Opinión: repensar el patrimonio para profundizar la democracia

Durante décadas el patrimonio constituyó un campo del saber experto, un ámbito confinado al conocimiento técnico de los arquitectos y restauradores. Y menos mal que fue así. El trabajo de estos profesionales, recorriendo de manera incansable la ciudad de Bogotá, permitió declarar y proteger –fundamentalmente entre los años 90 y la década del 2010- miles de inmuebles coloniales y modernos que hoy hacen parte de un legado muy importante para los habitantes de esta ciudad y que por esta vía se encuentran a salvo de las decisiones de planificación urbana muchas veces atadas exclusivamente al valor del suelo.

Por supuesto, para seleccionar aquello que debía ser declarado patrimonio, estos profesionales tenían unos criterios, es decir tenían un lente para valorar. Ahí era esencial, por ejemplo, que los inmuebles conllevaran una serie de valores arquitectónicos relevantes o excepcionales, que constituyeran la obra de un arquitecto reconocido o que en su materialidad representaran un testimonio de una época o de un periodo importante para el desarrollo de la ciudad.

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Este lente ha ido cambiando. Hoy vemos al patrimonio con otros ojos, con otros filtros. Hoy nos planteamos nuevas preguntas alrededor de los criterios de valoración del patrimonio y de los actores sociales que pueden o no intervenir en el debate. Y cuando hablamos de miradas nuevas no nos referimos solamente a la relevancia que ha ido tomando desde hace por lo menos veinte años el campo del patrimonio inmaterial, es decir el universo de creencias, saberes, manifestaciones y prácticas simbólicas que es inherente a los colectivos sociales y que al igual que el patrimonio material constituye un activo fundamental para una sociedad en constante reinterpretación de sus legados.

Estamos hablando en realidad de un nuevo lente y de unas lecturas distintas que trasciendan la falsa dicotomía entre lo material y lo inmaterial. En efecto, cuando recorremos o caminamos un territorio no separamos en nuestra experiencia de interpretación del lugar, la materialidad de lo que vemos y los valores inmateriales que pueden estar atados a ese espacio en particular. Lo material y lo inmaterial –categorías analíticas para aprehender el patrimonio- constituyen en realidad dimensiones integradas e interdependientes; la interpretación de la materialidad está mediada por una serie de construcciones inmateriales -prácticas simbólicas, memorias y creencias- que nos permiten asignar valor y sentido a un lugar como un todo.

La apuesta del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) por los patrimonios integrados -la manera como las relaciones entre los distintos patrimonios crean identidad y sentido de lugar- es una apuesta por democratizar el campo de lo patrimonial al reconocer la inaplazable necesidad de repensar la valoración del patrimonio desde la mirada y la agencia de nuevos actores sociales que por supuesto nos plantean nuevos interrogantes.

Este patrimonio se pregunta hoy por la escala de lo humano, por el valor de lo próximo y de lo singular, por el vínculo social con el territorio y con las comunidades que lo habitan e interpretan, por la relación cotidiana con el parque, con el humedal, con la tienda más cercana, por las memorias asociadas a las luchas sociales por apropiar y habitar un lugar, por las pequeñas gestas comunitarias que conformaron el barrio.

Entender que alrededor de un árbol, de una huerta colectiva o de un pequeño monumento gestionado por la comunidad se condensan múltiples representaciones de los de los sentidos dados al hecho de habitar un sitio, es tan importante como entender que, por ejemplo, una casa sencilla que desde siempre albergó una zapatería o la panadería del barrio, puede develar, más allá de sus cánones arquitectónicos o constructivos, una historia potente y singular, un hecho patrimonial.

