Opinión: ¿Es la salud un derecho humano fundamental?

Considerar la salud como un derecho humano fundamental como en Colombia, es algo que prácticamente no ocurre en ningún otro país del mundo. Paul Hunt, experto en derechos humanos quien fue relator especial de la ONU sobre el derecho a la salud, explica su significado y diferencias con los derechos humanos, entendidos así por su papel determinante en la protección de la vida y la dignidad humana. Considera como derecho a la salud “una abreviatura del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”.

Lea también: El creciente panorama de violencia intrafamiliar en Bogotá, ¿cuál es el antídoto?.

La mayoría de los países del mundo, incluida Colombia en su Constitución de 1991, incorporan la salud dentro de los derechos económicos, sociales y culturales. En el país mediante doctrina construida por la Corte Constitucional y posteriormente por la Ley 1751 de 2015 se le dio formalmente a la salud la calidad de derecho fundamental, aunque en realidad se refiere al derecho a la atención de la enfermedad.

La materialización del derecho a la salud requiere de articulaciones institucionales que incluyen una lista mínima de normas y estándares que faciliten su funcionamiento. Estas contienen requisitos como disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, calidad, participación, no discriminación, transparencia y rendición de cuentas.

A la lista anterior se le agregan tres más de crucial importancia como son la realización progresiva, el máximo disponible de recursos y la asistencia y cooperación internacional.

Es una realidad que la mayoría de las políticas y programas relacionadas con el derecho a la salud no se pueden implementar de la noche a la mañana, toman tiempo, a menudo años o décadas según el estándar que se quiera adoptar que parecería no tener límites.

Además, suelen demandar una gran cantidad de recursos de los que usualmente los países no disponen, en especial aquellos de ingresos medios y bajos donde la asistencia y la cooperación internacional son decisivas para poder alcanzar un mínimo desarrollo.

Por estas razones se considera la salud como un derecho de realización progresiva sujeto al máximo de recursos disponibles y a la asistencia y cooperación internacional en muchos casos.

La mayoría de los derechos humanos como la vida, la intimidad, la prohibición de la tortura o los tratos inhumanos son de aplicación inmediata por lo que carecen de la condición de realización progresiva y de las demás características descritas para el derecho a la salud.

Estas diferencias substantivas entre los derechos humanos y el derecho a la salud sugieren que esta sea manejada bajo un enfoque de derechos humanos y no clasificada como uno de estos.

Aunque el sistema de salud colombiano estaría a la vanguardia mundial en lo que se refiere al reconocimiento de la salud como un derecho fundamental, hablar de derechos sin una base material que los garantice a todos por igual bajos estándares de países desarrollados, corre el riesgo de convertirse en mera retórica política, en una fuente de frustraciones y conflictividad social.

Nota relacionada: Distrito auxilia a 44 personas que tras ser deportadas de EE. UU. estaban en El Dorado.

Considerar la salud como un derecho humano fundamental como en Colombia, es algo que prácticamente no ocurre en ningún otro país del mundo. Paul Hunt, experto en derechos humanos quien fue relator especial de la ONU sobre el derecho a la salud, explica su significado y diferencias con los derechos humanos, entendidos así por su papel determinante en la protección de la vida y la dignidad humana. Considera como derecho a la salud “una abreviatura del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”.

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La mayoría de los países del mundo, incluida Colombia en su Constitución de 1991, incorporan la salud dentro de los derechos económicos, sociales y culturales. En el país mediante doctrina construida por la Corte Constitucional y posteriormente por la Ley 1751 de 2015 se le dio formalmente a la salud la calidad de derecho fundamental, aunque en realidad se refiere al derecho a la atención de la enfermedad.

La materialización del derecho a la salud requiere de articulaciones institucionales que incluyen una lista mínima de normas y estándares que faciliten su funcionamiento. Estas contienen requisitos como disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, calidad, participación, no discriminación, transparencia y rendición de cuentas.

A la lista anterior se le agregan tres más de crucial importancia como son la realización progresiva, el máximo disponible de recursos y la asistencia y cooperación internacional.

Es una realidad que la mayoría de las políticas y programas relacionadas con el derecho a la salud no se pueden implementar de la noche a la mañana, toman tiempo, a menudo años o décadas según el estándar que se quiera adoptar que parecería no tener límites.

Además, suelen demandar una gran cantidad de recursos de los que usualmente los países no disponen, en especial aquellos de ingresos medios y bajos donde la asistencia y la cooperación internacional son decisivas para poder alcanzar un mínimo desarrollo.

Por estas razones se considera la salud como un derecho de realización progresiva sujeto al máximo de recursos disponibles y a la asistencia y cooperación internacional en muchos casos.

La mayoría de los derechos humanos como la vida, la intimidad, la prohibición de la tortura o los tratos inhumanos son de aplicación inmediata por lo que carecen de la condición de realización progresiva y de las demás características descritas para el derecho a la salud.

Estas diferencias substantivas entre los derechos humanos y el derecho a la salud sugieren que esta sea manejada bajo un enfoque de derechos humanos y no clasificada como uno de estos.

Aunque el sistema de salud colombiano estaría a la vanguardia mundial en lo que se refiere al reconocimiento de la salud como un derecho fundamental, hablar de derechos sin una base material que los garantice a todos por igual bajos estándares de países desarrollados, corre el riesgo de convertirse en mera retórica política, en una fuente de frustraciones y conflictividad social.

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