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Se inicia de nuevo la carrera para elegir alcalde en Bogotá y con ella la posibilidad de sugerirle al próximo mandatario qué podría hacer para mejorar la ciudad. Comenzando por reconocer lo bueno y lo malo para construir sobre lo ya construido. No conviene pretender refundar la ciudad, por muy buenas que sean las intenciones y las propuestas que las acompañan. Esto genera vacíos por los largos procesos de aprendizaje que requieren arriesgando lo logrado y volviendo inciertos los resultados.
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En salud, los indicadores promedio se asemejan a los de un país desarrollado, pero esconden inequidades en materia de protección financiera, acceso, calidad, eficiencia y resultados en salud. Mientras en el norte de la ciudad la gente se muere de patologías crónicas, en el sur siguen siendo frecuentes las muertes maternas e infantiles por causas evitables, algo inaceptable teniendo en cuenta que se dispone de los recursos técnicos y financieros para prevenirlo.
Los servicios de aseguramiento y atención a la enfermedad existentes pertenecen mayoritariamente al sector privado y se concentran en el norte de la ciudad. El sector público es a veces la única alternativa en el sur, pero insuficiente y con una infraestructura anticuada y en mal estado, en cuyo manejo sigue teniendo una alta injerencia el clientelismo y la politiquería.
El próximo alcalde debería liderar un Gran Acuerdo Distrital de Salud que propicie una mayor integración y coordinación entre las instituciones públicas y privadas. Que priorice problemas y soluciones mediante estrategias conjuntas, como podrían ser rutas integrales de atención que se focalicen en poblaciones vulnerables como las mujeres adolescentes, madres solteras y cabeza de familia junto con sus hijos, adultos mayores desprotegidos y personas que padecen una discapacidad.
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El acuerdo debería comenzar con un programa preventivo intersectorial e interinstitucional sobre los principales determinantes sociales de la salud y la enfermedad, que promueva la actividad física, la alimentación saludable, la seguridad vial, la convivencia pacífica y la calidad del aire. El segundo elemento del pacto debería enfocarse en proteger financieramente a la población más vulnerable de la ciudad impidiendo que los costos de salud deterioren aún más sus ingresos.
El tercer aspecto sería mejorar la eficiencia y trasparencia en la operación del sector salud que evite se convierta en una carga financiera mayor para el Distrito y afecte otros programas sociales. Ello exige enfocar la atención en servicios ambulatorios en todas las localidades que mejoren el acceso y permitan identificar y tratar tempranamente los enfermos, para que no lleguen a las emergencias en hospitales cuando a veces es muy tarde y más costoso hacerlo.
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Finalmente, es indispensable que los nombramientos obedezcan a criterios meritocráticos y las compras del sector se hagan utilizando procedimientos abiertos al escrutinio público. La salud en Bogotá debería ser ante todo un asunto técnico en el que se utilicen las personas más capacitadas elegidas en función de su formación y experiencia y no en la cantidad de apoyos políticos que reúnan.
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