Este cambio en la enunciación del campo de lo patrimonial permite no solamente el reconocimiento de sentidos colectivos de ciudadanía que no hemos sido capaces de ver; propicia asimismo la aparición de sujetos inesperados y la emergencia de nuevas agencias sociales que son claves para comprender desde otra mirada los procesos de ordenamiento territorial. La apuesta por incluir en el modelo del hoy suspendido POT de Bogotá una estructura integradora de patrimonios tiene que ver precisamente con entender que la cultura y el patrimonio son fuente de ordenamiento y que la planificación urbana, entendida como un ejercicio de arqueología de los distintos sentidos del habitar que han construido los colectivos sociales, debe superar el modelo basado en las necesidades para transitar a una lectura centrada en los valores.

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Construir un instrumento de ordenamiento territorial en clave patrimonial en la localidad de Bosa, tarea en la que se ha embarcado el IDPC, no implica entonces solamente considerar aquello que hoy allí está declarado como patrimonio, es decir el sector colonial y sus calles aledañas. Implica entender las relaciones de sentido entre ese legado colonial y otros hechos patrimoniales que nos hablan hoy por ejemplo sobre la defensa de la relación ancestral con el agua que reivindica la comunidad muisca de Bosa o sobre los procesos de autoconstrucción comunitaria que caracterizan algunos sectores de esta localidad y que los sujetos sociales de estos barrios reconocen como un patrimonio a salvaguardar.

Es la agencia de estos sujetos sociales, antes invisibilizados por la mirada tradicional del campo de lo patrimonial la que ha permitido desclausurar la noción clásica del patrimonio. Fueron las comunidades campesinas de Usme quienes durante muchos años han defendido el impresionante hallazgo arqueológico ocurrido en el año 2007 en un predio de 30 hectáreas destinado a construir miles de viviendas para la localidad. Su reivindicación de los valores del lugar y su impulso para su declaratoria como área arqueológica protegida estuvo motivada por la certeza de que relacionarse con ese pasado desde las preguntas y preocupaciones del presente les permitiría defender su propio proyecto de vida, es decir, el modo de vida rural y sus saberes asociados, hoy amenazados por la expansión del borde urbano-rural de Bogotá.

¿Constituyen estas 30 hectáreas, bordeadas por una serie de cauces de agua que nacen el páramo de Sumapaz únicamente un patrimonio arqueológico? ¿Son acaso un patrimonio natural? ¿O representan un patrimonio inmaterial en el que convergen prácticas simbólicas y visiones del territorio asociadas a los modos de vida campesinos y a las reivindicaciones ancestralidad de las comunidades muisca hoy reconocidas en Bogotá?

Trabajar sobre la construcción de un parque arqueológico y de patrimonio cultural en Usme es entender que en el proceso estamos abordando un hecho patrimonial complejo, un ejemplo más de los patrimonios integrados, y que es trabajo de la institucionalidad tomar en cuenta las múltiples asignaciones de sentido que los distintos actores sociales le otorgan a este espacio en clave de sus proyectos vitales de presente.

Tal vez es tiempo de entender que es imposible apostar a una nueva ciudad sin reconocer los lugares que importan. Hay sectores en la ciudad, muchos más de los que pensamos, que a fin de cuentas nos quedaron bien hechos: el barrio San Luis, el Armenia, la Fragua, el Quiroga, la Magdalena, Ciudad Jardín, espacios que nos cuentan historias, lugares habitados, cargados de sentido y singularidad.

Es tiempo de pagar nuestras deudas, de reconocer nuestras heridas para reconciliarnos con los pasados y legados múltiples de Bogotá; ahí está, sólo para citar un ejemplo, ese “no lugar” del predio de los Columbarios del Cementerio Central en plena calle 26, vecino incómodo de los grandes panteones de los héroes y mártires de nuestra patria. El antiguo cementerio de pobres de Bogotá, que hoy que estamos en proceso de recuperar desde el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, nos confronta con esas historias que en ocasiones nos cuesta asumir como sociedad, las historias de los miles de personas de clase popular que allí se enterraron durante más de un siglo y cuyas memorias estuvieron por un tiempo destinadas a ser borradas con el proyecto de construcción de un parque recreativo.

