Opinión: La seguridad en el último año de gobierno de Claudia López

En su último año como alcaldesa de Bogotá, Claudia López enfrenta grandes desafíos que van a definir la naturaleza del legado que le dejará a la ciudad y la solidez de sus aspiraciones políticas nacionales para 2026.

En un corto plazo, la alcaldesa deberá conformar un nuevo equipo al frente de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia –SSCJ– que dé sostenibilidad a los logros del saliente secretario Aníbal Fernández de Soto, resolver el caos urbano que ha creado un ambiente general de inseguridad y lidiar con la confusa política de seguridad ciudadana impulsada por el gobierno nacional.

Desde su posesión, Fernández de Soto se dedicó a reconstruir las relaciones institucionales que la misma alcaldesa había hecho trizas entre 2020 y 2021, recobrar el liderazgo de su sector en el consejo de gobierno y fortalecer las capacidades de su entidad para comprender y liderar la gestión de los riesgos de seguridad de la ciudad.

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Fernández de Soto deja una ciudad con una tasa de homicidios de 12,8 por cien mil habitantes –la menor en más de una década– y mejoras en otros 6 de los 11 delitos con los que se evalúa el comportamiento del crimen en la ciudad. Junto con el apoyo de la Policía Metropolitana, el secretario logró atender algunos de los desafíos más importantes que se planteaban al inicio de su gestión.

La reducción de 130 homicidios entre 2021 y 2022 es producto de un contexto con mayor estabilidad, un trabajo más armónico entre civiles y policías, así como una Secretaría de Seguridad proactiva. Otros resultados positivos son la reducción de la sensación de inseguridad en la ciudad en 11 puntos porcentuales y una mejor calificación del servicio de policía en general, según la Encuesta de Percepción y Victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Sin embargo, el saliente secretario no logró reducir el hurto a personas, disminuir la violencia y el crimen al interior de los hogares y entre miembros de las comunidades, neutralizar la transformación del contexto criminal, ni proteger y recuperar el orden y el control del espacio público, el transporte urbano y los bienes públicos.

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La derrota en esos frentes está relacionada en parte con capacidades policiales y operativas débiles en relación con los desafíos que enfrenta la ciudad. El incentivo a la incorporación de policías y los refuerzos de los últimos 18 meses no son suficientes para garantizar la seguridad en el espacio público ni para proteger a los ciudadanos en sus entornos cotidianos.

También con el caos urbano y el desgobierno de la ciudad que ha creado un ambiente en el que se traslapan competencia criminal, delincuencia común y debilidad en la aplicación de la ley, impulsando la ley del más fuerte y la violencia.

Una ciudad desordenada, que subsiste en el medio del desconocimiento consciente de las reglas y la incapacidad – o falta de voluntad- para hacerlas cumplir, con las incivilidades como regla general, es un espacio configurado para el triunfo de los criminales, los violentos y el sometimiento de los ciudadanos.

Quien asuma el liderazgo de la SSCJ en este 2023 tiene como reto recomponer el equilibrio en los 5 centros de gravedad de la seguridad bogotana: control territorial; orden y cuidado del espacio público, el transporte y la movilidad; procesos de estructuración criminal; desarrollo de capacidades para la aplicación de la ley y la protección, y conflictividad social.

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Una tarea nada fácil, dado que demandará acciones ofensivas que encontrarán opositores en el nivel nacional, distrital y local –más aún en año electoral–, así como la reacción de los criminales que buscarán deslegitimar la acción y debilitar la voluntad de las instituciones de seguridad, con el terrorismo como una amenaza real y latente gracias a los incentivos perversos de la llamada Paz Total.

Por eso resulta de la mayor importancia sostener y profundizar el proceso de comprensión del contexto criminal de la ciudad, con miras a tener suficientes argumentos para defender la acción contra la delincuencia y el crimen.

Tampoco da espera dedicar una línea de esfuerzo a la violencia y el delito en los hogares. La sala cuna del crimen de mañana está en la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales y los conflictos entre vecinos. En este frente, ciudadanos, gobierno y autoridades estamos haciendo poco o nada.

Un elemento adicional proviene de la seguridad de la ciudad-región, un desafío que crece consistentemente. Ya se empieza a evidenciar cómo la gestión desintegrada de la seguridad crea santuarios criminales en los bordes de la ciudad que ofrecen resiliencia y proyección territorial a los delincuentes.

Por último, la alineación de la ciudad con la visión de seguridad del gobierno nacional que no sabe si desmontar la institucionalidad, liberar presos, negociar con delincuentes o todas las anteriores para alcanzar seguridad, paz y convivencia. Una visión que apunta a renunciar al imperio de la ley para apaciguar al imperio del crimen.

