Podría pensarse que son razones ideológicas las que guían al hoy presidente de los colombianos para aborrecer la participación de la empresa privada en la prestación de servicios, en los que la gestión directa del Estado es pésima, probablemente gracias a la politiquería y demagogia que la rige. Pero, la verdad, es que cada vez me convenzo de que otras son las motivaciones -más bien personales- las que impulsan al mandatario para emprender cruzadas en contra de la iniciativa privada en todos los sectores.
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No me voy a detener en que la postura presidencial en la materia ha demostrado ser contraria a la Constitución y a las leyes como, por ejemplo, cuando vía decreto presidencial se abrogó las funciones de regulación tarifaria de los servicios públicos domiciliaros, asignadas por el legislador a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).
El saneamiento básico corresponde a los servicios de alcantarillado y aseo. El H. Consejo de Estado, en buena ahora, frustró esta arbitraria actuación presidencial, gracias a la adopción de una medida preventiva extraordinaria de urgencia, que llevó a suspender el decreto.
Desde cuando fuera alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro no ha podido ocultar su animadversión con el empresariado de los servicios públicos. Entonces, nada contuvo que se cometieran toda clase de exabruptos administrativos y contractuales, en lo que a la prestación del servicio de aseo en la capital de los colombianos se refiere.
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El entonces “esquema transitorio de aseo de Petro” fue un desastre total so pretexto de un falaz programa “Basura Cero” y de sacar del estado de vulnerabilidad a la población recicladora, que fuera sujeto de una medida de protección por parte de la H. Corte Constitucional.
El desconocimiento y la improvisación han marcado la actuación del entonces alcalde mayor de Bogotá y hoy presidente en sus cruzadas de procurar obstaculizar la participación del empresariado en el sector de los servicios públicos domiciliarios, aun cuando oportunistamente asista a la inauguración del parque solar La Loma, en el departamento del Cesar, construido por Enel - Green Power, en el que esta empresa privada destinó más de 126 millones de dólares.
La nefasta dosis de ineficiencia que le aplicó al servicio de aseo de los bogotanos, de la mano de su entonces incompetente equipo en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP, en su filial Aguas de Bogotá S.A. ESP y en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) se la quiere aplicar ahora a todos los servicios públicos domiciliarios y en todo el país.
El borrador de proyecto de ley de reforma a las leyes 142 y 143 de 1994, muy seguramente ha sido redactado por el mismo equipo que le colaborara al entonces alcalde Petro para lograr el desastre del llamado “esquema transitorio de aseo”. La falta de conocimiento en los sectores de energía, gas, agua potable, alcantarillado y aseo de quienes han participado en la redacción del borrador es alarmante y preocupantemente notoria.
Sería irresponsable que el Gobierno Nacional radique lo propio en el Congreso de la República. El borrador de proyecto no resiste el menor análisis ni tiene la menor viabilidad para contribuir a que las zonas carentes de servicios públicos adecuados puedan acceder a ellos. Para eso lejos está de necesitarse aprobación de ley alguna. Reitero, lo que denota el contenido del borrador de proyecto es la falta de conocimiento y rigurosidad de quienes lo redactaron. Parecen haberse limitado a satisfacer los deseos -menos rigurosos aun- del presidente sobre la materia.