Opinión: ¿Reforma o renuncia a la justicia?
La alcaldesa López entró de lleno en la discusión sobre la reforma a la justicia penal por la puerta de sus preocupaciones sobre el futuro inmediato de la seguridad de la ciudad y las de la ciudadanía sobre el empoderamiento de la delincuencia.
César Andrés Restrepo F.
Hace algunos días, la alcaldesa mayor de Bogotá convocó a la ciudadanía a unirse a una “firmatón” de derechos de petición al Gobierno nacional y al Congreso de la República para frenar la reforma del sistema carcelario, justicia restaurativa y reforma a la justicia que propone el gobierno.
La mandataria alertó sobre el daño que causarían a la ciudad las excarcelaciones masivas y la disminución del costo oportunidad de delinquir para las bandas delincuenciales, por cuenta de penas alternativas o cumplimientos parciales de sentencias.
En este sentido, describió la propuesta del Gobierno Petro como un ejercicio de impunidad, que no resuelve problemas estructurales del sistema penitenciario y carcelario, que deberían atenderse antes de recaer sobre el código penal y las normas penitenciarias.
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Su postura se sustenta básicamente en dos argumentos. El primero es la existencia de servicios penitenciarios dignos y efectivos como la cárcel distrital –certificada por la Asociación Americana de Correccionales– con infraestructura, capacidades técnicas, servicios y procesos que desvirtúan la necesidad de recurrir al debilitamiento del imperio la ley para responder a la crisis.
El segundo tiene que ver con la debilidad de la rama judicial para proveer justicia de manera efectiva, y así poner al delincuente frente a una salida única de reconocimiento, arrepentimiento y deseo de reparación. Teniendo en cuenta la falta de capacidades para desarrollar procesos probatorios robustos y la resolución rápida de proceso penales, ¿cómo reparar a las víctimas de un delito cuya responsabilidad no se probará?
Para la alcaldesa, esta iniciativa favorece el debilitamiento de la aplicación de la ley, sin haber agotado esfuerzos para garantizar que el delincuente atienda la responsabilidad con sus víctimas y la sociedad, su resocialización y reintegración efectiva. La impunidad como sello de garantía para el exitoso desarrollo de carreras criminales.
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En este debate ha concurrido el ministro de Justicia desestimando los temores de la mandataria y rechazando los métodos que propone, para neutralizar su propuesta. Sobre esto, ha sido enfático en señalar que la reforma no busca devolver los delincuentes a las calles o que evadan el peso de la ley a través de la aplicación de métodos alternativos.
Por el contrario, indica que la reforma busca superar el fracaso del sistema actual en la disminución de la delincuencia, la mejoría de la seguridad y la garantía del imperio de la ley.
Sus explicaciones se concentran en la temporalidad de su reforma –largo plazo–, el esfuerzo por la reparación de las víctimas, innovación en procesos para resocialización y reintegración, el abandono de lo penitenciario como método de castigo social y finalmente, el desarrollo de un marco normativo que se pueda cumplir ante la incapacidad de hacer cumplir aquel que está vigente.
Ideas loables que se desarrollan sobre un molde organizacional, normativo y de capacidades que asegura un nuevo fracaso en la solución de este problema estructural de la sociedad colombiana.
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En primer lugar, porque se basa en el imaginario de que la incapacidad institucional para que las normas se cumplan se resuelve mediante su flexibilización o derogación, no mediante la construcción de un sistema que haga creíble el cumplimiento de normas y penas. Esto resulta curioso, pues el propio ministro parte de las capacidades deficientes para argumentar la necesidad de su reforma.
También, porque se circunscribe a discusiones normativas y filosóficas, abandonando un obligado ejercicio estructurado de identificación de los factores que obstaculizan la aplicación de la ley, la resocialización y la reintegración efectiva de quien ha actuado contra la sociedad violando la ley, para así cerrar espacios a las carreras criminales.
Adicionalmente, porque vuelve a instrumentalizar la reparación a las víctimas para superar la debilidad administrativa, corrupción y cultura de venganza imperantes, a partir de ventajas y beneficios para los delincuentes. La fallida reparación de las Farc y las Autodefensas demuestra la dificultad que tendría con individuos incapaces –y sin interés– de atender esa y otras responsabilidades civiles.
Resolver este problema requiere antes que todo de una evaluación de las debilidades que hacen inefectivo, caótico e inhumano al sistema penitenciario, que dé lugar a un plan con recursos, cronogramas y responsables para su mejoramiento inmediato.
Asimismo, un plan de reordenamiento del sistema y optimización de capacidades que no se solucione con las –esas sí– fracasadas excarcelaciones o casa por cárcel. Además, cualquier iniciativa restaurativa sería inviable si persiste la idea de no construir más cárceles.