De lo que se trata, en síntesis, es de completar los relatos, de abrir las perspectivas, de reconocer otros legados y validar la agencia de nuevos sujetos sociales. La ampliación del campo de lo patrimonial, es al final una apuesta por la profundización de la democracia y por la construcción de ciudadanías más diversas y plurales.

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Durante décadas el patrimonio constituyó un campo del saber experto, un ámbito confinado al conocimiento técnico de los arquitectos y restauradores. Y menos mal que fue así. El trabajo de estos profesionales, recorriendo de manera incansable la ciudad de Bogotá, permitió declarar y proteger –fundamentalmente entre los años 90 y la década del 2010- miles de inmuebles coloniales y modernos que hoy hacen parte de un legado muy importante para los habitantes de esta ciudad y que por esta vía se encuentran a salvo de las decisiones de planificación urbana muchas veces atadas exclusivamente al valor del suelo.

Por supuesto, para seleccionar aquello que debía ser declarado patrimonio, estos profesionales tenían unos criterios, es decir tenían un lente para valorar. Ahí era esencial, por ejemplo, que los inmuebles conllevaran una serie de valores arquitectónicos relevantes o excepcionales, que constituyeran la obra de un arquitecto reconocido o que en su materialidad representaran un testimonio de una época o de un periodo importante para el desarrollo de la ciudad.

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Este lente ha ido cambiando. Hoy vemos al patrimonio con otros ojos, con otros filtros. Hoy nos planteamos nuevas preguntas alrededor de los criterios de valoración del patrimonio y de los actores sociales que pueden o no intervenir en el debate. Y cuando hablamos de miradas nuevas no nos referimos solamente a la relevancia que ha ido tomando desde hace por lo menos veinte años el campo del patrimonio inmaterial, es decir el universo de creencias, saberes, manifestaciones y prácticas simbólicas que es inherente a los colectivos sociales y que al igual que el patrimonio material constituye un activo fundamental para una sociedad en constante reinterpretación de sus legados.

Estamos hablando en realidad de un nuevo lente y de unas lecturas distintas que trasciendan la falsa dicotomía entre lo material y lo inmaterial. En efecto, cuando recorremos o caminamos un territorio no separamos en nuestra experiencia de interpretación del lugar, la materialidad de lo que vemos y los valores inmateriales que pueden estar atados a ese espacio en particular. Lo material y lo inmaterial –categorías analíticas para aprehender el patrimonio- constituyen en realidad dimensiones integradas e interdependientes; la interpretación de la materialidad está mediada por una serie de construcciones inmateriales -prácticas simbólicas, memorias y creencias- que nos permiten asignar valor y sentido a un lugar como un todo.

La apuesta del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) por los patrimonios integrados -la manera como las relaciones entre los distintos patrimonios crean identidad y sentido de lugar- es una apuesta por democratizar el campo de lo patrimonial al reconocer la inaplazable necesidad de repensar la valoración del patrimonio desde la mirada y la agencia de nuevos actores sociales que por supuesto nos plantean nuevos interrogantes.

Este patrimonio se pregunta hoy por la escala de lo humano, por el valor de lo próximo y de lo singular, por el vínculo social con el territorio y con las comunidades que lo habitan e interpretan, por la relación cotidiana con el parque, con el humedal, con la tienda más cercana, por las memorias asociadas a las luchas sociales por apropiar y habitar un lugar, por las pequeñas gestas comunitarias que conformaron el barrio.

Entender que alrededor de un árbol, de una huerta colectiva o de un pequeño monumento gestionado por la comunidad se condensan múltiples representaciones de los de los sentidos dados al hecho de habitar un sitio, es tan importante como entender que, por ejemplo, una casa sencilla que desde siempre albergó una zapatería o la panadería del barrio, puede develar, más allá de sus cánones arquitectónicos o constructivos, una historia potente y singular, un hecho patrimonial.

