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Es importante reflexionar sobre cómo abordar este tipo de casos. Personalmente, estoy de acuerdo con el salvamento de voto de la magistrada Myriam Ávila, quien argumentó que si bien EPA Colombia cometió conductas ilegales y vandálicas, en ningún momento estas acciones pueden calificarse como instigación a cometer actos terroristas, tal y como quedó en la condena (vale la pena aclarar que en instancias anteriores, ella se declaró culpable de estos hechos).
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En 2022 Bogotá implementó el programa Juntos nos Reconciliamos, que permitió a infractores del Código de Policía conmutar sus multas por trabajo comunitario. El objetivo final era la reflexión a través del trabajo comunitario: limpiar parques, pintar canchas, embellecer la ciudad y de paso, pagar la multa.
En casos como el de EPA Colombia, donde no hay evidencia de vínculos con estructuras criminales, un enfoque más orientado a la reconciliación y a la no repetición podría ser más efectivo. La prisión no necesariamente fomenta esta reflexión ni garantiza la restauración del espacio público. Debemos preguntarnos: ¿estos actos deben llevar siempre a prisión? ¿O lo que busca una sociedad es prevenirlos, reflexionar sobre el cuidado del espacio público y construir una cultura de respeto hacia lo común? Proteger el espacio público requiere una combinación de factores: una ciudadanía que valore el bien colectivo, una fuerza local que lo cuide y lo haga respetar, leyes que lo protejan y medidas efectivas que inviten a la no repetición.
Esto no significa ser condescendientes con el vandalismo. Al contrario, debemos reprocharlo y sancionarlo con firmeza. Bogotá ha sufrido una degradación importante de su espacio público debido a actos de violencia que, bajo el pretexto de la protesta, terminan destruyendo bienes comunes y privados.
El caso de los jóvenes de la primera línea, condenados a 19 años de prisión por el Tribunal de Bogotá en 2023, es un ejemplo de cómo la violencia y la injerencia de criminales permean la protesta social y generan una afectación enorme a la ciudad. El Tribunal encontró que los hechos vandálicos ocurridos entre 2019 y 2020 estuvieron influenciados por el Frente Segundo Manuel Marulanda Vélez, una disidencia de las antiguas FARC. Un comandante de este frente reclutó y organizó actos violentos, lo que llevó a los condenados a ser encontrados culpables de delitos como terrorismo, concierto para delinquir agravado, perturbación del servicio de transporte público y violencia contra servidores públicos. En este caso, el Tribunal concluyó que estas acciones no constituían protesta legítima, sino una operación criminal que excedió cualquier reivindicación política.
Bogotá debe estar preparada para abordar ambos tipos de casos. Por un lado, es necesaria una fuerza de investigación especializada, capaz de individualizar, prevenir y atender los hechos relacionados con la penetración de grupos ilegales en la protesta social legítima. Por otro lado, cuando no existe esa injerencia, el enfoque debería ser más integral, orientado a la reconciliación, la no repetición y la reparación del espacio público. Esto permitiría que quienes cometieron actos vandálicos reflexionen sobre sus acciones, respeten los bienes comunes y no reincidan.
Bogotá necesita fortalecer su capacidad de gestión del espacio público a través de gestores de convivencia o agentes civiles. Así como hoy existen agentes azules civiles encargados de imponer multas de tránsito, debería existir una figura similar para las infracciones relacionadas con el espacio público y el Código de Policía, como botar basura o dañar infraestructura. No hay razón para que un policía o un comandante de un CAI deba encargarse de estas sanciones. No tiene sentido que los pocos policías que hay se dediquen a proteger el espacio público. Unos gestores bien capacitados podrían hacerlo, y para ello es necesario impulsar un proyecto de ley que fue radicado en 2023, pero que no ha contado con el apoyo suficiente. Esperamos que pronto reciba el respaldo necesario.
Bogotá necesita justicia efectiva, que equilibre la firmeza con la inteligencia en sus sanciones. Solo así podremos proteger el espacio público, garantizar el respeto por los bienes comunes y reconciliar el derecho a la protesta con el orden ciudadano.
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