Y finalmente, avanzar en soluciones alternativas únicamente si se logra demostrar que la acción institucional para corregir la gestión penitenciaria y carcelaria es insuficiente para aplicar la ley, proteger los ciudadanos y mantener a las víctimas como prioridad de la sociedad sobre los delincuentes. Situación que definitivamente no se puede argumentar en la actualidad.
La incapacidad gubernamental no puede justificar la renuncia al estado de derecho como mecanismo para obtener la buena voluntad de los delincuentes. La paz y la seguridad son resultado de una justicia que sea creíble y responda a las necesidades de las víctimas, no de sus victimarios.
Hace algunos días, la alcaldesa mayor de Bogotá convocó a la ciudadanía a unirse a una “firmatón” de derechos de petición al Gobierno nacional y al Congreso de la República para frenar la reforma del sistema carcelario, justicia restaurativa y reforma a la justicia que propone el gobierno.
La mandataria alertó sobre el daño que causarían a la ciudad las excarcelaciones masivas y la disminución del costo oportunidad de delinquir para las bandas delincuenciales, por cuenta de penas alternativas o cumplimientos parciales de sentencias.
En este sentido, describió la propuesta del Gobierno Petro como un ejercicio de impunidad, que no resuelve problemas estructurales del sistema penitenciario y carcelario, que deberían atenderse antes de recaer sobre el código penal y las normas penitenciarias.
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Su postura se sustenta básicamente en dos argumentos. El primero es la existencia de servicios penitenciarios dignos y efectivos como la cárcel distrital –certificada por la Asociación Americana de Correccionales– con infraestructura, capacidades técnicas, servicios y procesos que desvirtúan la necesidad de recurrir al debilitamiento del imperio la ley para responder a la crisis.
El segundo tiene que ver con la debilidad de la rama judicial para proveer justicia de manera efectiva, y así poner al delincuente frente a una salida única de reconocimiento, arrepentimiento y deseo de reparación. Teniendo en cuenta la falta de capacidades para desarrollar procesos probatorios robustos y la resolución rápida de proceso penales, ¿cómo reparar a las víctimas de un delito cuya responsabilidad no se probará?
Para la alcaldesa, esta iniciativa favorece el debilitamiento de la aplicación de la ley, sin haber agotado esfuerzos para garantizar que el delincuente atienda la responsabilidad con sus víctimas y la sociedad, su resocialización y reintegración efectiva. La impunidad como sello de garantía para el exitoso desarrollo de carreras criminales.
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Por el contrario, indica que la reforma busca superar el fracaso del sistema actual en la disminución de la delincuencia, la mejoría de la seguridad y la garantía del imperio de la ley.
Sus explicaciones se concentran en la temporalidad de su reforma –largo plazo–, el esfuerzo por la reparación de las víctimas, innovación en procesos para resocialización y reintegración, el abandono de lo penitenciario como método de castigo social y finalmente, el desarrollo de un marco normativo que se pueda cumplir ante la incapacidad de hacer cumplir aquel que está vigente.
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También, porque se circunscribe a discusiones normativas y filosóficas, abandonando un obligado ejercicio estructurado de identificación de los factores que obstaculizan la aplicación de la ley, la resocialización y la reintegración efectiva de quien ha actuado contra la sociedad violando la ley, para así cerrar espacios a las carreras criminales.
Adicionalmente, porque vuelve a instrumentalizar la reparación a las víctimas para superar la debilidad administrativa, corrupción y cultura de venganza imperantes, a partir de ventajas y beneficios para los delincuentes. La fallida reparación de las Farc y las Autodefensas demuestra la dificultad que tendría con individuos incapaces –y sin interés– de atender esa y otras responsabilidades civiles.
Resolver este problema requiere antes que todo de una evaluación de las debilidades que hacen inefectivo, caótico e inhumano al sistema penitenciario, que dé lugar a un plan con recursos, cronogramas y responsables para su mejoramiento inmediato.
Asimismo, un plan de reordenamiento del sistema y optimización de capacidades que no se solucione con las –esas sí– fracasadas excarcelaciones o casa por cárcel. Además, cualquier iniciativa restaurativa sería inviable si persiste la idea de no construir más cárceles.
Y finalmente, avanzar en soluciones alternativas únicamente si se logra demostrar que la acción institucional para corregir la gestión penitenciaria y carcelaria es insuficiente para aplicar la ley, proteger los ciudadanos y mantener a las víctimas como prioridad de la sociedad sobre los delincuentes. Situación que definitivamente no se puede argumentar en la actualidad.
La incapacidad gubernamental no puede justificar la renuncia al estado de derecho como mecanismo para obtener la buena voluntad de los delincuentes. La paz y la seguridad son resultado de una justicia que sea creíble y responda a las necesidades de las víctimas, no de sus victimarios.