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La edición No. 3406 de julio 31 de 2022 de los Anales del Concejo, contiene el Proyecto de Acuerdo No. 409 de 2022, “Por medio del cual se dictan medidas para aumentar el recaudo y disminuir la evasión del pago del pasaje en el Sistema Transmilenio”.
El articulado propuesto, sin mayores novedades, plantea incentivar las medidas pedagógicas como solución a la evasión, pero la exposición de motivos sí que resulta relevante, porque pone de presente la grave crisis que enfrenta el Sistema de Transporte Público Masivo de autobuses tipo BRT (llamados así por sus siglas en inglés de Bus Rapid Transit) en la Ciudad Capital.
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El decreto 309 de 2009 adoptó el Sistema Integrado de Transporte Público -SITP- como sistema de transporte público distrital, previendo la integración de los diferentes modos de transporte público. Hoy, el sistema de buses está compuesto por las líneas troncales (buses rojos), alimentadoras (buses verdes), zonales (buses azules), zonales con tecnología limpia (amarillos), y complementarias (buses naranja).
La evasión se calcula, conservadoramente, en más del 15%. Pero, según voces autorizadas consultadas, es del orden del 30%. En Nueva York, París, Londres y Santiago de Chile, dice el proyecto, “cabía decir que entre el 3% y el 6% de los usuarios evaden el pago de la tarifa de transporte”.
Se estima que, anualmente, se están dejando de percibir cerca de 500.000 mil millones de pesos (datos para líneas troncales). A esta cifra, habrá que sumarle el valor que se origina en las demás líneas del sistema; el causado por la pandemia, que implicó inmovilizar más del 30% de la flota con la respectiva disminución de los ingresos de los concesionarios; el producido por las protestas y vandalismo de la primera línea, que se agravó por la falta de operación del Portal de Las Américas, por más de 30 días; el generado por la disminución de la demanda de pasajeros, en cerca del 33%, por causa del trabajo en casa, la utilización de motos y bicicletas, como medio de transporte alternativo; y, también, el valor que resulta por la situación en Ucrania (desabastecimiento de acero, urea, hollín y microchips) que afecta la llegada de nuevos buses y el stand by de la flota. No puede, tampoco, dejarse de lado, el significativo impacto de la variación en la tasa de cambio y el aumento de la DTF.
Todo esto, afecta y tiene consecuencias económicas en la relación contractual de Transmilenio S.A. y sus concesionarios, que podrá terminar en multimillonarios conflictos judiciales, poniendo, además, en grave e inminente riesgo la sostenibilidad y calidad del sistema. En mayo de 2019, el distrito debió equilibrar los contratos con seis de los nueve concesionarios -que aún subsisten-, quienes fueran adjudicatarios de las trece zonas en 2010. Ajustes que, frente a los nuevos hechos, resultan ampliamente desbordados.
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Es prioritario, que de cara al nuevo Plan Nacional de Desarrollo y reforma tributaria, los gobiernos nacional y distrital, acuerden incluir soluciones de fondo a la mayúscula crisis del sistema en Bogotá y, claro, de los sistemas de las otras ciudades del país. Los sistemas tipo BRT, en todo el mundo, son subsidiados de manera importante por el Estado, para garantizar su sostenibilidad y fácil acceso a quienes más los requiere.
Llegó la hora de debatir y decidir, si lo que se necesita -yo creo que sí- es procurar una mayor focalización de recursos del erario nacional y distrital (territorial), para subsidiar en mayor medida a los usuarios de este servicio público esencial, que contribuye de manera efectiva al mejoramiento de la calidad de vida y la productividad de todos los habitantes.
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