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La reacomodación y fortalecimiento a partir de 2016 de organizaciones terroristas históricas como el ELN, disidencias y reincidencias de las FARC, así como de bandas criminales de todas las layas, han conducido al país a un nuevo escenario de negociación que conlleva a un aumento en los riesgos de seguridad para los ciudadanos.
La naturaleza y magnitud de las organizaciones armadas ilegales y criminales en Colombia han dado al terrorismo un valor considerable a la hora de debilitar la moral ciudadana y confianza institucional cuando están en desventaja, pero también para fortalecerse antes o durante un proceso de negociación con las instituciones para sacar ventaja.
Siendo así, el mal diseño de la nueva temporada de negociaciones con ilegales –la séptima desde 1994–, sumado a la feria de incentivos que esta ofrece para la ampliación del control territorial ilegal y la búsqueda de una paz armada que les otorgue el control social y económico de las comunidades, incrementa el riesgo de terrorismo en las ciudades.
Así lo confirma el pronunciamiento realizado por el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá –MEBOG–, Brigadier General Carlos Triana, quien informó tener conocimiento de planes del ELN para la ejecución de planes terroristas en varias ciudades del país en paralelo con las conversaciones que sostiene con el gobierno nacional en el marco de la “Paz Total”.
El general señaló que la unidad está en “máxima alerta” respecto a las operaciones y la protección de instalaciones.
No podría ser diferente con los antecedentes del carro bomba en la Escuela General Santander, que dejó como saldo la masacre de 23 cadetes y heridas a 87 policiales, o los ataques a la Estación de Sierra Morena y el CAI de Arborizadora Alta en Ciudad Bolívar un año atrás, en el que fueron asesinados Ivana Salomé Rangel (5 años) y Daniel Duque (12 años).
Parece que el riesgo no solo lo ha identificado la MEBOG. El recién posesionado Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, Mayor General Óscar Gómez Heredia, presentó a la ciudad el viernes pasado una nueva etapa de ocupaciones nocturnas de policías, militares y servicios sociales en 3 nodos críticos de seguridad de la ciudad: Los Mártires, Santa Fe y Ciudad Bolívar.
Aunque estas intervenciones no son nuevas en el gobierno de Claudia López, el Secretario de Seguridad indicó que estas se sostendrán en el tiempo y buscan ocupar el espacio público de día y de noche.
Estas acciones y el contexto de riesgo observado por el general Triana se conectan cuando se observan las características de los territorios priorizados: antecedentes de terrorismo, circuitos logísticos criminales, espacios de inteligencia y planeación terrorista, así como territorios sin control para la evasión y el escape.
Frente a este escenario, una recomendación lógica sería que el gobierno nacional exigiera al ELN no cometer actos terroristas ni ataques a civiles, so pena de levantar el espacio de conversaciones y una eventual negociación. Sin embargo, en este momento de la nación la seguridad y la paz no están asistidas por la lógica.
El propio Comisionado para la Paz ha expresado que este gobierno no tiene líneas rojas en el acercamiento con terroristas y criminales, tan solo líneas verdes que se construyen sobre principios de buena voluntad y confianza.
Dado lo anterior, el reto de proteger a los ciudadanos recae en autoridades civiles, policiales y militares locales, quienes en asociación con los ciudadanos deben desarrollar estrategias preventivas para cerrar espacios físicos y sociales al terrorismo, así como para disminuir las vulnerabilidades que generan la oportunidad para los ataques asesinos disfrazados de acción política.
Desde 2003 la ciudad ha sufrido más de 250 actos terroristas, mientras líderes y opinadores subestiman el riesgo, basados en pronunciamientos de terroristas que enmascaran sus intenciones o apegados en una esperanza vacua de que estas organizaciones hayan decidido poner los derechos humanos por encima del terror.
Dado que la evidencia demuestra lo contrario, la ciudad debe responder activamente a la alerta policial, más aún con la liberación de alias “Violeta Arango” –que ya puso una bomba en Bogotá–, la posible liberación del terrorista alias “John Mechas” y la doctrina del Comando Central del ELN sobre el terrorismo como un acto legítimo.
En tal sentido, la Secretaria de Seguridad, la MEBOG y las FF.MM. deben hacer un análisis urgente de vulnerabilidades de sus infraestructuras, nodos de riesgo primario. No son pocas las instalaciones con estados ruinosos de su seguridad perimetral que ofrecen riesgo a la Fuerza Pública y los vecindarios que los rodean.
También el riesgo se incrementa sobre infraestructuras e instalaciones que pueden ser atacadas para reforzar símbolos o narrativas de confrontación. El sistema de transporte masivo, frentes de obra -Metro de Bogotá el más suculento-, el Aeropuerto o el sistema eléctrico pueden ser instrumentalizados por el terrorismo para hacer política.
El gran reto para las autoridades locales es sortear este contexto sin generar pánico ni restringir el ya mínimo disfrute de la ciudad para los ciudadanos. Un desafío que solo se logra con conciencia, coordinación y cooperación ciudadana.
No exagera el general Triana al prender las alertas. Es deber de todos responder a su llamado para protegernos y demostrarle a los terroristas que no estamos dispuestos a someternos a su violencia y control social.
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