Opinión: ¿Qué pasa con la extorsión?

Como respuesta a una crisis estructural de seguridad, en 1996 se creó el Programa Presidencial para la Defensa de la Libertad Personal, una instancia de coordinación interinstitucional que bajo el liderazgo de Alberto Villamizar tenía como objetivo luchar contra las organizaciones criminales dedicadas al secuestro y la extorsión para su judicialización y desmantelamiento.

Dado el impacto catastrófico que estos delitos tienen sobre las víctimas y la sociedad, dicha instancia también se encargó de atenderlas en asuntos relacionados con el daño emocional que causa perder la libertad -física y mental- e incluso en el manejo de la presión ejercida por los delincuentes.

Al menos durante la primera década el objetivo central era el secuestro, un delito insignia de guerrillas, paramilitares y bandas delincuenciales usado como arma de control social, económico y político. Dicho enfoque estaba justificado. Entre los años 1996 y 2000 la Fundación Paz Libre documentó aproximadamente 12.000 casos de secuestro en el país.

Con la atención integrada a víctimas y la documentación del fenómeno también se conoció a su hermana siamesa: la extorsión. Preludio de la ejecución del secuestro, con la que se debilita la voluntad de la persona condenándola a la esclavitud psicológica o conduciéndola a la perdida de la libertad física.

Han pasado 25 años desde la declaración de la guerra contra este flagelo. Al haber disminuido los espacios territoriales controlados por los ilegales, los secuestros registrados se redujeron en más de un 95% comparando el año 2020 con el 2000.

Sin embargo, el éxito en la lucha contra el secuestro parece no haberse trasladado a la extorsión. De acuerdo con registros del Ministerio de Defensa Nacional en 2020 – año de confinamiento- se registraron 8.189 denuncias de extorsión, apenas 155 menos que en 2019. Estos representan casi el doble de los ocurridos en 2013 y 10 veces más que en 1996.

Hasta noviembre de 2021 han sido registrados 4.644 casos –60% en Cundinamarca, Antioquia, Valle y 16% en Bogotá-. Este dato, que parece una reducción considerable de la incidencia no lo es tal, dado el rezago temporal que caracteriza el proceso de registro de las denuncias. ¿Qué explica este panorama?

En primer lugar está el miedo heredado de épocas de control criminal. Aunque parece asunto del pasado, los ciudadanos aun se sienten víctimas potenciales de grupos ilegales. La resiliencia de la reputación criminal hace que las organizaciones delincuenciales aprovechen marcas, narrativas y símbolos para someter a los ciudadanos. La extorsión ya no es un medio sino un fin en sí mismo.

También está la “democratización” de la extorsión como empresa criminal. Mientras que se cerraron espacios territoriales para el secuestro físico de las personas, la expansión desordenada de la digitalización y el uso ingenuo de redes sociales crearon oportunidades para la aprehensión de sus voluntades.

El analfabetismo tecnológico brinda a los delincuentes datos privados, rutinas de comportamiento, alertas de geoposicionamiento, costumbres personales e información familiar, útiles para demostrar capacidad de control y vigilancia sobre sus víctimas, y por supuesto de cumplir sus amenazas.

De otra parte están algunas practicas sociales relacionados con la vida privada. El relajamiento en la salvaguarda de la intimidad crea oportunidades extorsivas de alta efectividad. La potencialidad del daño en la vida personal disminuye la voluntad de denuncia y aumenta la efectividad del delito.

En esto también influyen algunas políticas de datos abiertos relacionados con información de carácter personal. Es grave que un país con tradición extorsiva no considere el riesgo de exposición de los ciudadanos a los delincuentes, como lo demuestra un reciente caso en una Cámara de Comercio.

Es innegable que la supervivencia de prácticas tradicionales y el desarrollo de nuevas por cuenta del aprovechamiento de espacios virtuales y nuevas costumbres sociales ha multiplicado exponencialmente el riesgo de ocurrencia de este delito, deteriorando la sensación de seguridad de los ciudadanos, la confianza en las instituciones y el ambiente de inversión y negocios.

Para triunfar en la lucha contra la extorsión es necesario revisar las lecciones aprendidas y las buenas practicas que definieron el camino exitoso de la lucha contra el secuestro. Mejora de los mecanismos de reporte, denuncia y seguimiento para entender las estructuras y modalidades; afectación de centros de gravedad del delito; y uso de la tecnología para neutralizar sus medios. También es necesario educar a los ciudadanos en el manejo de situaciones extorsivas, técnicas de prevención del delito, alfabetización tecnológica, as como la evaluación de los riesgos de las políticas de datos abiertos.

Mientras no exista una estrategia estructurada de acción cooperativa entre instituciones y ciudadanos para derrotar a quienes buscan esclavizar su voluntad, la empresa de la extorsión continuará en aumento.

