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La apuesta principal del alcalde Carlos Fernando Galán ha sido la seguridad. Tanto su programa de gobierno como su plan de desarrollo fueron titulados como “Bogotá Camina Segura”. Esta es una promesa muy compleja, tanto desde el punto de vista de gestión pública como desde la visión política. No obstante, este es uno de los temas prioritarios para la ciudadanía, y por supuesto, no hay ninguna opción que el gobernante no lo tenga como principal en la agenda pública, simplemente por ser muy complejo. La verdad de ser así, prácticamente ningún problema público tendría esperanza de resolverse o mejorarse.
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Sin embargo: ¿Es suficiente el esfuerzo que se hace? ¿Por qué no siempre se logran los resultados esperados? ¿La ciudadanía sí siente que puede “caminar segura”? El alcalde Galán casi que semanalmente hace una rueda de prensa sobre algún resultado en materia de seguridad. Hace algunos días afirmó que en lo corrido del año se han capturado 381 personas responsables de homicidio en la ciudad. Los datos de la Secretaría de Seguridad muestran resultados favorables en unos delitos como el hurto a personas y el hurto a comercios, con reducciones del 17% y del 34% respectivamente, con corte a julio de 2024. Pero la extorsión, los delitos sexuales y la violencia intrafamiliar están disparados, con aumentos de 76%, 61% y 100% respectivamente. Por su parte, el homicidio ha tenido, incluso, un leve crecimiento del 0.8%. (Pueden consultar los datos aquí)
Propongo realizar un análisis de estos datos, y específicamente de estos delitos, en relación con algunas cifras sobre el sistema judicial y su funcionamiento. Nuestro sistema, lamentablemente, tiene una percepción negativa en la ciudadanía muy alta: cerca del 75% según las últimas encuestas. Sin duda, uno de sus principales problemas es su limitada capacidad para responder a la gran cantidad de demanda y más aún, en tiempos razonables. Enormes esfuerzos e inversiones se han realizado recientemente.
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La pandemia dejó un importante legado ya que aceleró la digitalización y la virtualidad de los procesos, lo cual ha sido el gran salto cualitativo de los últimos años. Sin embargo, hay todavía un largo camino por recorrer ya que según un reciente estudio de USAID sólo cerca del 25% de la población busca la institucionalidad estatal para resolver sus problemas.
El informe estadístico del Sistema Penal, presentado por la Corporación Excelencia en la Justicia, reveló también algunos datos preocupantes y que pueden explicar -al menos en parte- qué falta para que Bogotá camine segura. Con corte a 2023, más del 55% de los procesos estaban inactivos. Dentro del 44% de aquellos expedientes que sí estaban activos, el 62% se encontraban apenas en fase de indagación, es decir, en la etapa más inicial de la investigación en la Fiscalía. Y sólo el 8,8% había iniciado juicio.
En cuanto a los tipos de delitos que más ocupan al sistema judicial son aquellos relacionados contra el patrimonio económico y la vida. Más del 44% de los procesos del sistema son hurtos, bien sea a personas, negocios o viviendas; seguido por el homicidio y las lesiones personales con el 11%. Muy cerca se encuentran los delitos contra la familia como la violencia intrafamiliar, el cual representa el 10% de la ocupación del sistema. Resulta evidente, la relación directa que existe con la congestión de estos delitos y aquellos que más afectan a los bogotanos.
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Es necesario preguntarse: ¿Qué pasa con esas investigaciones? ¿Qué pasa con las personas que -como lo anuncia el alcalde- son detenidas diariamente? Según las cifras, el archivo representa el 81% de los egresos de los procesos del sistema judicial. Una cifra que deja muchas dudas. La razón principal de los archivos es la imposibilidad de establecer el sujeto o la persona que cometió un delito. Es decir, la incapacidad del sistema de individualizar delincuentes, lo cual inevitablemente lleva a la impunidad.
Lo anterior, se suma a que sólo el 2,7% termina en una sentencia. Incluso más del 40% de esas sentencias son producto de preacuerdos. En la ciudad de Bogotá, de los delitos que logran superar la inactividad, el archivo en la indagación y la individualización, el 43% termina en una sentencia absolutoria. Es importante subrayar que, si no se logra probar la comisión de un delito, es un imperativo del Estado de Derecho proferir una sentencia absolutoria. Sin embargo, vale la pena analizar el desgaste del aparato estatal, especialmente de la Fiscalía, para que años después se concluya que el delito o no existió o peor aún, que no se sabe quién lo cometió.
Por su parte, como se señaló, la violencia intrafamiliar es el delito con mayor aumento en la capital. Sus consecuencias son nefastas, especialmente, porque casi siempre las víctimas son mujeres o menores de edad. A pesar de este contexto, este delito es en el que más se aplica el principio de oportunidad, con más del 67%. Utilizar el principio de oportunidad no es negativo per se, incluso, muchos delitos encuentran algo de justicia gracias a este mecanismo. Sin embargo, en términos de política criminal es indispensable cuestionarse si un delito que no sólo va en aumento exponencial, sino adicionalmente, que tiene una carga violenta en contra de mujeres y menores, deba ser prioritariamente tratado a través del principio de oportunidad.
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Hace cerca de un año se presentó un proyecto de ley que pretendía crear un régimen de tratamiento penal alternativo para aquellos delitos denominados como “menores” pero que tienen un gran impacto en la ciudadanía. Buscaba que, a través de mecanismos de justicia restaurativa, existiera una verdadera indemnización a las víctimas y un castigo a quienes lo comenten. Esto podría ayudar a reducir esos niveles de impunidad que se han referenciado y hacer más efectiva la tarea de la Fiscalía. Lamentablemente, el proyecto se hundirá y tampoco ha contado con apoyo alguno por parte de la administración distrital, cuando seguro le ayudaría a cumplir su promesa principal.
El populismo punitivo no es ni mucho la solución a los problemas de seguridad de la capital, pero la necesidad de una justicia pronta, oportuna y real sí es un elemento fundamental. Una eventual reforma a la justicia no pasa por cambiar el sistema de elección del contralor o el procurador; sí por buscar reducir todos los indicadores a los que se hizo mención. Esas reformas y ajustes a la justicia son indispensables. Mientras ello ocurre, la tarea de prevención de delitos por parte de la policía y la administración distrital hay que reforzarla especialmente, en la extorsión, los delitos sexuales, la violencia intrafamiliar y el homicidio.
