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Avanza a toda velocidad una reforma constitucional, por demás compleja y difícil de entender, que permitirá la legalización total del cannabis en Colombia. Es el cuarto país en el mundo que lo haría después de Uruguay, Canadá y varios estados de los Estados Unidos. El resto del mundo ha sido más cauto centrándose en despenalizar el consumo y permitir solo su uso medicinal.
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Esta es una decisión polémica matizada por enfrentar posiciones morales y libertarias, a la que le ha faltado serenidad, pedagogía y discusión pública. No obstante, es una realidad que habrá que afrontar, representada en 1,5 millones de consumidores en Colombia, 250 mil en Bogotá, hoy invisibles para el sistema de salud.
El reto está en reconocer que la estigmatización e ilegalización del consumidor no contribuyen a controlar el problema, pero tampoco en creer que liberalizar totalmente el mercado es la solución. La práctica mundial enseña que la regulación del mercado del cannabis debe buscar un equilibrio entre los objetivos económicos y los de salud pública para lograr un consumo sostenible.
Los primeros más claros en el modelo americano centrado en el libre mercado y la rentabilidad económica, y los segundos en el control del riesgo y la reducción del daño a la salud del canadiense. En un enfoque de salud pública los riesgos, la prevención y el control del daño no se prohíben ni se legalizan y menos se les puede dar una connotación moral, pero si deben primar sobre los de tipo económico.
Colombia ya dio un paso importante con la aprobación del uso medicinal del cannabis y con ello la producción y comercialización legal del producto. Pero la parte más compleja radica en su uso recreativo que debe tener un control del sector salud por el riesgo potencial que implica para esta.
En este aspecto, el país debería utilizar toda la institucionalidad existente de aseguramiento, control del riesgo, atención de pacientes, regulación de precios y distribución de medicamentos. La inexistencia de esta infraestructura ha sido quizás el aspecto más débil del modelo uruguayo.
La experiencia mundial en la regulación del mercado del cannabis es limitada en cuanto al volumen y tiempo de aplicación y, por lo tanto, no es concluyente. Esto sugiere actuar con cautela, sin afán, en lo que sería mucho más recomendable poner en marcha experiencias demostrativas, en lo que Bogotá podría servir de piloto para su implementación previo a su expansión al resto del país.
Está demostrado, caso concreto del alcohol y el tabaco, que una vez se toman las decisiones, por mal hechas que hayan quedado, es muy difícil cambiarlas. Además, que las decisiones deben involucrar a todos los actores mediante procesos democráticos amplios con lo que se obtenga la mayor aprobación social posible.
No puede ser, como se hizo en Uruguay, al calor de un gobierno progresista en contra de la opinión ciudadana mayoritaria, que ahora enfrenta un retroceso o la falta de interés por los nuevos gobiernos.
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