Un agradecimiento al secretario Fernández de Soto por su dedicación a la ciudad durante los últimos 18 meses, quien con su equipo civil y sus socios policiales devolvieron a la ciudad al camino de la construcción de seguridad, convivencia y justicia. Quienes quedan en la administración son responsables de potenciar sus logros y acelerar el camino a una tasa de homicidios de menos de un dígito.

En su último año como alcaldesa de Bogotá, Claudia López enfrenta grandes desafíos que van a definir la naturaleza del legado que le dejará a la ciudad y la solidez de sus aspiraciones políticas nacionales para 2026.

En un corto plazo, la alcaldesa deberá conformar un nuevo equipo al frente de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia –SSCJ– que dé sostenibilidad a los logros del saliente secretario Aníbal Fernández de Soto, resolver el caos urbano que ha creado un ambiente general de inseguridad y lidiar con la confusa política de seguridad ciudadana impulsada por el gobierno nacional.

Desde su posesión, Fernández de Soto se dedicó a reconstruir las relaciones institucionales que la misma alcaldesa había hecho trizas entre 2020 y 2021, recobrar el liderazgo de su sector en el consejo de gobierno y fortalecer las capacidades de su entidad para comprender y liderar la gestión de los riesgos de seguridad de la ciudad.

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La reducción de 130 homicidios entre 2021 y 2022 es producto de un contexto con mayor estabilidad, un trabajo más armónico entre civiles y policías, así como una Secretaría de Seguridad proactiva. Otros resultados positivos son la reducción de la sensación de inseguridad en la ciudad en 11 puntos porcentuales y una mejor calificación del servicio de policía en general, según la Encuesta de Percepción y Victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Sin embargo, el saliente secretario no logró reducir el hurto a personas, disminuir la violencia y el crimen al interior de los hogares y entre miembros de las comunidades, neutralizar la transformación del contexto criminal, ni proteger y recuperar el orden y el control del espacio público, el transporte urbano y los bienes públicos.

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La derrota en esos frentes está relacionada en parte con capacidades policiales y operativas débiles en relación con los desafíos que enfrenta la ciudad. El incentivo a la incorporación de policías y los refuerzos de los últimos 18 meses no son suficientes para garantizar la seguridad en el espacio público ni para proteger a los ciudadanos en sus entornos cotidianos.

También con el caos urbano y el desgobierno de la ciudad que ha creado un ambiente en el que se traslapan competencia criminal, delincuencia común y debilidad en la aplicación de la ley, impulsando la ley del más fuerte y la violencia.

Una ciudad desordenada, que subsiste en el medio del desconocimiento consciente de las reglas y la incapacidad – o falta de voluntad- para hacerlas cumplir, con las incivilidades como regla general, es un espacio configurado para el triunfo de los criminales, los violentos y el sometimiento de los ciudadanos.

Quien asuma el liderazgo de la SSCJ en este 2023 tiene como reto recomponer el equilibrio en los 5 centros de gravedad de la seguridad bogotana: control territorial; orden y cuidado del espacio público, el transporte y la movilidad; procesos de estructuración criminal; desarrollo de capacidades para la aplicación de la ley y la protección, y conflictividad social.

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Por eso resulta de la mayor importancia sostener y profundizar el proceso de comprensión del contexto criminal de la ciudad, con miras a tener suficientes argumentos para defender la acción contra la delincuencia y el crimen.

Tampoco da espera dedicar una línea de esfuerzo a la violencia y el delito en los hogares. La sala cuna del crimen de mañana está en la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales y los conflictos entre vecinos. En este frente, ciudadanos, gobierno y autoridades estamos haciendo poco o nada.

Un elemento adicional proviene de la seguridad de la ciudad-región, un desafío que crece consistentemente. Ya se empieza a evidenciar cómo la gestión desintegrada de la seguridad crea santuarios criminales en los bordes de la ciudad que ofrecen resiliencia y proyección territorial a los delincuentes.

Por último, la alineación de la ciudad con la visión de seguridad del gobierno nacional que no sabe si desmontar la institucionalidad, liberar presos, negociar con delincuentes o todas las anteriores para alcanzar seguridad, paz y convivencia. Una visión que apunta a renunciar al imperio de la ley para apaciguar al imperio del crimen.

Un agradecimiento al secretario Fernández de Soto por su dedicación a la ciudad durante los últimos 18 meses, quien con su equipo civil y sus socios policiales devolvieron a la ciudad al camino de la construcción de seguridad, convivencia y justicia. Quienes quedan en la administración son responsables de potenciar sus logros y acelerar el camino a una tasa de homicidios de menos de un dígito.