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Comienzan a aparecer nubarrones de que se está incubando una crisis de grandes proporciones en salud, similar a la vivida en Bogotá, cuando también se intentó volver público el sistema de recolección de basuras, experimento que fracasó y que rápidamente tuvieron que echar para atrás al poner en riesgo la salud de los bogotanos.
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Esta reflexión no pretende desconocer el derecho de los gobiernos a hacerle cambios al sector que sin duda son necesarios. Solo llamar la atención sobre las graves consecuencias que le podrían causar a la salud de la gente, la improvisada reforma y la forma destructiva y camorrera como este Gobierno la adelanta.
Se ha denunciado recientemente la escasez de más de cien medicamentos esenciales en el tratamiento de pacientes complejos, a lo que funcionarios del gobierno de forma apresurada, imprudente y sin ningún sustento han salido a señalar a las EPS como sus responsables o a negar el problema.
Es innegable que esto está sucediendo, en algunos casos, los menos, por la insuficiencia de materias primas a nivel mundial y por algunos sobrecostos en la cadena logística de producción y distribución.
Su origen recaería más en la incertidumbre que ha generado el Gobierno con su reforma y la manera como la adelanta. La alimenta su notoria animadversión porque este sector lo manejen entidades privadas a las que pretende eliminar o en el mejor de los casos, quitarles por completo el manejo de los recursos.
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Contribuye también la intención de regular los precios de los servicios y medicamentos, como lo que han propuesto con los servicios públicos. Se suman las reiteradas declaraciones de la ministra de que el sistema “está quebrado”, que las abultadas deudas están “fuera de control” del Gobierno, dando a entender que si se liquidan las EPS, como efectivamente lo expresan, esa plata se perdería y nadie respondería por ella.
Es la tormenta perfecta, en la que es apenas lógico que quienes le venden servicios y medicamentos a las EPS quieran protegerse, reduciendo la posible pérdida, racionando los servicios o prefiriendo vendérselos al sector privado no regulado en sus precios, y que los pacientes traten de aprovisionarse disparando el consumo como efectivamente ha sucedido.
Esta situación empeorará en la medida que alarguen la discusión sin ninguna solución, y que funcionarios del Gobierno le sigan subiendo el tono a sus declaraciones, hundiendo el barco en el que hoy navega la salud sin tener listo y ni siquiera saber cuál será su reemplazo. Esta actitud daña el servicio, arriesga la atención de todos los ciudadanos y paradójicamente les hunde su reforma.
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Tienen todo el derecho a proponer reformas, pero debe primar la cordura que comienza por acabar la guerra verbal a la que a diario acuden el presidente, su ministra de salud, altos funcionarios y congresistas de su partido deslegitimando el modelo vigente. La estrategia de arrasar con todo es imprudente y solo logra alimentar la desconfianza que causará daños irreparables al sistema de salud que se pagarán con vidas humanas.