Como respuesta a una crisis estructural de seguridad, en 1996 se creó el Programa Presidencial para la Defensa de la Libertad Personal, una instancia de coordinación interinstitucional que bajo el liderazgo de Alberto Villamizar tenía como objetivo luchar contra las organizaciones criminales dedicadas al secuestro y la extorsión para su judicialización y desmantelamiento.

Dado el impacto catastrófico que estos delitos tienen sobre las víctimas y la sociedad, dicha instancia también se encargó de atenderlas en asuntos relacionados con el daño emocional que causa perder la libertad -física y mental- e incluso en el manejo de la presión ejercida por los delincuentes.

Al menos durante la primera década el objetivo central era el secuestro, un delito insignia de guerrillas, paramilitares y bandas delincuenciales usado como arma de control social, económico y político. Dicho enfoque estaba justificado. Entre los años 1996 y 2000 la Fundación Paz Libre documentó aproximadamente 12.000 casos de secuestro en el país.

Con la atención integrada a víctimas y la documentación del fenómeno también se conoció a su hermana siamesa: la extorsión. Preludio de la ejecución del secuestro, con la que se debilita la voluntad de la persona condenándola a la esclavitud psicológica o conduciéndola a la perdida de la libertad física.

Han pasado 25 años desde la declaración de la guerra contra este flagelo. Al haber disminuido los espacios territoriales controlados por los ilegales, los secuestros registrados se redujeron en más de un 95% comparando el año 2020 con el 2000.

Sin embargo, el éxito en la lucha contra el secuestro parece no haberse trasladado a la extorsión. De acuerdo con registros del Ministerio de Defensa Nacional en 2020 – año de confinamiento- se registraron 8.189 denuncias de extorsión, apenas 155 menos que en 2019. Estos representan casi el doble de los ocurridos en 2013 y 10 veces más que en 1996.

Hasta noviembre de 2021 han sido registrados 4.644 casos –60% en Cundinamarca, Antioquia, Valle y 16% en Bogotá-. Este dato, que parece una reducción considerable de la incidencia no lo es tal, dado el rezago temporal que caracteriza el proceso de registro de las denuncias. ¿Qué explica este panorama?

En primer lugar está el miedo heredado de épocas de control criminal. Aunque parece asunto del pasado, los ciudadanos aun se sienten víctimas potenciales de grupos ilegales. La resiliencia de la reputación criminal hace que las organizaciones delincuenciales aprovechen marcas, narrativas y símbolos para someter a los ciudadanos. La extorsión ya no es un medio sino un fin en sí mismo.

También está la “democratización” de la extorsión como empresa criminal. Mientras que se cerraron espacios territoriales para el secuestro físico de las personas, la expansión desordenada de la digitalización y el uso ingenuo de redes sociales crearon oportunidades para la aprehensión de sus voluntades.

El analfabetismo tecnológico brinda a los delincuentes datos privados, rutinas de comportamiento, alertas de geoposicionamiento, costumbres personales e información familiar, útiles para demostrar capacidad de control y vigilancia sobre sus víctimas, y por supuesto de cumplir sus amenazas.

De otra parte están algunas practicas sociales relacionados con la vida privada. El relajamiento en la salvaguarda de la intimidad crea oportunidades extorsivas de alta efectividad. La potencialidad del daño en la vida personal disminuye la voluntad de denuncia y aumenta la efectividad del delito.

En esto también influyen algunas políticas de datos abiertos relacionados con información de carácter personal. Es grave que un país con tradición extorsiva no considere el riesgo de exposición de los ciudadanos a los delincuentes, como lo demuestra un reciente caso en una Cámara de Comercio.

Es innegable que la supervivencia de prácticas tradicionales y el desarrollo de nuevas por cuenta del aprovechamiento de espacios virtuales y nuevas costumbres sociales ha multiplicado exponencialmente el riesgo de ocurrencia de este delito, deteriorando la sensación de seguridad de los ciudadanos, la confianza en las instituciones y el ambiente de inversión y negocios.

Para triunfar en la lucha contra la extorsión es necesario revisar las lecciones aprendidas y las buenas practicas que definieron el camino exitoso de la lucha contra el secuestro. Mejora de los mecanismos de reporte, denuncia y seguimiento para entender las estructuras y modalidades; afectación de centros de gravedad del delito; y uso de la tecnología para neutralizar sus medios. También es necesario educar a los ciudadanos en el manejo de situaciones extorsivas, técnicas de prevención del delito, alfabetización tecnológica, as como la evaluación de los riesgos de las políticas de datos abiertos.

Mientras no exista una estrategia estructurada de acción cooperativa entre instituciones y ciudadanos para derrotar a quienes buscan esclavizar su voluntad, la empresa de la extorsión continuará en aumento.