Opinión: La tragedia en los cerros y el efecto mariposa
Los habitantes de Bogotá y la región debemos proteger la figura de Región Metropolitana, herramienta clave para superar los obstáculos que impiden el salto de la sabana hacia un futuro competitivo, sostenible e incluyente.
César Andrés Restrepo F.
El 12 de noviembre, mientras en los cerros orientales ocurría una emergencia causada por el inclemente invierno que derivó en tragedia, en el escenario del diálogo regional vinculante convocado por el gobierno nacional en Bogotá un grupo de personas arengaban y actuaban violentamente contra autoridades y ciudadanos.
Aunque ambos hechos parecen no tener relación, como en la metáfora del efecto mariposa que describe la teoría del caos, estos están intrínsecamente conectados.
Los colectivos violentos arengaban en contra del desarrollo de la Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca, mientras que el desastre en los cerros orientales aumentaba en impacto, en parte por la debilidad en la coordinación, disponibilidad de capacidades y respuesta entre Bogotá y la región.
En 2020 el Congreso de la República incorporó a la Constitución Política la figura de la Región Metropolitana con el objeto de “garantizar la ejecución de planes y programas de desarrollo sostenible y la prestación oportuna y eficiente de los servicios a su cargo”. Esta reconoce que una mejor calidad de vida de bogotanos y cundinamarqueses depende de una visión de desarrollo compartida que brinde sostenibilidad, complementariedad y resiliencia, sin desconocer las asimetrías y características particulares de cada municipio asociado.
La emergencia que afectó en simultanea al barrio San Luis en Usaquén y al municipio de La Calera ofrece la oportunidad de entender la importancia de la Región Metropolitana para la Sabana de Bogotá.
Seguridad, estabilidad y resiliencia son bases fundamentales para el desarrollo sostenible de una comunidad. Construir estas bases con robustez más que una asignación generosa de recursos demanda una comprensión integral e integrada de los desafíos y amenazas que se enfrentan tanto en lo social como en lo geográfico.
Las asimetrías económicas y administrativas de los municipios de la Sabana de Bogotá dificultan la protección de ciudadanos y territorio, obstaculizan la atención integrada de riesgos materializados y dispara los efectos negativos de eventos catastróficos en un territorio común y compartido.
Prueba de esto es la prolongación en el tiempo de los efectos de las lluvias en la microrregión de los cerros –entre la localidad de Usaquén y la cuenca del Rio Teusacá– y la multiplicación de sus costos. Para no hablar de la incapacidad de las autoridades de anticipar la tragedia ocurrida.
La Región Metropolitana podría ser el mecanismo a través del cual puede dejarse atrás la rigidez institucional que dificulta la prevención, la atención y la recuperación de eventos catastróficos como los ocurridos la semana pasada.
En ese marco, los socios de la Región podrían crear un Sistema de Seguridad Regional Integral –SSRI–, una instancia para estructurar el mapa de riesgos regional, definir las capacidades necesarias para hacerle frente y definir una distribución territorial óptima asociada a la magnitud y característica de desafíos y amenazas.
El SSRI integraría a los gobiernos local y departamental en torno a una sola visión estratégica y territorial, capacidades, procedimientos y mecanismos de actuación compartidos, convirtiendo a la región en un actor nacional clave para la gestión de problemas de crimen, violencia, justicia, integración social, cambio climático y emergencias, principalmente.
Una representación operativa del concepto universal de seguridad humana, en la que territorio, estrategia, instituciones y capacidades son piezas de una maquinaria que busca garantizar el pleno goce de derechos y libertades individuales para avanzar hacia un desarrollo colectivo, incluyente y sostenible.
El SSRI no sería un dispositivo policial para asumir responsabilidades de los gobiernos locales en detrimento de su misión constitucional. Todo lo contrario, sería una instancia de gestión integrada y coordinada de seguridad, justicia, emergencias e integración social atadas por una visión y una estrategia operativa compartida.
También integraría esfuerzos institucionales alrededor de atención a víctimas, programas de prevención ambiental, situacional, de la violencia y el delito, fortalecimiento comunitario y colaboración entre instituciones y ciudadanos. Un sistema para prevenir y anticipar, no solo para atender y resolver.
De haber existido capacidades integradas y coordinadas de prevención, respuesta, atención y recuperación, la atención de los eventos del 12 de noviembre habría representado menos costos operativos, económicos y sociales para las comunidades directamente involucradas, así como para la región.
En los últimos meses la integración y activación de la Región Metropolitana ha enfrentado la furia de operadores políticos que movilizan colectivos de choque para posicionar la idea de que este avance institucional atenta contra los ciudadanos, los intereses de la ciudad, e incluso la democracia.
Para estos el potencial resolutivo de una acción regional integrada frente a problemas estructurales y sobrevinientes representa una amenaza contra sus feudos políticos, influencia comunitaria, votos y rentas obtenidos por décadas gracias al eterno aplazamiento de soluciones definitivas a necesidades puntuales.
