeabilidad al clientelismo y discurso político. Cartagena, hizo el ejercicio en TransCaribe y los resultados han sido igualmente nefastos. De 99 buses, están en operación 44, con un cumplimiento por debajo del 80%. En contraste, los buses de operadores privados mantienen un cumplimiento del 100%. El alcalde Dau, anhelará que los operadores privados asuman la operación.
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Otra conclusión, sería que el operador público pone en una inconveniente situación a Transmilenio (juez y parte), porque fue concebida y creada para fungir como gestora del SITP y su actuación pierde objetividad, independencia y transparencia, con la presencia de “La Rolita”. Transmilenio, resulta otorgándole a la empresa pública el contrato de concesión 1224/21, sin mediar competencia para acceder al SITP, echando al traste la política distrital que propende por aquella, en favor de los usuarios.
La situación, guarda especial similitud con los negativos resultados de los contratos interadministrativos celebrados entre la UAESP, la EAAB y Aguas de Bogotá, para operativizar el fallido “esquema Petro del servicio de aseo”.
La decisión, apresurada, de poner en marcha el operador público, le suma nuevos argumentos a la tensa relación con los operadores privados, quienes han planteado desequilibrio económico de los contratos. Afirmar, que este experimento es un “modelo novedoso” para “desentrañar las cifras de los operadores privados”, evidencia un mayúsculo desconocimiento del sector, de los contratos de operación y de la historia capitalina. Esta afirmación pone, además, en tela de juicio la labor de la Fiduciaria Popular en el manejo de los recursos del sistema, así como la propia de las firmas interventoras contratadas por TransMilenio.
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Poner en marcha “La Rolita” y efectuar erogaciones para esos efectos, estando anulado el artículo 91, constituye una imprudencia y falta de debida diligencia, extremas. Esto puede desencadenar en responsabilidades disciplinarias y fiscales, si no penales. Es contradictorio que, además, parte de los buses adquiridos sobre la base de una “urgente” necesidad, se hallen, paradójicamente, aún en parqueaderos.
Jugársela, a que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca revoque la anulación, es un riesgo inmenso e irresponsable, pero admisible cuando se trata de recursos privados y propios, sin embargo, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia cabe sumirlo como “experimento” cuando se manejan recursos ajenos y públicos. La alcaldesa ha dicho que “La Rolita se respeta”, pero con todo respeto debo recordarle a la mandataria distrital que prima el respeto al buen manejo de los recursos públicos.
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