Opinión: La suspensión del canciller debe ser inminente
El ministro Álvaro Leyva actúa de forma autocrática y contrariando la ley con ocasión de la disputa contractual con Thomas Greg & Sons de Colombia S.A., así como por la desatención y descomedido trato a la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora.
Ricardo Felipe Herrera Carrillo
No debe esperarse a que el canciller Álvaro Leyva se halle a “tres metros bajo tierra” para que los órganos de control actúen frente a los actos y conductas presuntamente ilegales del ministro con ocasión de la declaratoria desierta de la Licitación Pública LP-001-2203 adelantada para la elaboración de los pasaportes y de su testaruda postura de negarse a conciliar el pleito que él mismo generó por cuenta del presidente.
La acción prioritaria, que dará resultados inmediatos frente a los exabruptos de Leyva, es la corrección disciplinaria a cargo de la Procuraduría, entidad que conforme al Código General Disciplinario tiene la capacidad de dar aplicación a la figura preventiva de la suspensión provisional del ministro, frente al hecho de que éste pueda interferir en el trámite de la investigación o continúe cometiendo la falta o la reitere.
Más opinión: Opinión: El desafío de los contratos de gestión de residuos en Bogotá
Fiscalmente, la conducta del canciller también pone en injustificado riesgo el patrimonio público por efecto de la arbitraria declaratoria desierta de la licitación, así como por negarse irresponsablemente a conciliar con Thomas Greg & Sons, como recomienda la doctora Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
La acción penal también puede prosperar en este caso por la probable comisión del delito de prevaricato por parte de Leyva, por cuanto los actos y pronunciamientos proferidos por éste pueden ser manifiestamente contrarios a la ley.
No excusa al canciller ni a ninguno otro servidor público el hecho de que sea el presidente Gustavo Petro, quién haya dado la ilegal instrucción de no adjudicar contratos en licitaciones públicas cuando quede habilitado un solo proponente, por cuanto el primer y prioritario deber de todo servidor público es cumplir con la Constitución y las leyes, como son las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 que prescriben el Estatuto de la Contratación de la Administración Pública, con el que choca burdamente la instrucción presidencial.
La realidad jurídica no es otra que la UNIÓN TEMPORAL PASAPORTES 2023, de la que hace parte Thomas Greg & Sons de Colombia S.A., debió ser adjudicataria del contrato para elaborar los pasaportes y, ahora, lo más diligente es que la Cancillería concilie oportunamente con la reclamante.
El canciller haciéndole eco irresponsable al presidente actúa dolosamente hasta el momento al desatender las recomendaciones de los colaboradores jurídicos del gobierno, por cuanto si la Cancillería no concilia con Thomas Greg & Sons, como parece hasta ahora torpemente ser así, los colombianos terminarán pagando las utilidades esperadas por la empresa reclamante sin que si quiera ésta deba ejecutar el contrato y que a la fecha ascienden a ciento siete mil quinientos siete millones de pesos.
No obstante la gravedad de estos hechos, parece haber de fondo algo aún más grave de cara al trámite de la nueva licitación que cursa en la Cancillería para la elaboración de los pasaportes. La doctora Zamora puso de presente ante la Fiscalía una delicadísima información sobre la existencia de una reunión en un hotel parisino del hijo del ministro Leyva supuestamente con interesados en participar en la nueva licitación que adelanta el despacho de su padre. Algo similar a lo que hizo el hijo del candidato presidencial Rodolfo Hernández.
El presidente una vez más termina respaldando a los funcionarios presuntamente infractores de la ley por encima de los que cometen el “error” de apegarse estrictamente a ella, como lo hace Zamora en este caso, quién frente a la solicitud de renuncia desde la Casa de Nariño por cumplir con su deber, con entereza no dudó en presentarla.
La respuesta de Leyva hijo es frágil y demanda contrastarse con todo el rigor posible.
No debe esperarse a que el canciller Álvaro Leyva se halle a “tres metros bajo tierra” para que los órganos de control actúen frente a los actos y conductas presuntamente ilegales del ministro con ocasión de la declaratoria desierta de la Licitación Pública LP-001-2203 adelantada para la elaboración de los pasaportes y de su testaruda postura de negarse a conciliar el pleito que él mismo generó por cuenta del presidente.
La acción prioritaria, que dará resultados inmediatos frente a los exabruptos de Leyva, es la corrección disciplinaria a cargo de la Procuraduría, entidad que conforme al Código General Disciplinario tiene la capacidad de dar aplicación a la figura preventiva de la suspensión provisional del ministro, frente al hecho de que éste pueda interferir en el trámite de la investigación o continúe cometiendo la falta o la reitere.
Más opinión: Opinión: El desafío de los contratos de gestión de residuos en Bogotá
Fiscalmente, la conducta del canciller también pone en injustificado riesgo el patrimonio público por efecto de la arbitraria declaratoria desierta de la licitación, así como por negarse irresponsablemente a conciliar con Thomas Greg & Sons, como recomienda la doctora Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
La acción penal también puede prosperar en este caso por la probable comisión del delito de prevaricato por parte de Leyva, por cuanto los actos y pronunciamientos proferidos por éste pueden ser manifiestamente contrarios a la ley.
No excusa al canciller ni a ninguno otro servidor público el hecho de que sea el presidente Gustavo Petro, quién haya dado la ilegal instrucción de no adjudicar contratos en licitaciones públicas cuando quede habilitado un solo proponente, por cuanto el primer y prioritario deber de todo servidor público es cumplir con la Constitución y las leyes, como son las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 que prescriben el Estatuto de la Contratación de la Administración Pública, con el que choca burdamente la instrucción presidencial.
La realidad jurídica no es otra que la UNIÓN TEMPORAL PASAPORTES 2023, de la que hace parte Thomas Greg & Sons de Colombia S.A., debió ser adjudicataria del contrato para elaborar los pasaportes y, ahora, lo más diligente es que la Cancillería concilie oportunamente con la reclamante.
El canciller haciéndole eco irresponsable al presidente actúa dolosamente hasta el momento al desatender las recomendaciones de los colaboradores jurídicos del gobierno, por cuanto si la Cancillería no concilia con Thomas Greg & Sons, como parece hasta ahora torpemente ser así, los colombianos terminarán pagando las utilidades esperadas por la empresa reclamante sin que si quiera ésta deba ejecutar el contrato y que a la fecha ascienden a ciento siete mil quinientos siete millones de pesos.
No obstante la gravedad de estos hechos, parece haber de fondo algo aún más grave de cara al trámite de la nueva licitación que cursa en la Cancillería para la elaboración de los pasaportes. La doctora Zamora puso de presente ante la Fiscalía una delicadísima información sobre la existencia de una reunión en un hotel parisino del hijo del ministro Leyva supuestamente con interesados en participar en la nueva licitación que adelanta el despacho de su padre. Algo similar a lo que hizo el hijo del candidato presidencial Rodolfo Hernández.
El presidente una vez más termina respaldando a los funcionarios presuntamente infractores de la ley por encima de los que cometen el “error” de apegarse estrictamente a ella, como lo hace Zamora en este caso, quién frente a la solicitud de renuncia desde la Casa de Nariño por cumplir con su deber, con entereza no dudó en presentarla.
La respuesta de Leyva hijo es frágil y demanda contrastarse con todo el rigor posible.