La Región Metropolitana es una herramienta clave para superar la agenda de desarrollo pendiente mientras se atienden nuevos desafíos. La sostenibilidad de la Sabana de Bogotá y la mejoría de la calidad de vida de sus habitantes solo será posible con la unidad que hace la fuerza.
El 12 de noviembre, mientras en los cerros orientales ocurría una emergencia causada por el inclemente invierno que derivó en tragedia, en el escenario del diálogo regional vinculante convocado por el gobierno nacional en Bogotá un grupo de personas arengaban y actuaban violentamente contra autoridades y ciudadanos.
Aunque ambos hechos parecen no tener relación, como en la metáfora del efecto mariposa que describe la teoría del caos, estos están intrínsecamente conectados.
Los colectivos violentos arengaban en contra del desarrollo de la Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca, mientras que el desastre en los cerros orientales aumentaba en impacto, en parte por la debilidad en la coordinación, disponibilidad de capacidades y respuesta entre Bogotá y la región.
En 2020 el Congreso de la República incorporó a la Constitución Política la figura de la Región Metropolitana con el objeto de “garantizar la ejecución de planes y programas de desarrollo sostenible y la prestación oportuna y eficiente de los servicios a su cargo”. Esta reconoce que una mejor calidad de vida de bogotanos y cundinamarqueses depende de una visión de desarrollo compartida que brinde sostenibilidad, complementariedad y resiliencia, sin desconocer las asimetrías y características particulares de cada municipio asociado.
La emergencia que afectó en simultanea al barrio San Luis en Usaquén y al municipio de La Calera ofrece la oportunidad de entender la importancia de la Región Metropolitana para la Sabana de Bogotá.
Seguridad, estabilidad y resiliencia son bases fundamentales para el desarrollo sostenible de una comunidad. Construir estas bases con robustez más que una asignación generosa de recursos demanda una comprensión integral e integrada de los desafíos y amenazas que se enfrentan tanto en lo social como en lo geográfico.
Las asimetrías económicas y administrativas de los municipios de la Sabana de Bogotá dificultan la protección de ciudadanos y territorio, obstaculizan la atención integrada de riesgos materializados y dispara los efectos negativos de eventos catastróficos en un territorio común y compartido.
Prueba de esto es la prolongación en el tiempo de los efectos de las lluvias en la microrregión de los cerros –entre la localidad de Usaquén y la cuenca del Rio Teusacá– y la multiplicación de sus costos. Para no hablar de la incapacidad de las autoridades de anticipar la tragedia ocurrida.
La Región Metropolitana podría ser el mecanismo a través del cual puede dejarse atrás la rigidez institucional que dificulta la prevención, la atención y la recuperación de eventos catastróficos como los ocurridos la semana pasada.
En ese marco, los socios de la Región podrían crear un Sistema de Seguridad Regional Integral –SSRI–, una instancia para estructurar el mapa de riesgos regional, definir las capacidades necesarias para hacerle frente y definir una distribución territorial óptima asociada a la magnitud y característica de desafíos y amenazas.
El SSRI integraría a los gobiernos local y departamental en torno a una sola visión estratégica y territorial, capacidades, procedimientos y mecanismos de actuación compartidos, convirtiendo a la región en un actor nacional clave para la gestión de problemas de crimen, violencia, justicia, integración social, cambio climático y emergencias, principalmente.
Una representación operativa del concepto universal de seguridad humana, en la que territorio, estrategia, instituciones y capacidades son piezas de una maquinaria que busca garantizar el pleno goce de derechos y libertades individuales para avanzar hacia un desarrollo colectivo, incluyente y sostenible.
El SSRI no sería un dispositivo policial para asumir responsabilidades de los gobiernos locales en detrimento de su misión constitucional. Todo lo contrario, sería una instancia de gestión integrada y coordinada de seguridad, justicia, emergencias e integración social atadas por una visión y una estrategia operativa compartida.
También integraría esfuerzos institucionales alrededor de atención a víctimas, programas de prevención ambiental, situacional, de la violencia y el delito, fortalecimiento comunitario y colaboración entre instituciones y ciudadanos. Un sistema para prevenir y anticipar, no solo para atender y resolver.
De haber existido capacidades integradas y coordinadas de prevención, respuesta, atención y recuperación, la atención de los eventos del 12 de noviembre habría representado menos costos operativos, económicos y sociales para las comunidades directamente involucradas, así como para la región.
En los últimos meses la integración y activación de la Región Metropolitana ha enfrentado la furia de operadores políticos que movilizan colectivos de choque para posicionar la idea de que este avance institucional atenta contra los ciudadanos, los intereses de la ciudad, e incluso la democracia.
Para estos el potencial resolutivo de una acción regional integrada frente a problemas estructurales y sobrevinientes representa una amenaza contra sus feudos políticos, influencia comunitaria, votos y rentas obtenidos por décadas gracias al eterno aplazamiento de soluciones definitivas a necesidades puntuales.
La Región Metropolitana es una herramienta clave para superar la agenda de desarrollo pendiente mientras se atienden nuevos desafíos. La sostenibilidad de la Sabana de Bogotá y la mejoría de la calidad de vida de sus habitantes solo será posible con la unidad que hace la fuerza.