Tres semanas después de la inauguración del nuevo gobierno nacional, el Presidente de la República y la Alcaldesa Mayor de Bogotá sostuvieron una cumbre con el objetivo de definir una agenda común de trabajo en seguridad relacionada con tres frentes específicos: vigilancia, lucha contra el crimen y mejoramiento del contexto de ciudad.
Los mandatarios anunciaron el refuerzo de capacidades y del personal de seguridad y justicia, así como una nueva visión para el debilitamiento del multicrimen y una mayor protección a los bogotanos, basada en el control de corredores de movilidad y de áreas de alta concentración ciudadana.
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Para eso se definió la asignación de 3.000 policías adicionales en dos años, una unidad especializada contra el narcotráfico, más capacidades carcelarias, así como el aumento de agentes de inteligencia, investigadores criminales y operadores judiciales. Para mejorar el contexto de ciudad se anunciaron programas dirigidos a mujeres, jóvenes, mejoramiento urbano y el sistema de cuidado.
Lo anunciado exige un esfuerzo financiero, logístico y operacional intensivo e inmediato para obtener resultados en el mediano plazo. Por tal razón, llama la atención que apenas quince días después el Ministro de Defensa Nacional renunciara 800 mil millones de pesos a programas en otros sectores del gobierno nacional.
En la gestión de la seguridad la asignación de recursos es la garantía de la voluntad gubernamental de proteger a los ciudadanos y velar por el imperio de la ley. También es la prueba estructural de la estrategia de seguridad, que exige sincronía entre planes, presupuestos y metas para no fracasar.
La programación de un presupuesto menor impacta directamente las promesas realizadas por Petro a López, dado que cumplir la cuota de personal policial, de material y equipos para las operaciones de vigilancia, investigación y desmantelamiento del crimen comprometidas necesita de más recursos de los que tiene hoy asignados.
Todo el país está pidiendo refuerzos policiales contra la criminalidad y no ha empezado la ejecución de la “Paz Total” que, en sano juicio, demandaría una cantidad robusta de policías para brindar garantías de seguridad en cada zona donde se estén llevando a cabo diálogos. Esto impone retos considerables a la disponibilidad de pie de fuerza para las ciudades.
En un contexto en el que aumentan los desafíos de seguridad, se desgastan las capacidades operacionales y se fragmenta la institucionalidad, la reducción del presupuesto de MinDefensa pone en riesgo el cumplimiento de las promesas de apoyo a la seguridad en Bogotá.
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La decisión de ceder presupuestos tampoco consulta los efectos de las transformaciones sectoriales. Ejemplo de esto es la desaparición del servicio militar obligatorio. Solo en Bogotá, esto significará la perdida de al menos 1.000 auxiliares. Sin presupuestos ni reclutamiento, la probabilidad de que empezando el 2023 la ciudad tenga menos policías, contrario a lo prometido, es muy alta.
Frente a estas preocupaciones, siempre se contraponen reclamos sobre las ineficiencias en el gasto y la corrupción como factores que hacen que 48,3 billones de pesos de presupuesto para MinDefensa no sean suficientes.
No obstante, pocos saben que dicho presupuesto es tremendamente rígido. Más del 80% de la asignación del sector defensa y seguridad está comprometida antes de que inicie su ejecución y lo restante sirve para cumplir la misión y hacer inversiones limitadas que no alcanzan a garantizar el reemplazo efectivo de capacidades desgastadas.
Por lo tanto, si bien transparencia y eficiencia mejoran el aprovechamiento del presupuesto, no son una fuente adicional de recursos que resuelva el problema de financiación. Ceder presupuesto es aumentar la probabilidad de no cumplir la misión constitucional.
Dado que la alcaldía se subordinó a la agenda de seguridad del nuevo gobierno, debe estar atenta al impacto de estas decisiones en el plan acordado. Los desajustes que causen la renuncia a los 800 mil millones en la generación y asignación de capacidades pueden hacer que nada de lo prometido para la seguridad de Bogotá se cumpla. Incluso que a la ciudad se le disminuyan capacidades de seguridad.
Atender este desafío obliga a la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia a crear un tablero de seguimiento y control de acceso público al cumplimiento de los compromisos nacionales con la ciudad, en el cual también se detalle el impacto del retraso en el cumplimiento de los compromisos.
También enfrenta a la Alcaldesa a la necesidad de impulsar la discusión nacional y local sobre normas que les permitan a las ciudades como Bogotá generar capacidades de seguridad con su presupuesto, incluido pie de fuerza, sin afectar estándares y mando unificado, con una garantía de asignación nacional de capacidades permanentes.
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Finalmente, el Concejo de Bogotá tiene un rol clave como veedor del cumplimiento de los compromisos nacionales, de la mano de sus organizaciones partidistas, y como promotor de la creación de normas que habiliten la generación y sostenimiento de capacidades locales.
Las instituciones de Bogotá deben hacer seguimiento permanente a los compromisos del gobierno nacional y prender alarmas públicas ante su incumplimiento. De no hacerlo, corren alto riesgo de ser los únicos responsables de haber recibido un cheque sin fondos para la seguridad de la ciudad.
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