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Este viernes inicia un nuevo periodo del Congreso. Será la primera vez que rige la modificación que redujo el receso legislativo. Su intención era “recortar las vacaciones” de los y las congresistas, porque según el relato construido, estos sólo trabajan cuando están sentados en el recinto “produciendo leyes”. Un amplio debate puede darse frente a esta narrativa, pero no es el sentido de esta columna y, al fin y al cabo, ya fue el “argumento” que se impuso.
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Ya que les pagamos “para que hagan leyes” la pregunta es: ¿Qué normas queremos que saquen? ¿Cuáles son los problemas que pueden mejorar modificando o creando leyes? Hay un tema fundamental: la seguridad ciudadana. En Bogotá, el alcalde Galán ha hecho énfasis en este tema. Su programa de Gobierno se llamó “Bogotá Camina Segura”. Varias de sus intervenciones han sido sobre seguridad y -afortunadamente- de acuerdo con las cifras presentadas, en este primer mes hubo una reducción de algunos delitos.
El esfuerzo del gobierno, de la Policía Metropolitana e incluso de la Fiscalía -Seccional Bogotá- siempre -no sólo ahora- es enorme. En los consejos de seguridad se analizan cifras, mapas calor, efectos de políticas de focalización y cada gobernante toma las mejores decisiones que puede con la información que tiene pensando en acertar. Sin embargo, hay elementos que escapan a todos los que tienen asiento en ese consejo.
La Policía Metropolitana es una institución altamente profesional y cada vez más, gracias a los impuestos de los bogotanos, tiene mejores componentes tecnológicos que le facilitan su tarea. No obstante, el sinnúmero de actividades de las cuales es competente, la magnitud de la ciudad y el número de personas que la componen implica que en muchas ocasiones se vea desbordada. Es aquí donde el Congreso debe darle una mano a Bogotá para mejorar la respuesta a los retos de seguridad y convivencia.
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Ligado a estos temas siempre están los asuntos de convivencia. Estos son comportamientos que si bien no son delitos, sí implican problemas de armonía social, de sentirse en esa ciudad de la furía donde la gente se cuela en Transmilenio, se pelea en los bares, se abren establecimientos sin requisitos y un largo etcétera. Son asuntos tratados en el Código Nacional de Convivencia. En la práctica son dos actores los principales protagonistas: la Policía y los inspectores de policía.
Estos últimos son civiles, abogados que, guardando proporciones, son una especie de jueces en la aplicación del Código. Es decir, son quienes después de un proceso determinan si una persona es “culpable” y establecen la sanción correspondiente. Bogotá en los últimos años ha hecho una enorme inversión para aumentar el número de inspectores, cualificarlos, tecnificarlos, descongestionarlos y en general, mejorar los tiempos de respuesta. Claro que aún se puede mejorar, pero sin duda, no hay ninguna ciudad que haya entendido la importancia de éstos como lo ha hecho Bogotá.
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Sin embargo, el segundo actor aún requiere de mayor ayuda. Únicamente los miembros de la policía (y ni siquiera todos) pueden interponer comparendos de convivencia. Es decir, cuando alguien se cuela en Transmilenio, hace necesidades fisiológicas en la calle, no saca la basura en horarios adecuados o un bar viola los límites de ruido permitidos, sólo un uniformado puede poner un comparendo. La Policía además de estar persiguiendo al delincuente, hacer inteligencia, patrullar las calles debe, también, estar pendiente del vecino ruidoso, del mal dueño de mascota, etc. Estas labores podrían realizarse por otros servidores públicos que incluso hoy se dedican a tareas de inspección, vigilancia y control en entidades como alcaldías locales, Secretaría de Ambiente, Secretaría de Hábitat, entre otras.
El Senado está tramitando un proyecto de ley que justamente amplía el número de funcionarios e instituciones que podrían hacer cumplir el Código de Convivencia. El proyecto fue aprobado en primer debate por la Comisión Primera y desde el año pasado espera ser debatido por la Plenaria. La intención del proyecto no es erosionar a la Policía. Es más, no le quita la función. Permite alivianar la carga y complementar para tener mayores capacidades concentradas en los temas de seguridad. Seguramente, la razón para que esta función esté limitada a la policía hace referencia a garantías propias de un Estado de Derecho como el nuestro. Pero, ampliarla a otros funcionarios públicos -responsables disciplinaria y penalmente- como cualquier otro servidor, no debería ser una amenaza a estos derechos. Además, el debido proceso será vigilado por los inspectores de policía en idénticas circunstancia como se hace actualmente.
Esta sería una mano fundamental que puede dar el Congreso para mejorar la seguridad y la convivencia en la ciudad. Ojalá el Senado le dé el debate y mejore el proyecto. Sería un cambio que la ciudadanía podría ver directamente en la calle, en su día a día y de paso, el Congreso puede decir que está “haciendo su tarea”.
