Opinión: Retrocesos en el derecho a la salud

La seguridad social o los “seguros sociales” son una creación reciente de la humanidad que data de comienzos del siglo XX con el nacimiento de la Organización Internacional del Trabajo. A partir de allí se establecieron en casi todo el mundo los seguros sociales para proteger al trabajador en caso de enfermarse, encargándose de pagar por él los servicios que requiriera. Anteriormente, debía hacerlo por su propia cuenta que por los elevados costos era casi siempre imposible que pudiese asumirlo.

El artículo 48 de la Constitución colombiana de 1991 definió la seguridad social como un “derecho irrenunciable” de todos los colombianos. Antes de esta, únicamente se beneficiaban al 25% de los ciudadanos que tenían un trabajo formal o lograban pagarla de sus bolsillos. El 75% restante, trabajadores informales y personas pobres, debían acudir a los hospitales públicos o a la caridad en entidades privadas para ser atendidos.

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Con la creación del Ministerio de Salud y los hospitales públicos, en 1953 nació el denominado “sector oficial” que se encargaría de atender a quienes no cubriría el seguro social. Esta labor se complementaría con instituciones privadas que costeaban parte de su operación mediante “auxilios” que les entregaba el gobierno. Con la Constitución de 1991, los hospitales públicos y privados derivarían sus ingresos de las atenciones prestadas, mientras que los pagos no atados a una contraprestación o auxilios fueron proscritos.

Al entrar en vigor la Ley 100 de 1993, todo colombiano tendría derecho a un monto per cápita de recursos o UPC destinado a cubrir el costo de sus servicios de salud. Esto hacía que la atención integral en salud pasara a ser un derecho ciudadano y una responsabilidad del seguro social, y ya no de los hospitales y el presupuesto estatal, entidades que se financiarían en función de las personas atendidas y no en sus costos de operación.

Existen servicios como las emergencias o ciertos servicios esenciales que se debe garantizar su disponibilidad, así nunca sean utilizados, en los que se justifica, sean financiados con base en sus costos y no en las atenciones. Financiar a las instituciones que prestan los servicios y no a los ciudadanos que los demandan es un retroceso y una contradicción con la Constitución de 1991. El derecho fundamental a la salud es del ciudadano, no de las instituciones que lo prestan ni de quienes las manejan.

La reforma a la salud del actual gobierno quiere eliminar el pago per cápita al que tiene derecho cada ciudadano para revivir el pago directo a los hospitales en función de cuanto gasten y no de cuantos pacientes atiendan, obligándolos a inscribirse en ellos como condición para ser atendidos. Esto busca cooptar a los trabajadores del sector para consolidar el control político del sector y sus recursos bajo la idea de convertir la salud en una cuestionable herramienta de lucha política. La percepción de los ciudadanos sobre la disponibilidad, calidad, y oportunidad del servicio ya no cuentan.

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El artículo 48 de la Constitución colombiana de 1991 definió la seguridad social como un “derecho irrenunciable” de todos los colombianos. Antes de esta, únicamente se beneficiaban al 25% de los ciudadanos que tenían un trabajo formal o lograban pagarla de sus bolsillos. El 75% restante, trabajadores informales y personas pobres, debían acudir a los hospitales públicos o a la caridad en entidades privadas para ser atendidos.

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Al entrar en vigor la Ley 100 de 1993, todo colombiano tendría derecho a un monto per cápita de recursos o UPC destinado a cubrir el costo de sus servicios de salud. Esto hacía que la atención integral en salud pasara a ser un derecho ciudadano y una responsabilidad del seguro social, y ya no de los hospitales y el presupuesto estatal, entidades que se financiarían en función de las personas atendidas y no en sus costos de operación.

Existen servicios como las emergencias o ciertos servicios esenciales que se debe garantizar su disponibilidad, así nunca sean utilizados, en los que se justifica, sean financiados con base en sus costos y no en las atenciones. Financiar a las instituciones que prestan los servicios y no a los ciudadanos que los demandan es un retroceso y una contradicción con la Constitución de 1991. El derecho fundamental a la salud es del ciudadano, no de las instituciones que lo prestan ni de quienes las manejan.

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