Opinión: Sí a que Bogotá y la sabana se ordenen en torno al agua

La explotación de canteras y el uso de maquinaria para esta actividad minera, amenazan con la destrucción de esta laguna.

Foto: Óscar Pérez

Hace más o menos un año, el alcalde de Bogotá nos sorprendió con un racionamiento de agua por la sequía de los embalses que abastecen la ciudad. Ahora, hemos visto cómo el alcalde se ha posicionado en contra de una propuesta de resolución para ordenar la Sabana alrededor del agua, esto es, transitar de un ordenamiento basado en el mercado a uno basado en la protección y reproducción de la vida. Las dudas razonables o las sugerencias de mejora existen y, como ha dicho la exministra de Ambiente Susana Muhammad, la resolución puede ajustarse y los tiempos son flexibles. Sin embargo, el problema no son las dudas razonables, sino la oposición feroz a una reglamentación necesaria, así como una visión utilitarista y fragmentada del agua, y del papel que las ciudades y los ecosistemas podrían asumir en la crisis climática.

Sobre la resolución, algunas claridades. Como han mencionado sus artífices, la propuesta de resolución obedece a la reglamentación del artículo 61 de la Ley 99 de 1993. Este artículo establece, entre otras cosas, que la Sabana, con sus múltiples ecosistemas, es de interés ecológico nacional y que su uso prioritario es agropecuario y forestal. Por lo que vale la pena insistir en dos claves para su lectura: la primera, es que no esta no tendría efecto retroactivo, pues establece lineamientos hacia el futuro, y la segunda, es que no prohíbe la intervención urbana sino los criterios para hacerla con cuidado. Si esto no es claro para todos los actores, la resolución debería incorporarlo con claridad.

Es un hecho que Bogotá se ha ido expandiendo hacia la Sabana, tanto por la construcción de viviendas como por la creación de zonas industriales y asentamientos informales. Esta expansión urbana provoca múltiples efectos negativos en los ecosistemas que depreda, como la reducción de la capacidad de absorción de los humedales por obras (que ocasionó en gran parte las inundaciones en la Autopista Norte a finales del año pasado) o el desplazamiento de la población campesina de la Sabana a Bogotá, cuyos suelos se han empobrecido debido al uso inadecuado. Incluso, el aumento de temperatura de la Sabana ha ocasionado desplazamientos de otras especies como las aves.

Por eso, el ordenamiento urbano en torno al agua, en medio de una crisis climática que amenaza con transformar radicalmente nuestras vidas y la de las demás especies, es un ‘no negociable’. Esta es la discusión de fondo que está en juego con la resolución. Las conversaciones con entidades territoriales deben partir de los principios de planificación ambiental estatal, sostenibilidad y planificación ambiental regional, que son obligaciones del Estado. Sí, hay que hacer vías y garantizar el derecho humano a la vivienda; también, hay que garantizar la supervivencia de los ecosistemas de la Sabana, de los que dependemos, por ejemplo, para tener agua. En ese sentido, lo que necesitamos ahora son líderes y lideresas que puedan considerar el problema de forma holística y conectada.

Sin embargo, los opositores a la resolución han orientado la discusión con muy poca sensibilidad frente al agua y la crisis climática. Como pescando en río revuelto, se dijo incluso que el problema hídrico en Bogotá se debe mayormente a la paralización de Chingaza II. Sin embargo, como sabemos, los embalses dependen en su mayoría de las lluvias y los ecosistemas aledaños para llenarse. En ese sentido, la construcción de una estructura enorme de cemento en medio de un páramo en el que no está lloviendo lo suficiente, y que se afectaría considerablemente con dicha construcción, no parece una solución confiable a largo plazo. Pensemos entonces en cualquier alternativa que implique aumentar la capacidad de almacenamiento de los embalses, ¿qué se espera que almacenemos si se agota el agua en esas zonas? Es muy buen negocio usar el argumento del desabastecimiento para proponer la construcción o ampliación de más embalses, pero eso no resolverá el problema.

Adicionalmente, como los ciclos de lluvia se han alterado por la crisis climática, nos enfrentamos a fenómenos meteorológicos extremos que oscilan entre sequías e inundaciones intensas. Esto no surge de la nada: la ciencia ha demostrado que las prácticas extractivas juegan un papel clave en la crisis. Así que una estructura de cemento como Chingaza II para extraer agua de la ya explotada cuenca del orinoco afectaría aún más el ecosistema del que dependemos. Un dilema similar surge para la Sabana con propuestas como la de aprovechar más el río Neusa, aunque este siga amenazado por la minería de gravilla. En últimas, como Bogotá no está aislada y la crisis climática no obedece fronteras, se requiere previsión y una buena planificación ambiental que contemple cómo el territorio realmente está conectado, y cómo las personas estamos conectadas a él.

Asimismo, la explotación y la urbanización para potenciar el crecimiento económico no puede seguir siendo la piedra angular del desarrollo. Estamos afrontando las consecuencias de guiarnos por esas lógicas. Por eso no deja de preocupar que la campaña para la alcaldía de Bogotá haya sido mayormente financiada por privados y en particular por constructoras. Mientras tanto seguimos en la inercia institucional y mediática que se limita a plantear una guerra de egos y que evita preguntas de gran importancia: ¿cómo podemos transitar de una visión en la que almacenamos el agua para consumo a una en la que no solo nos beneficiamos de ella sino que correspondemos a su cuidado y a su ciclo? ¿Qué hacemos para garantizar la existencia de los ecosistemas y los derechos a la vivienda y al agua mientras ocurren migraciones masivas a las ciudades? ¿Cómo planeamos para priorizar nuestra supervivencia sobre el volteo de tierras y el negocio de la expansión urbana?

Ahora, si bien hemos visto al alcalde en debates internacionales hablando sobre la crisis climática, el verdadero reto es aterrizar esa discusión a lo local y, además, hacerlo con un enfoque que entienda la complejidad, que le apueste a la regeneración, a la coexistencia y al cuidado, y que busque justicia ambiental, para que las personas y las especies más vulnerables no sean las que asuman la mayor parte de las cargas de las decisiones. Un primer paso para aterrizar el diálogo es este proyecto de resolución, incluso con todas las incomodidades que causa y con las sugerencias de ajustes que podrían hacerse. Bogotá debe comenzar a tomar decisiones estructurales frente a la crisis hídrica. Como dice Sapana Doshi: necesitamos una apuesta urbana y política que responda al despojo que viven los cuerpos de agua, los cuerpos humanos y de otras especies.

PD: En lo comunitario hay ejemplos de aplicación de estos enfoques a la hora de buscar alternativas reales y a largo plazo, como distintos procesos colectivos han señalado: por ejemplo, la defensa de la Serranía del Zuque en San Cristóbal ante un corredor turístico para el que se han empleado materiales prohibidos en zonas de reserva forestal, como el cemento; la manifestación contra el avance de obras en zonas de humedales en Bogotá, declarados o no declarados; o las apuestas por transformar la cultura de la contaminación de las fuentes hídricas por el Estado nacional y local, las industrias y las personas. Como dice la profe Diana Ojeda: las alternativas existen.

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