Hace unas semanas le escribí a la ministra de Cultura designada, una nota en que le solicitaba respetuosamente su intervención para evitar la demolición de la torre Central del Complejo Hospitalario San Juan de Dios, ante su inminente destrucción, a causa del contrato suscrito por la Subred Centro Oriente E.S.E. y COPASA – sucursal Colombia, en febrero de 2020. Por su parte, la Ministra Patricia Ariza, solicitó a la ministra saliente, “no tomar decisiones en los días restantes del presente gobierno, que determinen el futuro del conjunto hospitalario (…)”.
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Este es el contexto en el que el Dr. Gonzalo Morales escribe la nota a la que nos referimos. En ella consigna varias imprecisiones que es menester aclarar. El autor afirma que la solicitud de la ministra “suspende el contrato de construcción de un nuevo hospital de alta complejidad que requiere la ciudad”. Pero esta afirmación no es correcta, puesto que dicha solicitud no tiene un impacto directo sobre la suspensión del contrato, ni tampoco es cierto que la no demolición de la torre central se haya detenido producto de una carta.
De acuerdo con el contrato de Copasa, la etapa de demoliciones debería haber empezado hace un año, pero para ello se debían presentar diseños de la nueva obra ante el Consejo Nacional de Patrimonio cultural, los cuales a la fecha no han sido aprobados. Es decir, si el contratista hubiera sido diligente con las exigencias contractuales y patrimoniales, al menos hace un año, la torre central del hospital ya no sería más que historia.
Es inaceptable la afirmación de Morales cuando dice, “Esto significa parar la construcción en curso de un moderno hospital de alta complejidad, poniendo en riesgo un servicio que requiere la ciudad para atender a la población más pobre de este sector”. A la fecha no existe ningún diseño de nuevo hospital que satisfaga las necesidades del Consejo Nacional de Patrimonio cultural; así que es materialmente imposible detener la construcción de “un moderno hospital de alta complejidad” cuyos diseños aún no existen.
Morales omite uno de los capítulos más importantes de toda esta historia, consistente en cómo el hospital pasó de ser un bien de protección arquitectónica, categoría dos, lo cual implica la imposibilidad de demolerlo, a la categoría tres de conservación contextual, que permite su destrucción. ¿Cómo pasó esto? Los estudios de la Universidad Nacional y los estudios técnicos de Soporte, en cumplimiento de la Ley 735 de 2002, mediante el cual se declaró patrimonio Cultural el complejo hospitalario, establecieron que el edificio central, construido en 1954 por la firma Serrano Gómez, era una edificación de categoría dos (conservación arquitectónica).
De ello dan cuenta más de 13 tomos que hacen parte de los estudios urbanísticos, médicos y patrimoniales, que soportan el PEMP (Plan Especial de Manejo y Protección). Sin embargo, al parecer por solicitud del mismo doctor Morales, autor de la nota, y en su momento secretario distrital de Salud, en una reunión de diciembre de 2015, cuando se encontraba en empalme el recién elegido gobierno de Enrique Peñalosa, solicitó, sin soporte técnico alguno, que se modificara el nivel de protección del edificio central, lo que al fin sucedió mediante la resolución 995 de 2016.
Ninguna sustentación técnica fue presentada para tomar semejante decisión. No hay en las actas del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural mención alguna, que pudiera inferir que la protección establecida por la Universidad Nacional debiera ser modificada por la solicitud informal del doctor Morales. Sin embargo, con ello quedó abierta la puerta para la destrucción de la torre.
El Hospital, no solo cuenta con las alturas necesarias, sino que es posible su reforzamiento y adecuaciones arquitectónicas para hacer de este edificio un centro médico de alta complejidad, dándole el valor científico y cultural que tiene desde su creación. El reforzamiento estructural es uno de los caminos posibles que ofrecieron en su momento los estudios de la Universidad de los Andes, contratados durante el Gobierno de Enrique Peñalosa, los cuales dicen que es viable el reforzamiento estructural en concreto, mencionando que, incluso, es más económico que la demolición; por ende, el reforzar la torre del edificio, es financieramente viable y patrimonialmente necesario.
Por último, vale la pena preguntarse ¿Cuál era la certeza que la alcaldesa Claudia López de que el Consejo Nacional de Patrimonio autorizaría la demolición del Hospital San Juan de Dios? ¿No se estaba asumiendo un riesgo demasiado alto al desarrollar un contrato de medio billón de pesos sin las certezas necesarias para su ejecución?
Todos estos temas están en el debate actual; por nuestra parte, estaremos prestos a demostrarle a la ciudad y a la opinión pública, que es necesario proteger el patrimonio de todos los colombianos y colombianas, el cual es médico, científico y arquitectónico. No solo es posible Salvar el San Juan de Dios, sino que es necesario.
* José Cuesta Novoa, Concejal de Bogotá