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La integración vertical en salud, esto es cuando los aseguradores EPS pretenden controlar directamente haciéndose dueños de los prestadores de servicios, vuelve a ser objeto de controversia con la reforma de salud que propone prohibirla totalmente a pesar de que ya se encontraba limitada al 30%.
Esta es una estrategia empresarial en la que una firma expande sus operaciones al adquirir o controlar directamente las actividades relacionadas con su cadena de valor, ya sea hacia atrás (hacia los proveedores) o hacia adelante (hacia los clientes). Consiste en consolidar varias etapas del proceso de producción o distribución bajo la propiedad o control en una sola empresa o grupo empresarial, práctica común a nivel mundial.
Algunos de sus beneficios incluyen un mayor control sobre la cadena de suministros, reducción de costos, mejora en la eficiencia operativa, proporciona acceso a información estratégica que enriquece la planificación, así como un aumento en la capacidad para influir sobre el mercado sobre todo cuando es insuficiente.
También facilita producir con mayor calidad y consistencia al tener un control directo sobre todo el proceso de producción, lo que podría redundar en una mayor satisfacción del usuario. Sin embargo, también puede tener riesgos y desafíos, como son la pérdida de flexibilidad, la complejidad en la gestión de diversas operaciones, posibles conflictos de interés y la necesidad de realizar inversiones significativas.
Para oponerse a ella en nuestro medio se han esgrimido razones como que afecta la calidad de los servicios lo que no está sustentado científicamente. Un nuevo argumento ha surgido en la discusión de la reforma de salud al considerarla una forma de corrupción por que conduce a “la transferencia de utilidades entre las empresas integradas”. Este último argumento se cae de su propio peso, porque precisamente ese es su objetivo: mejorar la eficiencia, la calidad y el control de costos en las empresas que integran la cadena de valor.
Quienes han promovido esta prohibición han sido principalmente los prestadores de servicios y también algunos políticos para quienes la integración vertical representa una amenaza sobre el control de los ingresos y utilidades. Piensan que tienen un derecho natural de propiedad sobre la prestación de los servicios al argumentar que, de acuerdo con los principios éticos históricos del ejercicio profesional y por ser un servicio público, no debería existir ninguna interferencia en la relación entre el médico y su paciente ni ningún manejo empresarial, y en cambio recibir un pago directo del Estado.
Al pretender prohibir completamente la integración vertical entre EPS y prestadores, priman intereses particulares por sobre el interés general. Hacerlo sin una discusión técnica informada en la que, aunque hay intereses legítimos de los prestadores, no se pueden sacrificar la búsqueda de una mayor eficiencia, calidad y disponibilidad de los servicios máxime cuando estos son insuficientes, que es lo que al final debería primar, y sin lo cual el sistema arriesga a retroceder en su cobertura, y a no ser sostenible financiera ni socialmente.