Opinión: ¿Qué sucedería si se acaban las EPS en Bogotá como propone Petro?

Petro propone acabar la Ley 100 de 1993, para reemplazarla por un modelo descentralizado totalmente público. En este las funciones de las EPS serían asumidas por las secretarías de salud quienes, junto con un consejo local de salud, manejarían los recursos, organizarían la atención de la población, contratarían los servicios y les pagarían a hospitales.

Para entender las implicaciones de esta decisión en Bogotá, 7 de los 8 millones de habitantes están afiliados a EPS privadas y son atendidos en su mayoría en hospitales privados, que poseen el 75% de las camas hospitalarias de la ciudad. Igualmente, Bogotá concentra el 30% de los recursos especializados en salud del país, lo que la convierte en lugar obligado de referencia de pacientes de municipios vecinos y de regiones como los antiguos territorios nacionales.

La razón fundamental para justificar semejante aventura se resume en afirmar que “las EPS son un peso muerto, que solo realizan intermediación financiera”. Este argumento, más de carácter ideológico que técnico, en realidad no está proponiendo acabar con las EPS sino cambiarles el nombre y volverlas públicas, con lo que además pretende ganar simpatía entre los poderes locales al ofrecerles manejar $57 billones de pesos.

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De materializarse esta propuesta, 7 millones de bogotanos se verían obligados a hacer filas en la Secretaría de salud o en un hospital para una cita o una autorización de una cirugía, decisión con la que además verían limitada la posibilidad de acceder a los hospitales privados de la ciudad, catalogados como los mejores de Colombia.

Pero peor aún, los otros 5 millones de personas de fuera de Bogotá, que habitualmente la utilizan para acceder a servicios de mediana y alta complejidad inexistentes en sus regiones, ¿tendrían que viajar a Bogotá para conseguir la cita o la autorización de una cirugía, o quién lo haría por ellos?

No debe olvidarse, que eso que hoy proponen como novedoso, era lo que existía antes de la Ley 100 de 1993. En ese momento solo el 25% de la población podía acceder al Seguro Social y la inmensa mayoría debía hacer la fila en los hospitales públicos, acudir a la caridad pública o morirse en su casa.

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Como conocedor de la salud en Bogotá donde he sido su secretario en dos oportunidades, no le veo factibilidad a esta propuesta, por la rigidez, la lentitud y su limitación al ámbito local, que caracteriza a las secretarias de salud. En cambio, sí las valorizaría como presas de la politiquería, como el mismo Petro lo demostró siendo alcalde con la pésima gestión de la EPS propiedad del Distrito.

Razón tenía FECODE cuando se opuso a que la educación fuese manejada por los poderes locales. No hay que estigmatizar lo público afirmando que por ese solo hecho es ineficiente y corrupto. Pero tampoco hay que creer que puede asumir de manera rápida y eficiente funciones que nunca ha desempeñado. Esto implicaría profundas reformas estructurales y un largo período de transición, mientras que en el entretanto la población más vulnerable se vería sometida a un deterioro severo de sus servicios de salud, que se pagaría con vidas humanas.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá, de El Espectador.

Petro propone acabar la Ley 100 de 1993, para reemplazarla por un modelo descentralizado totalmente público. En este las funciones de las EPS serían asumidas por las secretarías de salud quienes, junto con un consejo local de salud, manejarían los recursos, organizarían la atención de la población, contratarían los servicios y les pagarían a hospitales.

Para entender las implicaciones de esta decisión en Bogotá, 7 de los 8 millones de habitantes están afiliados a EPS privadas y son atendidos en su mayoría en hospitales privados, que poseen el 75% de las camas hospitalarias de la ciudad. Igualmente, Bogotá concentra el 30% de los recursos especializados en salud del país, lo que la convierte en lugar obligado de referencia de pacientes de municipios vecinos y de regiones como los antiguos territorios nacionales.

La razón fundamental para justificar semejante aventura se resume en afirmar que “las EPS son un peso muerto, que solo realizan intermediación financiera”. Este argumento, más de carácter ideológico que técnico, en realidad no está proponiendo acabar con las EPS sino cambiarles el nombre y volverlas públicas, con lo que además pretende ganar simpatía entre los poderes locales al ofrecerles manejar $57 billones de pesos.

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Pero peor aún, los otros 5 millones de personas de fuera de Bogotá, que habitualmente la utilizan para acceder a servicios de mediana y alta complejidad inexistentes en sus regiones, ¿tendrían que viajar a Bogotá para conseguir la cita o la autorización de una cirugía, o quién lo haría por ellos?

No debe olvidarse, que eso que hoy proponen como novedoso, era lo que existía antes de la Ley 100 de 1993. En ese momento solo el 25% de la población podía acceder al Seguro Social y la inmensa mayoría debía hacer la fila en los hospitales públicos, acudir a la caridad pública o morirse en su casa.

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Como conocedor de la salud en Bogotá donde he sido su secretario en dos oportunidades, no le veo factibilidad a esta propuesta, por la rigidez, la lentitud y su limitación al ámbito local, que caracteriza a las secretarias de salud. En cambio, sí las valorizaría como presas de la politiquería, como el mismo Petro lo demostró siendo alcalde con la pésima gestión de la EPS propiedad del Distrito.

Razón tenía FECODE cuando se opuso a que la educación fuese manejada por los poderes locales. No hay que estigmatizar lo público afirmando que por ese solo hecho es ineficiente y corrupto. Pero tampoco hay que creer que puede asumir de manera rápida y eficiente funciones que nunca ha desempeñado. Esto implicaría profundas reformas estructurales y un largo período de transición, mientras que en el entretanto la población más vulnerable se vería sometida a un deterioro severo de sus servicios de salud, que se pagaría con vidas humanas.

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