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El 15 de noviembre de 2023 se firmó el Decreto 1959 sin ninguna concertación con el Distrito con el que el Gobierno Nacional pretende “adquirir y recuperar” el hospital San Juan de Dios de Bogotá. Paradójicamente, y contrario a la intención de esta norma, su efecto será paralizar una obra en marcha ya financiada y contratada, quién sabe por cuantos años más de los veinte que ya lleva cerrada.
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De no haber sido por la deficiente y casi cómplice gestión de la actual alcaldía y por los obstáculos puestos por el gobierno nacional, este centro hospitalario debería estar próximo a inaugurarse, como si sucederá con los de Usme y Bosa que se iniciaron simultáneamente.
Esta es una obra necesaria para la ciudad, cuyo proceso de estructuración comenzó en 2016 con su incorporación en el Plan de Desarrollo del alcalde Enrique Peñalosa y la posterior contratación de una entidad especializada que realizó los estudios técnicos, financieros y jurídicos. Estos fueron entregados en 2018, con lo que se tramitaron los recursos en el Concejo de la ciudad y con lo cual se abrió la licitación para construir un moderno hospital de alta complejidad, que fue adjudicada y contratada a comienzos de 2020.
El contratista se comprometía a entregar en 2024 un hospital de 320 camas completamente dotado con tecnología de punta, una central de urgencias y un CAPS con 45 consultorios para especialidades médicas. Además, debería garantizar el mantenimiento y el normal funcionamiento de equipos y edificios durante cinco años.
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Las recientes declaraciones del gobierno nacional dan a entender que se va a suspender el actual contrato, pretendiendo cambiar radicalmente su objeto que era construir un nuevo edificio para pasar a remodelar la vieja torre del hospital, la que, según los estudios técnicos realizados, no cumple insalvablemente con las condiciones mínimas de sismo resistencia y habilitación de calidad exigidas para una institución de esta categoría.
Esto, en la práctica, significaría iniciar de cero un nuevo proceso de estructuración técnica, conseguir los recursos, abrir una nueva licitación y esperar a que se construya, lo que no tardaría menos de 8 años, eso sin contar la demanda que ya instauró el contratista en la que además de pedir una indemnización de $90 mil millones, de seguro hará que se suspenda la obra hasta tanto no se culmine el litigio.
De nuevo Bogotá padece las consecuencias de absurdas disputas y egos políticos en las que la salud de la gente parecería no importarles. Es inconcebible que este decreto cree un hospital en el corazón de la ciudad para atender a sus ciudadanos, arrebatándole la competencia constitucional al Distrito en el manejo de la salud de su población, el que ni siquiera hará parte de su nueva junta directiva.
Este es un abusivo atropello contra la ciudad con el que se pretende realizar una recentralización a la brava de funciones que la Constitución de 1991 les había asignado a las entidades territoriales. ¿Qué dice el nuevo alcalde?
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