Este cambio en la enunciación del campo de lo patrimonial permite no solamente el reconocimiento de sentidos colectivos de ciudadanía que no hemos sido capaces de ver; propicia asimismo la aparición de sujetos inesperados y la emergencia de nuevas agencias sociales que son claves para comprender desde otra mirada los procesos de ordenamiento territorial. La apuesta por incluir en el modelo del hoy suspendido POT de Bogotá una estructura integradora de patrimonios tiene que ver precisamente con entender que la cultura y el patrimonio son fuente de ordenamiento y que la planificación urbana, entendida como un ejercicio de arqueología de los distintos sentidos del habitar que han construido los colectivos sociales, debe superar el modelo basado en las necesidades para transitar a una lectura centrada en los valores.

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Es la agencia de estos sujetos sociales, antes invisibilizados por la mirada tradicional del campo de lo patrimonial la que ha permitido desclausurar la noción clásica del patrimonio. Fueron las comunidades campesinas de Usme quienes durante muchos años han defendido el impresionante hallazgo arqueológico ocurrido en el año 2007 en un predio de 30 hectáreas destinado a construir miles de viviendas para la localidad. Su reivindicación de los valores del lugar y su impulso para su declaratoria como área arqueológica protegida estuvo motivada por la certeza de que relacionarse con ese pasado desde las preguntas y preocupaciones del presente les permitiría defender su propio proyecto de vida, es decir, el modo de vida rural y sus saberes asociados, hoy amenazados por la expansión del borde urbano-rural de Bogotá.

¿Constituyen estas 30 hectáreas, bordeadas por una serie de cauces de agua que nacen el páramo de Sumapaz únicamente un patrimonio arqueológico? ¿Son acaso un patrimonio natural? ¿O representan un patrimonio inmaterial en el que convergen prácticas simbólicas y visiones del territorio asociadas a los modos de vida campesinos y a las reivindicaciones ancestralidad de las comunidades muisca hoy reconocidas en Bogotá?

Trabajar sobre la construcción de un parque arqueológico y de patrimonio cultural en Usme es entender que en el proceso estamos abordando un hecho patrimonial complejo, un ejemplo más de los patrimonios integrados, y que es trabajo de la institucionalidad tomar en cuenta las múltiples asignaciones de sentido que los distintos actores sociales le otorgan a este espacio en clave de sus proyectos vitales de presente.

Tal vez es tiempo de entender que es imposible apostar a una nueva ciudad sin reconocer los lugares que importan. Hay sectores en la ciudad, muchos más de los que pensamos, que a fin de cuentas nos quedaron bien hechos: el barrio San Luis, el Armenia, la Fragua, el Quiroga, la Magdalena, Ciudad Jardín, espacios que nos cuentan historias, lugares habitados, cargados de sentido y singularidad.

Es tiempo de pagar nuestras deudas, de reconocer nuestras heridas para reconciliarnos con los pasados y legados múltiples de Bogotá; ahí está, sólo para citar un ejemplo, ese “no lugar” del predio de los Columbarios del Cementerio Central en plena calle 26, vecino incómodo de los grandes panteones de los héroes y mártires de nuestra patria. El antiguo cementerio de pobres de Bogotá, que hoy que estamos en proceso de recuperar desde el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, nos confronta con esas historias que en ocasiones nos cuesta asumir como sociedad, las historias de los miles de personas de clase popular que allí se enterraron durante más de un siglo y cuyas memorias estuvieron por un tiempo destinadas a ser borradas con el proyecto de construcción de un parque recreativo.

De lo que se trata, en síntesis, es de completar los relatos, de abrir las perspectivas, de reconocer otros legados y validar la agencia de nuevos sujetos sociales. La ampliación del campo de lo patrimonial, es al final una apuesta por la profundización de la democracia y por la construcción de ciudadanías más diversas y plurales.

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