Afirmar que “Colombia es el único país de América Latina donde el costo de energía no está regulado por el Estado” simplemente no corresponde a la verdad. Esta competencia se halla asignada en las Leyes 142 y 143 de 1994 en cabeza de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
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La CREG es una unidad estatal colegiada de carácter técnico que pertenece a la rama ejecutiva del poder público y dirigida por el propio presidente de la República e integrada por el ministro de Minas y Energía -quién la preside-, el ministro de Hacienda y Crédito Público, el director de Planeación Nacional y seis (6) expertos comisionados en asuntos energéticos de dedicación exclusiva nombrados en propiedad por el mismo presidente de la República para un período fijo. Adicionalmente, el Superintendente de Servicios Públicos asiste con voz, pero sin voto.
Sobre el nombramiento de estos expertos y la molestia presidencial por el hecho de que el Consejo de Estado ha declarado la nulidad de varios decretos presidenciales mediante los cuales se designaron algunos de ellos, basta señalar, en primer lugar, que las nulidades decretadas por este Alto Tribunal han sido más que procedentes y ajustadas a derecho, por cuanto se nombraron funcionarios que no cumplen con los requisitos de ley; y, en segundo lugar, esas irregulares designaciones fueron gestadas, unas durante la presidencia de Iván Duque al final de su gobierno y otras por el actual Presidente de la República. Luego lejos de ser una estrategia de obstrucción -golpe blando- en contra del actual gobierno.
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La solución a esta situación está en manos exclusivamente del mandatario de los colombianos aun cuando en sus reiteradas intervenciones públicas insista falazmente en culpar a terceros. Es él a quién corresponde nombrar a los tres (3) cargos de expertos comisionados actualmente vacantes, pero cumpliendo con la ley y la orden judicial que lo conmina a hacerlo en propiedad. Orden emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca y ratificada por el Consejo de Estado.
La promesa presidencial de bajar las tarifas del servicio de energía eléctrica se ha quedado en pura y simple demagogia como efecto de la desidia gubernamental. Lo propio debe hacerse en el seno de la CREG, la que se halla literalmente sitiada por el propio presidente de la República.
La modificación de la fórmula tarifaria, actualmente contenida en la Resolución CREG 119 de 2007, es tarea de la GREG. Es decir, del gobierno de Gustavo Petro por conducto de los señores ministros de Minas y Hacienda, Andrés Camacho y Ricardo Bonilla, respectivamente. Así como del director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López, de los seis (6) expertos comisionados de los cuales aún falta por nombrar tres (3), como del Superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga.
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Modificación que en todos los casos debe efectuarse dando cumplimiento y aplicación a los criterios tarifarios previstos en el artículo 87 de la Ley 142 de 1994: eficiencia económica, neutralidad, solidaridad y redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia. Todo lo que debe producirse cumpliendo con el debido proceso que incluye una fase de consulta pública y un riguroso análisis de impacto. De no cumplirse con ello, me atrevo a asegurar que una vez más el Consejo de Estado deberá decretar la nulidad de esa modificación.
Tengo la convicción de que el actual gobierno en los dos (2) años largos que le faltan continuará dedicado a consolidar el caos institucional del que culpará a otros y que, por lo mismo, advierto que las elecciones de 2026 están en grave e inminente riesgo.