Opinión: La inconveniente reforma a la salud de Petro en Bogotá

El pasado 13 de febrero de 2023 se conoció el proyecto del gobierno para reformar la salud, a la que sin duda hay que hacerle cambios, en especial en las zonas rurales. Pero no arrancar de raíz lo existente para refundarlo con un modelo donde el prestador de servicios asume las funciones del asegurador que desaparece de tajo, algo que no se conoce en ningún lugar del mundo, ni siquiera en España o Inglaterra que son esquemas esencialmente públicos.

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El eje de la reforma son los Centros de Atención Primaria -CAPs- que actuarían como la puerta de entrada al sistema, se encargarían de las acciones de promoción y prevención y ofrecerían la mayor cantidad posible de servicios para evitar desplazamientos a otros prestadores o congestionar las urgencias. Estos objetivos y buena parte de las estrategias con las que se propone alcanzarlos ya operan en Bogotá hace años solo que, de forma, con dueños y nombres diferentes. Cuestionable si creer que los CAPs, cuya responsabilidad es prestar servicios, puedan reemplazar a las EPS en la inscripción de las personas, controlar costos, gestionar el riesgo, garantizar la integralidad del servicio y coordinar los trámites de contratación y pago.

En Bogotá el 85% del aseguramiento y el 80% de la prestación de servicios, están en manos del sector privado y el restante en instituciones públicas, que lo han hecho bien. Las EPS, la pública y las principales privadas, ya poseen estos centros desde hace años, inclusive con el mismo nombre. El Distrito cuenta desde 2016 con una Red Integrada conformada por la EPS pública Distrital, cuatro Subredes con 22 hospitales y cuarenta CAPs que disponen de equipos multidisciplinarios de atención domiciliaria.

¿Qué objeto tendría entonces que Distrito y privados liquiden sus EPS y simultáneamente vuelvan y monten las mismas tareas en los CAPs sí el dueño de ambos es el mismo? ¿Qué se ganaría con cambiarle de nombre a las instituciones, la forma de organizarse y los responsables de su manejo? ¿Cuáles serían los incentivos de un CAPs de controlar el costo de los servicios si quien paga es el gobierno y ya no su dueño?

¿Para qué pedirle al Distrito que escinda las Subredes Integradas y separe los CAPs de los hospitales? ¿Qué ganaría el Distrito adoptando un tarifario único cuando los hospitales hace años contratan mediante presupuestos globales prospectivos? ¿De qué serviría que la Red Distrital adopte el mecanismo de referencia de pacientes cuando es una sola entidad donde esto no es necesario?

Estas son solo algunas de las muchas preguntas que habría que hacerle al gobierno nacional antes de ponerse a desbaratar lo que hoy funciona bien en Bogotá y que se construyó con mucho esfuerzo. Parecería que no conocen como opera la salud en la ciudad. La atención en salud es un tema sumamente sensible a los cambios, por lo que cualquier experimento que se quiera realizar arriesga empeorar las cosas, por muy buenas que sean las intenciones.

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Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

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En Bogotá el 85% del aseguramiento y el 80% de la prestación de servicios, están en manos del sector privado y el restante en instituciones públicas, que lo han hecho bien. Las EPS, la pública y las principales privadas, ya poseen estos centros desde hace años, inclusive con el mismo nombre. El Distrito cuenta desde 2016 con una Red Integrada conformada por la EPS pública Distrital, cuatro Subredes con 22 hospitales y cuarenta CAPs que disponen de equipos multidisciplinarios de atención domiciliaria.

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